Escenario político/Daniel Adame Osorio

En una elección intermedia, por ejemplo, un partido puede sacrificar las elecciones locales en aras de promover su triunfo y la obtención de mayoría parlamentaria en los comicios legislativos nacionales, porque eso le garantiza tanto la aprobación de sus presupuestos, como las obras y proyectos planeados y comprometidos.

“Se ha explorado la influencia de las leyes nacionales o la estructura federal de poder sobre la competencia local, preguntándose en qué medida las elecciones locales son realmente locales o, en su caso, reciben influencias significativas de los otros niveles, como puede ser la política nacional”, nos recuerda la literatura. 

Este planteamiento sirve para volver al origen de nuestra hipótesis: el rescate que harían los partidos medianos o grandes, opositores al régimen, o el gobierno mismo, de los pequeños que están en vísperas de perder su registro, aunque de momento la alianza estratégica no les represente posiciones legislativas y/o gubernativas, en aras de una mayor competitividad en futuras elecciones de mayor peso.

Este tipo de alianza estratégica que de momento no representa ningún beneficio ni la garantía de obtenerlo a la larga, forma parte de las contradicciones que enfrentan tanto los partidos como el propio sistema electoral.

En efecto, a la hora de medir la congruencia de los partidos y sistemas de partidos, para su incongruencia existen factores político-estratégicos (regionalización de las estrategias de las élites políticas y coordinación del electorado).  Si bien para la permanencia de los partidos pequeños, el mejor funcionamiento y avance en votos de los medianos y grandes opositores al partido en el poder, las alianzas estratégicas constituyen un arma para arribar a los comicios con mejores perspectivas de triunfo o al menos obtener un mayor número de posiciones ejecutivas y/o legislativas, para el electorado representa la búsqueda de la consecución de sus objetivos y de mayores posiciones de poder, pero no necesariamente la verdadera representación de todos los sectores sociales, ni siquiera a nivel ideológico muchas veces.

Así, bajo esta perspectiva, el voto estratégico bien puede emitirse a favor de un partido político, dejando de lado al candidato en turno, la ideología, el triunfo mismo de la posición, en aras de obtener el número suficiente de votos para disponer de un eventual aliado tanto en el Legislativo como en futuras elecciones que brinde su respaldo a quienes lo salvan de la desaparición. El salvamento, como dijimos, lo mismo puede venir del régimen como de otros partidos políticos, sacrificando resultados inmediatos.

Por eso es importante analizar este planteamiento más a fondo, a propósito de la erosión del sistema de partidos mexicano que ve en la división del PRI, PAN y PRD, la oportunidad coyuntural para que el lopezobradorismo intente avanzar en su agenda de controlar las elecciones, desde la secretaría de Gobernación como ya lo han aceptado diversos equipos de la élite política mexicana. 

El primer paso en esa estrategia es la consulta del próximo 10 de abril que, contra todos los escenarios del lopezobradorismo ha organizado el Instituto Nacional Electoral con el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Formalmente, será un ejercicio de revocación de mandato ante la pérdida de confianza del presidente y sin embargo el diseño de la pregunta de esa consulta será en la política de la realidad una oportunidad única para el lopezobradorismo de fortalecer con su activismo la imagen tan despintada del presidente de la República al optar entre otras decisiones, por la prensa como el enemigo y representante de la parte mala de la sociedad que invoca desde la literatura Yo, el pueblo, de Nadia Urbinati. 

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