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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2017.- El jefe del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República una propuesta de 18 candidatos para que funjan como magistrados especializados en combate a la corrupción.
La propuesta es para integrar las salas especializadas previstas en el sistema nacional anticorrupción y que hasta el momento han quedado pendientes en el Congreso de la Unión.
De acuerdo a la estructura, tanto la sala superior como las cinco especializadas estarán integradas, cada una, por tres magistrados, que conformarán la tercera sección del tribunal federal de justicia administrativa.
Entre sus facultades que tendrán los nuevos magistrados, estará la de traer los casos y determinar la aplicación de sanciones a servidores públicos y particulares vinculados en actos de corrupción.
Además, podrán imponer indemnizaciones y multas derivadas de los daños a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos.
Las salas especializadas atenderán faltas graves investigadas y substanciadas por la auditoría superior de la federación y órganos internos de control de las dependencias.
Para la sala superior, el presidente peña nieto propuso a Álvaro castro estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Sigler.
Para las salas especializadas a Javier Armando Abreu Cruz, Verónica Aguilera Orta, Ana Yadira Alarcón Márquez, Daniel Alejandro Alpide Tovar, Carlos Antonio Alpízar Salazar, Miguel Guillermo Aragón Lagunas, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco, Hortensia García Salgado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Luis Eduardo Iturriaga Velasco, Claudia Rosana Morales Lara, Marco Antonio Palacios Ornelas, Víctor Mariel Soulé y José Luis Stein Velasco.
En el caso de los tres magistrados de la sala superior deben ser aprobados por mayoría calificada, 50 por ciento de los senadores más uno por ciento extra que estuvieran presentes al momento de la votación.
Los nuevos magistrados deberán entrar en funciones el 18 de julio y por tanto, pueden ser nombrados por el pleno del senado o en caso de receso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.