Eliminar autónomos, un autoengaño/Bryan LeBarón
Es de suponer que los partidos promoverán reformas legales que incrementen el umbral mínimo indispensable para que los partidos pequeños conserven su registro y preservar su condición mayoritaria dominante.
Si, por añadidura, sumamos el hecho de que la autoridad electoral puede ser muy proclive al partido mayoritario que generalmente está en el poder, sobre todo si en la designación de sus integrantes tiene influencia de él, nos es dado suponer también que hará todo lo posible –dentro y fuera de la ley- para propiciar la desaparición de los partidos pequeños.
Si existiesen partidos pequeños que ideológicamente son afines al gobierno o al partido mayoritario, o están subordinados a ellos, es factible plantear que tales partidos no sólo no perderán su registro, sino que mediante alianzas estratégicas con ellos serán respaldados incluso para ampliar su base de votación, lo mismo que el número de escaños, que a final de cuentas votarían en los congresos a favor de las políticas del partido en el poder.
De ello nos da cuenta la literatura al afirmar que las leyes y reglas pueden afectar muchos aspectos de la competencia política, incluidos el matiz ideológico de las políticas que defienden los partidos durante la época de elección, la medida en la que los políticos intercambian prebendas y otros beneficios particulares.
No obstante, este mismo argumento y alianza estratégica puede ser utilizada por los partidos medianos para definir si dan o no su respaldo en coalición, candidaturas conjuntas o no, e instruyendo a sus seguidores para votar por el partido en posibilidades de desaparecer.
Así, las características pertinentes a la nominación dependen del problema de fondo. Si uno está interesado en el voto estratégico y en la coalición electoral, como es nuestro caso, las leyes pertinentes son aquellas que regulan las candidaturas fusionadas y las listas conjuntas. La alianza, entonces, no atendería a ganar siquiera la elección misma de un distrito electoral, sino a que los partidos medianos ofrenden los votos de sus militantes para que el partido en riesgo de desaparecer conserve su registro, ya sea por razones ideológicas de afinidad, o porque eventualmente buscarán su respaldo y alianza en las votaciones legislativas en torno a políticas públicas, o para contar su respaldo en futuras votaciones más importantes, como la presidencia del país.
Y es que el voto no exclusivo de candidato, además de aparecer en el escrutinio total del candidato por el que se emite, afecta, asimismo, otros escrutinios totales utilizados para la asignación de escaños legislativos. En un caso dado, respaldar efectivamente al partido en agonía de registro no sólo impactaría en su presencia electoral en todo el país y futuras alianzas, sino en el número de escaños obtenido por fuerzas políticas afines y con intereses futuros superiores.
El escenario político mexicano atraviesa muchos momentos de incertidumbre, dado que primero debe resolverse (en la Corte) el marco jurídico electoral con que iremos a las elecciones de 2024, porque las de 2023 ya tienen su reglamentación en la ley electoral previa al decreto en vigor del oficialismo (plan B). Superada esa circunstancia, lo que sigue es la organización de las dos coaliciones, dado que lo mismo las oposiciones que el oficialismo tienen en los partidos marginales que los acompañan al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo para el escenario de una cerrada competencia política.
Distinto será el rol de Movimiento Ciudadano que, juega una ruta de cálculo, pragmatismo y un rol astuto para construirse como opción no necesariamente de cambio político, sino como un partido que observa la crisis de las dos coaliciones y, que llegado el momento de la política y sus tiempos, deberá optar entre jugar con las oposiciones para construir la restauración democrática del país o dar sus probables votos para continuar con la idea que tiene el oficialismo de extender el viaje a su concepto del régimen del PRI restaurado en 2018 por el lopezobradorismo.
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