Escenario político/Daniel Adame

Por lo que hace al rubro político electoral, México ha dado pasos firmes para la consolidación no sólo de las instituciones a cargo de los procesos electorales, sino de confianza en su imparcialidad, transparencia y respeto de la voluntad popular expresada en el sufragio.

Consideremos que la reforma electoral de 2014, que terminó formalmente con el Instituto Federal Electoral (IFE) para dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE),  resultó convincente y ha contado con la aprobación tanto de los partidos y candidatos en la contienda, como de la sociedad.

En efecto, con la reforma se buscaba abaratar las elecciones, nacionalizar la autoridad electoral y evitar la intromisión de los gobernadores en las contiendas electorales internas.

Parte de esos objetivos se han cumplido parcialmente, consolidando la profesionalización del máximo órgano electoral administrativo del país. Revisemos algunos casos. 

En 2015, se generaron una de las contiendas más caras de la historia en el país. Por otra parte, al designar  a los integrantes de los organismos públicos  locales electorales en las entidades federativas faltó transparencia en su proceso de selección y designación y al dejarlos sin recursos, acudieron a los gobernadores de cada entidad federativa para financiarse, haciendo inviable su autonomía técnica y financiera. 

Como elemento contextual de la descomposición política y social que incide en los procesos electorales, el hecho de que (durante las elecciones intermedias del sexenio anterior) más de veinte aspirantes a distintos cargos públicos fueron asesinados y muchos otros prefirieron declinar la postulación por miedo a sufrir la misma suerte, dando muestra de la expansión de uno de los principales delitos del país: los homicidios en espacios públicos, que afectó la competencia política tanto local como federal, porque esa misma incertidumbre y miedo predominó en el electorado, que no obstante dio una gran muestra cívica al acudir a las urnas. 

Pero el hecho de que (en las intermedias de 2015) menos del 50 por ciento de los ciudadanos que están en posibilidades de votar acudieran a emitir su voto es altamente significativo, considerando factores de poder como la violencia. 

Si agregamos que la elección 2015 fue judicializada por las inconformidades con los resultados, las acusaciones en torno a la probable compra e inducción del voto, las irregularidades cometidas por los partidos, daremos cuenta de que la vía electoral, así como la legitimidad, están en alto grado de aplicación y debe mejorarse la transparencia y las autoridades contribuir con el INE para abordar los problemas de corrupción y la inédita coyuntura crítica que plantea el organizar elecciones con protocolos eficaces a los ciudadanos, en medio de la crisis sanitaria global. 

Volviendo a los partidos, hoy el Verde es aún el asociado de la elite del poder, ahora con el lopezobradorismo en la silla del águila. 

Paradójicamente, para algunos teóricos, intelectuales y especialistas tanto en el ámbito electoral como en el de las transiciones de los regímenes, el proceso de transición política de México terminó con la alternancia en el poder en el año 2000 y sin embargo la emergencia del quiebre electoral de 2018 es un contexto de exigencia para partidos y votantes y, evitar que el país vuelva a un modelo de sociedad en que el desarrollo depende de las políticas del pasado, como explica Friedrich Hayek en su ensayo: Por qué no soy conservador? 

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