ENTRESEMANA: El debate que viene…

Por supuesto, acerca de la reforma laboral hay un cúmulo de iniciativas que hasta hace un par de años tendía a ser consensuada pero se atoró cuando el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, la manoseo de forma tal que los sindicatos de toda filiación partidista terminaron por oponerse a cualquier discusión.

Esa fue, en concreto, la base de reforma laboral planteada por los diputados federales del PAN en la anterior legislatura y de la que Josefina Vázquez Mota presumió como un logro albiazul, una gran iniciativa que incluso firmó, en alguna de aquellas apariciones que hizo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El antecedente más o menos afinado y que incluso contó con anuencia para discutirse en firme por parte del llamado sindicalismo independiente, fue el de la conocida como Ley Abascal, es decir, la propuesta impulsada por el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social del gabinete foxista, Carlos María Abascal Carranza, un hombre serio y respetado que privilegiaba la palabra, pero que falleció en plenitud de facultades.

Huelga referir la cantidad de intereses que afectaban dichas iniciativas y más conjugadas con las pendientes, estimadas en unas 300 presentadas en las legislaturas federales de finales del siglo pasado y de lo que va de este nuevo milenio.

Por eso, la iniciativa preferente enviada por el presidente Calderón en materia laboral no se antoja que vaya a pasar la aduana de las comisiones dictaminadoras, vaya en principio en la de Trabajo y Previsión Social, por las implicaciones que tiene en perjuicio del propio derecho de huelga y, más allá, la obligada transparencia a la que estarían obligados sindicatos millonarios para rendir cuentas.

Ahí, de entrada, hay un atorón y los cabilderos del presidente Felipe Calderón, de la mano de los diputados federales del PAN están obligados a negociar con sus contrapartes del PRD y del PRI, si comprometieron su palabra con su aún jefe en Los Pinos, de que antes de entregar la banda presidencial a Enrique Peña Nieto pueda presumir la reforma laboral de su autoría.

Es una apuesta muy bizarra. Y los coordinadores de las bancadas del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Silvano Aureoles Conejo, han manifestado disposición a discutirlas y analizarlas, pero ello no implica que vayan a aprobarla.

Los diputados federales y los senadores, de acuerdo con la reforma política que dio vida a la iniciativa presidencial preferente, están obligados a dictaminarla en un plazo de 30 días naturales, más no de aprobarla. Por eso, el debate legislativo no se imagina un día de campo y, de imponerse nuevamente la condición de los sindicatos, la reforma laboral calderonista se expone a un severo revés en el pleno camaral.

No hay consensos en esta materia, ni los habrá mientras los intereses de líderes sindicales estén por encima de una real reforma que retome el espíritu constitucional y concluya con tantas arbitrariedades de patrones y ponga a salvo los derechos de los trabajadores. Regular los llamados outsourcing, por ejemplo, no es la mejor fórmula para atender necesidades de la planta laboral que no cuenta con prestaciones básicas como el servicio médico.

En cambio, en esto de meter en cintura a los gobiernos estatales y municipales –mediante la enmienda a la Ley General de Contabilidad Gubernamental–, hay un creciente consenso, sobre todo cuando se conocen nombres de nuevos millonarios que han hecho fortuna con cargo al erario público, mientras aumenta el número de pobres y de miserables en el país.

Empero, esta iniciativa tiene sus bemoles y no será sencilla su discusión y aprobación en el Senado de la República. Hay muchos intereses, muchos; aunque son más los consensos a favor de la enmienda. Lo cierto es que este mes no será día de campo para los recién llegados al Congreso de la Unión. Conste.

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QMex/msl