Abanico
En la medida que se cierra el plazo para que ciudadanos de 14 entidades del país vayan a las urnas, en ese margen se acrecentarán las denuncias contra funcionarios públicos por el uso electorero de recursos públicos y programas sociales, o de plano buscarle errores al gabinete presidencial para descalificar al PRI y sus candidatos. Es el cuento de nunca acabar.
¿Era necesario replantear el Pacto por México con el agregado que acota y sanciona que éste y sus proyecciones legislativas y sociales sean usados con fines electorales, trátese de quien se trate? Es, indudable, fue una decisión mediática que, pese a todo, no satisfizo las demandas de Gustavo Enrique Madero, e incluso dio pie para que Jesús Zambrano Grijalva bromeara con una desliz verbal que a César Camacho Quiroz ubicó en el liderazgo del PAN.
Fue la admisión de que los políticos no tienen palabra y, para obligarlos a cumplirla, es menester torcerles el brazo, denunciarlos y prácticamente llevarlos a escena para que prometan portarse bien y que sus operadores oficiales y oficiosos dejen de andarse con iniciativas personales en el ánimo de ganar elecciones.
Lo de Veracruz, el escándalo que dio pie precisamente a que este esquema de compromisos del Pacto por México se ajustara con un agregado-compromiso de no incurrir en chapuzas electorales, fue consecuencia de una venganza personal, un ajuste de cuentas de una ex regidora contra que el secretario de Finanzas del gobierno veracruzano, Salvador Manzur Díaz, maltrató cuando fue diputado federal y luego alcalde de Boca del Río.
Por supuesto que en conflictos de esta naturaleza no caerá ningún alto funcionario. Vaya, el gobernador Javier Duarte y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, no renunciarán a sus cargos sólo porque el dirigente panista, Gustavo Enrique Madero, se empecina en que esa demanda proceda, aunque ya volvió al redil del Pacto.
Difícil, por no decir: imposible, que el presidente Enrique Peña Nieto cediera a las presiones panistas acompañadas de las perredistas y de la izquierda sumada, para despedir a Robles Berlanga del gabinete. Menos que el gobernador Duarte pidiera licencia para separarse del cargo y enfrentar la denuncia interpuesta en su contra ante la Procuraduría General de la República.
El despido de Manzur Díaz, por ende, se instala en el esquema de los chivos expiatorios, aunque el joven político difícilmente superará las consecuencias de este escándalo que, por lo pronto, lo sacó de la temprana carrera por la sucesión de Duarte en el Palacio de Gobierno en Xalapa.
Y así vendrán otros. Hay un buen número de incondicionales de todos colores y siglas dispuestos al sacrificio en el momento que sus jefes o las cabezas operativas de las campañas electorales sean pillados in fraganti. Total, el delito no es grave.
La otra vertiente del proceso electoral se endereza contra funcionarios públicos que, sin involucrarse necesariamente en asuntos de campaña son blanco fácil para el escándalo y desprestigio que impacta al partido, en este caso el PRI que es gobierno federal y ente sensible de encontrarle un error de cálculo administrativo, o hasta del modo de andar.
Ahí tiene usted el caso del procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, cuya hija, Andrea, desperdició a extraordinaria oportunidad de quedarse callada y no aparecer como hija de papi, en el desplante de influyente que ya fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública, pero en la persona de un subprocurador, dos directores de área y un jefe de departamento.
¿Fue un exceso? Apenas elemental porque los funcionarios procedieron de bote pronto y más oficiosos consideraron que le hacían un favor a su jefe, Benítez Treviño, si atendían el requerimiento de la niña bien. Humberto es responsable como padre consentidor. Pero no debe perderse de vista que su caso fue utilizado por la oposición perredista para demandar su renuncia y, con ello, golpear al PRI. Lo dicho, en el amor, la guerra y la política todo se vale. Hasta echar por delante a los chivos expiatorios. Digo.
QMX/msl