Libros de ayer y hoy/Teresa Gil
Escenario político/Daniel Adame Osorio
31 de octubre de 2022
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7:09
Archivo
Daniel Adame Osorio/Quadratín México
La democracia moderna se distingue de la democracia de los antiguos en un atributo definitorio clave: la representación a través del voto. De este modo, surge la relevante interrogante acerca de los mecanismos de control de los gobernantes por parte de los representados. En un régimen político democrático moderno, entonces, las elecciones competitivas constituyen el principal mecanismo de control, el cual puede ser ejercido como evaluación anticipada del mandato -responsiveness-, o como evaluación retrospectiva del desempeño -accountability-. La representación democrática moderna presenta, al menos, dos dimensiones problemáticas: 1) resulta difícil anticiparse ante la política que llevarán adelante nuestros representantes y 2) entre lo que votamos y lo que elegimos, se encuentran siempre instituciones, reglas y procedimientos que afectan sustantivamente el resultado de la opción ciudadana. En este sentido, la capacidad efectiva de control ciudadano depende de los arreglos institucionales que asumen los sistemas electorales, de las características de las organizaciones partidarias y de la dinámica del sistema de partidos. En años recientes, la literatura especializada en temas electorales incorporó líneas de investigación relevantes para el análisis de la relación entre democracia, representación y accountability. Fearon y Ferejohn indagan sobre cómo el supuesto de un mayor control de los políticos por parte del electorado descansa en el modo en que las señales que envían los votantes son recibidas y procesadas electoralmente. Asimismo, Manin, Przeworski y Stokes se preguntaron sobre cómo las elecciones trasmiten al unísono señales y prospectivas que son posibles de interpretación (y manipulación) por parte de los actores políticos. Para esos autores, si las elecciones son mecanismos de control político, cuanto mayor es el ruido en la señal política que envían los votantes, menor es la capacidad de sancionar o premiar a los representantes en términos de su correspondencia con las preferencias de sus votantes. Por otra parte, las acciones y preferencias de los legisladores, una vez elegidos, son poco accesibles a los votantes. La falta de información pública, el acceso a los registros de votaciones parlamentarias o la existencia de numerosos ámbitos de decisión “reservados” permiten que una buena imagen, antes que la fidelidad a las preferencias de sus electores, sea más determinante en la reelección de los candidatos. Adicionalmente, se registran con insistencia situaciones de una severa dificultad para distinguir entre dirigentes que toman medidas impopulares por considerarlas mejores para el interés común y quienes las asumen por su propio interés. Esto irremediablemente genera un peligro moral de premiar al agente equivocado o de sancionar a quien sí ha actuado representativamente. Las características organizativas de los partidos también afectan el rendimiento de la accountability, fundamentalmente cuando las fuerzas no controlan las acciones de sus líderes (Maravall, Shugart, Moreno y Crisp). Por su parte, consideran que la accountability vertical depende de incentivos institucionales en el lazo entre votantes y representantes, tanto en el proceso de selección de candidatos como en la elección general. El voto por listas partidarias en lugar de candidaturas individuales tiende a generar comportamientos más programáticos y, a su vez, permite al elector identificar las consecuencias de su elección. Para que esto ocurra efectivamente, debe existir accountability vertical en el momento de la selección de candidatos. En contraste, los casos extremos de nulo control partidario sobre los candidatos individuales y de dominio hipercentralizado de las elites dirigentes dificultan seriamente el control retrospectivo. La complejidad del sistema electoral mexicano no ha reducido su funcionalidad. Lo que es más: las reglas del juego acordadas por todos los actores son respetadas en sus méritos y, los 32 años de arquitectura constitucional electoral son el testimonio vigoroso de un sistema electoral efectivo y transparente que, convierte votos en cargos públicos. Estamos a tiempo de evitar la regresión que pretende el lopezobradorismo cuyo límite para cuajar su deriva autoritaria con su proyecto de reforma electoral es noviembre 15 del año en curso, para que los mexicanos no tengamos que explorar el escenario planteado por los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en torno a cómo mueren las democracias. Facebook: Daniel Adame Osorio. Instagram: @danieladameosorio. Twitter: @Danieldao1 |
