Escenario político/Daniel Adame Osorio

La reforma electoral de 2014, al dar por terminada la vida útil del Instituto Federal Electoral esencialmente dio paso al Instituto Nacional Electoral, así como la desaparición de los órganos electorales locales para que la responsabilidad de su conformación recayera en el nuevo INE. Igualmente, estableció nuevas normas en torno a la paridad de género, el modelo de comunicación, los procesos de fiscalización, la reelección legislativa federal y local, de las presidencias municipales, una nueva Ley de Partidos y las candidaturas independientes.

Uno de los promotores visibles de la reforma electoral 2014 fue el Partido Acción Nacional. Eran dos las argumentaciones que ofreció a la sociedad: las económicas y las de control de los gobernadores en las entidades sobre las elecciones. En el primer caso, la propuesta del PAN partía del hecho inobjetable del alto costo que tienen las elecciones, tanto en su organización, como en el gasto de los partidos, los de las campañas y sus candidatos. Por otro lado, puso sobre la mesa el hecho de que son los gobernadores de los estados los que tenían el control de sus congresos, y a través de ellos la designación de los integrantes de los institutos estatales electorales, lo que significaba para las oposiciones enfrentarse a elecciones llamadas de estado.

Siendo la mayoría de las entidades federativas gobernadas por mandatarios de un solo partido, era indudable que acudir a elecciones equitativas, transparentes y limpias era menos probable bajo el anterior esquema, en que existía un sistema de administración electoral federal y otro estatal.
Veamos algunos problemas a que se ha enfrentado el INE:

1.- Centralizar las actividades electorales en una sola autoridad, como el Instituto Nacional Electoral, supondría que no se duplicarían gastos, al menos en lo administrativo, y que la designación de los integrantes de los órganos públicos electorales de cada entidad, ya en manos del INE, arrebataría a los mandatarios estatales su injerencia y control. Pero ninguna de las dos premisas se cumplió.

2.- No cambió la forma de designación de integrantes del Consejo General del INE, mediante cuotas partidistas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aunque es mejor modelo que la propuesta de elegir por voto directo a los consejeros y magistrados electorales, convertido el mandatario en “Yo, el pueblo”.

3.- En torno a la paridad de género, por citar sólo un ejemplo, el Tribunal Electoral  del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE remover a todos los integrantes del OPLE de Chiapas por no cumplir esta premisa.

4.- El modelo de comunicación resultó un nuevo problema, porque dio como resultado la spotización de las campañas, en tanto que las propuestas y el debate público quedaron rezagados.

5.- El proceso de fiscalización de las campañas ha contado con el respaldo a la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que los partidos, los contendientes y la sociedad han quedado satisfechos.

6.- Interesaba sobremanera a la élite política la reelección legislativa. Ahora, los senadores pueden ser electos hasta por dos y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos. Para ello, deberán ser postulados por el mismo partido, a menos que hayan renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato. En las entidades federativas deberán regular la reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo consecutivo, siempre y cuando el de su mandato no sea mayor a tres años. También deberán permitir la reelección de los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por hasta cuatro periodos consecutivos. Igual que a nivel federal, su postulación deberá ser por el mismo partido, a menos que haya renunciado a su militancia antes de la mitad del mandato. La reforma se aplica a los diputados y senadores electos en 2018.

7.- Los partidos políticos se dieron una ley en la materia a través de sus grupos parlamentarios, generando riesgos en torno a la pretendida imparcialidad.

8.-En torno a los Organismos Públicos Locales Electorales en las entidades federativas, el concurso por el cual el Consejo General del INE elige a sus integrantes al contratar para ello a instituciones de gran prestigio, como el CENEVAL y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, entre otras instituciones académicas, no necesariamente fue efectivo, porque los criterios de capacidad, profesionalismo y resultados fueron marginales al definirse los nombramientos con base en la decisión del Consejo General del INE y evocando a Cox, debemos hacer a un lado la ingenuidad que los órganos electorales son imparciales. Dado que no hubo autonomía financiera para los OPLES, tuvieron que acudir a los gobiernos estatales en busca de financiamiento, poniéndose en tela de duda su imparcialidad. Más significativo resulta el hecho de que para las elecciones de 2016 por ejemplo, el INE recurrió al mismo procedimiento para seleccionar a los integrantes de los OPLES en las entidades federativas en las que habría comicios. No obstante, en esa oportunidad el proceso de selección de nueva cuenta fue (in) efectivo en materia de imparcialidad, dado que en muchos estados en los que los gobernadores tuvieron una fuerte presencia política (Puebla y Veracruz, por citar sólo un par de casos), incrustaron a personajes de su entorno más inmediato, quebrantándose el objetivo de evitar la subordinación.

9.-En torno a las candidaturas independientes, un modelo que inhibe su participación en las contiendas y que al mismo tiempo los hace competir sin la equidad en el financiamiento para sus campañas, sólo arroja casos de excepción, como en Nuevo León, y no se convierte en la constante.

El debate hoy no gira en torno a cuestiones torales: la autonomía constitucional del INE, la de los Organismos Públicos Electorales en las entidades, la fiscalización efectiva de las campañas, la paridad de género y los candidatos independientes.

Queda claro que en las reformas electorales que en el futuro se implanten, los partidos políticos, a través de sus bancadas en el Congreso de la Unión, deben impulsar la evolución efectiva de las instituciones electorales para concretar la reforma electoral para la consolidación democrática y, evitar así actos espectaculares como la iniciativa presidencial electoral que pretende con Morena y aliados, un modelo electoral cerrado como el que ofreció en el siglo XX el régimen dominante, controlando la función estatal de organizar las elecciones desde la secretaría de Gobernación. 

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