Escenario político/Daniel Adame Osorio

En el contexto de las democracias inciertas, ¿puede trabajarse en el diseño de instituciones y leyes que garanticen que los candidatos, lo mismo un gobierno que un parlamento, se mantengan firmes y fieles en torno al compromiso contraído por el electorado?

La respuesta es que eso difícilmente ocurrirá, en primer término, en el caso de los gobernantes, porque llegan al poder enfrentando la realidad nacional que deja su antecesor, y porque el carácter parlamentario, en el segundo caso, es de suyo deliberativo con fuerzas políticas e ideológicas distintas y lo que se impone es la negociación.

En torno a la concepción de gobiernos responsables, su concreción es igualmente difícil, de nueva cuenta porque los incentivos e incluso los objetivos personales tanto del gobernante como del parlamentario pesarían más que los de la sociedad, y están dispuestos a pagar el costo político que supondría no seguir los compromisos contraídos con la sociedad ni el cumplimiento de su programa de gobierno expresado en campaña.

Y es que, aunque efectivamente el ciudadano usa el voto para castigar al gobernante apartado de los compromisos contraídos, se encuentra con dos dificultades: la ausencia de información para evaluar, y que el voto se hace en retrospectiva, no pensando en el futuro a construir.

Otras dificultades tienen que ver con la ausencia de mecanismos más claros para medir el desempeño de los gobiernos de coalición, o el hecho de que un gobernante no tenga el control de su Congreso y que éste se halle en manos de la oposición.

Por tanto, las elecciones no son el único medio para evaluar a los representantes, a los gobiernos, sobre todo si la sociedad echa mano de la evaluación del desempeño de instituciones democráticas que tienen su propio peso específico, cuya misión es alcanzar el equilibrio y la revisión mutua del desempeño. Esto aplica en los puestos y poderes sujetos a elección, pero no en el Judicial.

La campaña electoral (anticipada) en México ha comenzado con la campaña que, ha iniciado el presidente contra los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo central de no cumplir la ley.

La Corte invalida el decreto lopezobradorista que declaró sus obras en la categoría de seguridad nacional y, acto seguido, el presidente publica un acuerdo administrativo más acotado, porque para llamarse decreto necesita la autorización del congreso.

Se trata de una  maniobra jurídica del lopezobradorismo para forzar al Grupo México a negociar(después de intervenir una de sus propiedades en el sureste) y mostrar un gobierno radicalizado que dejó su vieja retórica de hacer todo por la fuerza de la razón para utilizar su auténtica política: 
negociar todo por la fuerza y cuajar a corto plazo las obras prioritarias del presidente a cualquier costo y, sin cumplir la ley. 

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