Ráfaga/Jorge Herrera Valenzuela
Dicen que los rumores, rumores son. Aunque a contrapelo existe la máxima: “Cuando el río suena, agua lleva”. Veamos. Después de la aprehensión de la maestra Elba Esther Gordillo, cuyo proceso ha dejado de ser mediáticamente atractivo, dos asuntos de esa naturaleza vengadora están en lista de espera.
Son las ganas de meter a alguien más, un pez gordo, corruptazo que sacie ánimos sociales de acabar con esos veneros de la corrupción en que se convirtieron sindicatos, partidos políticos de membrete y puestos de elección popular, como los casos del dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps y el ex gobernador tabasqueño Andrés Granier Melo.
Sí, hay ganas de entambar a estos prohombres del priismo que avergüenza pero que ahí está, cínico y ofensivo para millones de mexicanos que sobreviven con unos cuantos pesos al día. Pero, vaya, ése es alimento vengador que sacia una impronta mas no soluciona de fondo el problema grave de la corrupción.
Hace unos cinco días, leía en un portal la versión de que Carlos Romero Deschamps estaba sometido a un sui generis arraigo domiciliario. Senador priista, goza de fuero constitucional, por lo que el dirigente petrolero sólo habría sido apercibido de no salir de la ciudad de México y menos del país.
La versión que oscila en el nivel del rumor, empero guarda cierta certidumbre de que por esos linderos rondaría la posibilidad de desaforar, vía fast track, al senador Romero Deschamps y someterlo a proceso penal por enriquecimiento explicable, sí, explicable porque ha sido a costillas de las jugosas cuotas y prebendas otorgadas por Pemex al sindicato petrolero.
Y, bueno, de que un proceso de desafuero es posible con el visto bueno, con la anuencia presidencial, ni duda cabe. El ahora fallecido ingeniero Jorge Díaz Serrano fue víctima de ese procedimiento y fue a prisión como pieza cobrada por la renovación moral de la sociedad invocada por Miguel de la Madrid, entonces presidente sucesor de José López Portillo.
Andrés Manuel López Obrador también sabe de cómo procede la guillotina y cómo puede detenerla el poder presidencial. ¿Qué tan difícil es encarcelar a Romero Deschamps? ¿Será posible entambar a Andrés Granier Melo?
En el primer caso hay un factor que se llama voluntad política. No es descabellada la versión que refiere un compás de espera, abierto hasta en tanto se desahoga el proceso electoral con la jornada del próximo siete de julio.
Del segundo caso, el problema es que el mismo gobernador Arturo Núñez Jiménez se ha encargado de entorpecer las investigaciones, porque a cada paso que da entra en euforia como si tuviera a Granier pepenado de salva sea la parte, cuando éste seguramente anda fuera de México en el táctico retiro de no hacer más ruido y disfrutar de la dolce vitta.
La forma en que Núñez y sus sabuesos han enderezado la acusaciones contra Granier y, más reciente, de quien fuera tesorero en el gobierno de éste, José Manuel Sáiz Pineda, tiene más tinte de linchamiento y venganza personal, que la versión de que el hallazgo de 88.5 millones de pesos en unas cajas escondidas en un inmueble propiedad de Sáis, tiende un halo de duda respecto de cuánto hay de verdad en la versión del gobernador contra su antecesor.
Pero, vaya, lo cierto es que ofende, indigna saber de esta danza de millones y millones de pesos en manos de un gobernador corrupto y un dirigente que es lo que le sigue a corrupto, como evidencias sus vástagos con la largueza de gastar a manos llenas recursos que sus padres jamás, jamás, habrían atesorado con sus salarios de servidores públicos.
EN CONTRASTE están los verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor, 300 para ser exactos en todo el país, con salarios que no rebasan los 16 mil pesos mensuales y que todos los días salen a partirse el espinazo para evitar que el comercio voraz haga de las suyas con los consumidores.
Peor, treinta por ciento de estos verificadores amenazados por el crimen organizado que vende protección a comerciantes, bodegueros y concesionarios de estaciones de combustibles, de esa gasolineras que expenden litros de 800 mililitros, son muestra de que en el gobierno hay espíritu de servicio, vocación por cumplir con el deber, aunque ésta se agota cuando la vida está en riesgo.
Sí, 16 mil pesos mensuales por vigilar que no se transen al consumidor, mientras dos pillos andan por ahí en medio de la impunidad. ¿Será rumor? Las ganas de entambarlos. Digo.
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