ENTRESEMANA: Amnesia y transparencia legislativa

El debate respecto de la transparencia y democracia sindical, como factor de desencuentros entre las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, tiene condimentos de amnesia legislativa, por usar un eufemismo, que se remonta a la discusión habida durante el primer periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados.

Algunos de los diputados federales de aquella legislatura en la que se aprobó, el miércoles 24 de abril de 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y creó al actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy son senadores o repiten en el cargo en San Lázaro. Por ejemplo, Miguel Barbosa Huerta.

Cosas del destino, uno de aquellos diputados, Felipe Calderón, vísperas de entregar el máximo cargo de elección popular,  es autor de la iniciativa preferente con la que se estrena la reforma política, es decir, la reforma laboral que ha puesto, como hace diez años, nuevamente a discusión la transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos. Los partidos continúan, ¡y cómo no!, en la burbuja de la opacidad, salvo por aquella obligada rendición de cuentas requerida por el Instituto Federal Electoral.

Además, fue por iniciativa de Vicente Fox Quesada, apresurado por la declaración del Grupo Oaxaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública fue dictaminada en la Cámara de Diputados.

Beatriz Elena Paredes Rangel y Diego Fernández de Cevallos, entonces presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, firmaron junto con Santiago Creel, a la sazón secretario de Gobernación, y Vicente Fox, Presidente, el Decreto que se significó como una llave para abrir la caja de Pandora de la información pública gubernamental, pero mantuvo hermética la de los sindicatos.

En el debate de aquellos días y específicamente en el del miércoles 24 de abril de 2002, hubo respaldo mayoritario del pleno hacia el dictamen, impulsado por supuesto por el PAN y votado en la Comisión de Gobernación que entonces presidía Armando Salinas Torres, ex secretario particular del efímero procurador General de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, el brazo panista usado por Ernesto Zedillo para cobrar facturas a su antecesor Carlos Salinas de Gortari.

En fin, más allá de lo anecdótico, en la ruta de la aprobación mayoritaria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la discusión se centró en torno de la adición de un párrafo en el artículo sexto constitucional, relativo a incluir a los sindicatos como sujetos obligados a hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Sólo como un punto de referencia de quiénes finalmente aceptaron que la ley pasara sin tocar a los sindicatos, estuvieron integrantes de la bancada del PRD; incluso del membrete conocido como Partido de la Sociedad Nacionalista, propiedad de la familia Riojas Santana que luego perdió el registro y desapareció sin rendir cuentas de las millonarias prerrogativas que le otorgó el IFE.

En aquellos días, desde Felipe Calderón como coordinador de la bancada del partido en el poder, y hasta Martí Batres Guadarrama que lo fue de los diputados federales del PRD, sin soslayar a la responsabilidad de Beatriz Elena Paredes Rangel, echaron por la borda la posibilidad de transparentar plenamente el ejercicio democrático y financiero de partidos políticos y sindicatos.

Diez años después, las mismas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión asumen la amnesia legislativa y discrepan respecto del tema que atora, en esencia, la aprobación de la reforma laboral. Transparentar o transar transparencia y dejar que corra el tiempo y abone nuevamente en los espacios de la impunidad, es una consideración del ciclo histórico del quehacer legislativo.

Tal vez para evitar nuevamente el papelazo y asumirse defensores de la transparencia, es que los integrantes de la bancada perredista proponen transparentar el uso de recursos públicos en los sindicatos, partidos políticos y hasta los grupos parlamentarios, como un acto de contrición. Algo que no hicieron en su momento, pese a contar con todos los elementos legislativos.

Hoy, Fernando Belaunzarán y Miguel Alonso Raya, éste vicecoordinador de la fracción del PRD, sostienen la misma tesis que fue materia de discusión hace una década, en términos de que “ni sindicatos, partidos políticos, grupos parlamentarios ni nadie puede poner pretextos para no rendir cuentas de fondos sindicales, y mucho menos cuando se trate de recursos públicos”.

Hace diez años, los perredistas sumaron su voto a la de priistas, panistas, petistas, ecologistas y del PSD y PSN. Abonaron a favor de la opacidad que hoy es moneda de cambio en la discusión de la reforma laboral.

Belaunzarán repitió lo que en marzo-abril de 2002 se discutió y quedó en la retórica. En un acto de amnesia legislativa propone reformar a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental porque, aduce, “el derecho constitucional de acceso a la información y a la transparencia consagrado en el artículo 6 aún no ha sido plasmado plenamente en la legislación secundaria y subyacen nichos de opacidad en algunas entidades que reciben recursos públicos”.

No hay tiempo para procesar la iniciativa del diputado perredista, porque ni siquiera se han instalado las comisiones dictaminadoras en San Lázaro. ¿Será que el PRD busca abrir una ruta de escape porque en la discusión en el Senado no prosperará, ¡otra vez!, la intención de meter en cintura a los sindicatos y a sus poderosos líderes, pero los de verdad? Digo.

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QMX/msl