ENTRESEMANA: Derechos humanos

El lunes 10 de junio se cumplen dos años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Este jueves 6 se conmemoró el vigésimo tercer aniversario de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mientras, en la Cámara de Diputados dormita el dictamen de reforma constitucional en materia de acceso a la información, tendente ésta a ampliar facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y ampliar el espectro de entes obligados a transparentar su información, subrayadamente sindicatos y partidos políticos.

Derechos humanos y acceso a la información, son conquistas obtenidas merced al imperativo de una sociedad mexicana cada día más politizada, informada y demandante de garantías frente al poder político y económico, entendiéndose éste más allá del gobierno federal, porque el abanico de obligaciones y responsabilidades trasciende a un secretario de despacho, un funcionario de medio pelo, al policía, el diputado, el senador o el alcalde que se asumen autoridad máxima con impunidad para pasar por encima de los derechos humanos del ciudadano común.

Han transcurrido 23 años de la creación de la CNDH, pero la violación a los derechos humanos no se ha extirpado en México. Quizá sea un exceso considerar imposible generalizar la cultura del respeto a los derechos humanos, mas es una realidad. Los escándalos de políticos y sus familiares, de empresarios o gente adinerada o ciudadanos prepotentes que golpean al conserje del edificio, al cuidador de autos o maltratan a la secretaria, el ayudante, al policía de vía pública, a la vendedora ambulante, evidencian la incultura imperante en este rubro.

Pero, igual los supuestos violentados en sus derechos suelen escudarse en la invocación del respeto a los suyos cuando han violado los de sus supuestos agresores. Un limpiaparabrisas que agrede a la señora automovilista porque ésta se niega a que le llenen de jabón el parabrisas de su auto, es una violación a los derechos humanos, aunque el supuesto desposeído se asuma agredido.

Impunidad en las prisiones, impunidad en la comisión de delitos. Impunidad en la afectación de derechos humanos de quienes desconocen cuáles son éstos. El ladrón que acusa al policía que lo detuvo de haberlo agredido; y el jenízaro se va al bote porque su jefe, otro violador de derechos humanos, se alza el cuello justiciero por aplicar la ley, supuestamente.

El derechohabiente de servicios de salud que exige atención pese a que delante de él hay otros que requieren con mayor urgencia la atención, también viola los derechos humanos de sus pares y, de paso, fastidia la vida de un médico, un empleado, un prestador de servicio que cumple con su tarea. Aunque también del otro lado se cuecen habas.

Mire usted. En la ceremonia en la que se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Hotel Camino Real, precisamente para emprender una cruzada de capacitación de servidores públicos en esta materia, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que un gran número de mexicanos no puede disfrutar con plenitud los derechos consagrados en la Constitución.

Incluso, en entrevista, informó que junto con la Procuraduría General de la República se investiga a los más de dos mil servidores públicos que estarían involucrados en casos de  desapariciones forzadas, de acuerdo con la denuncia del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.

“No tenemos nada que ocultar; vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias”, garantizó el secretario de Gobernación. Y se le concede el beneficio de la duda, aunque el ombudsman asegura –en alusión al informe de Amnistía Internacional que implica a servidores públicos en la comisión del delito de lesa humanidad– hay 30 casos en los que ese vínculo quedó plenamente establecido.

Podríamos adelantar de dónde son esos “servidores públicos” acusados de delitos de lesa humanidad, es decir, de atentar contra la vida de seres humanos. Empero, incurriríamos en ese riesgo de atentar contra los derechos humanos de quienes, aun acusados, tienen derecho a la defensa y son inocentes hasta en tanto no se les demuestre lo contrario.

Sí, avanzamos en el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información pública. Prevalecen, empero, resistencias en diversos sectores sociales a ajustarse a estas que son garantías de todo ciudadano. Por algo se empezó y se avanza. ¿Por qué atorar la reforma del IFAI en la Cámara de Diputados? Se aplaudirá la aplicación de la ley, sin duda, a quienes han violado los derechos humanos en grado extremo, según documenta Amnistía Internacional. ¿El respeto al derecho ajeno es la paz? Digo.

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QMX/msl