Escenario político/Daniel Adame Osorio

 La decisión de que alguien gobierne puesta en manos de un tribunal no parece ser del todo un ejercicio democrático, sino acaso mostraría que las instituciones funcionan para dirimir controversias, cuando de antemano el resultado de las elecciones está marcado en la incertidumbre generada por los grupos de poder.
No es, por tanto, nada sencillo llegar a plenitud a la representación política y mucho menos hacer realidad la democracia como forma de Estado, como forma de gobierno.

En Guerrero, desmantelar instituciones y sus instrumentos nos ha dejado sin la oportunidad de gestionar (con el FONDEN por ejemplo) reglas de operación, aplicando recursos financieros con vigilancia para la restauración de Acapulco y los municipios afectados por Otis. Hay que agregar la tardía declaración de emergencia del gobierno mexicano ante el desastre.

Tenemos un gobierno sin capacidad institucional para responder a la emergencia e incapaz de gestionar la restauración de una zona del país con gran influencia para el rubro del turismo, captación de divisas, entre otras variables. Lo urgente debiera ser la planeación para articular variables como el medio ambiente y su impacto económico y por tanto presupuestal.

Para el presidente, los recursos financieros son ilimitados en su relato pero no en la realidad de la administración pública federal.

Es verdad que el gobierno ha gestionado lo mínimo, con la vigilancia del Ejército y, avanza la restauración de la electricidad por la Comisión Federal de la materia.

Lo relevante sería conocer la inversión para reactivar la vida útil y productiva del puerto, atendiendo ahora la crisis sanitaria en puerta por el dengue y, sin embargo esa emergencia de planear dada por el análisis de la realidad, se enfrenta al muro de las decisiones del presidente, que asigna recursos financieros por el criterio de filias y fobias.

La presupuestación en 2024 será una de las claves para entender los fenómenos políticos. Para el gobierno federal, lo relevante son las obras presidenciales y, la inversión en las elecciones y, por desgracia no es una prioridad la atención convertida en programa presupuestario de la reconstrucción en Acapulco y el respeto a las ramas del poder público.

Algunos ejemplos: el recorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación será del orden del siete por ciento. El Instituto Nacional Electoral en un año electoral que, renovará la presidencia, el congreso, nueve gubernaturas y, muchos cargos públicos locales, tendrá una disminución presupuestaria del 13 por ciento.

Y no hay duda que el golpe del lopezobradorismo más importante es para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, tendrá una disminución del 20 por ciento en un presupuesto que es el mismo que solicitó en 2018, dada la elevada atención de las controversias que atiende el Tribunal lo mismo de elecciones federales que locales.

Es verdad que el conflicto del presidente con el poder judicial en su conjunto se estabilizó, entre otras razones por la declaración de la ministra que preside la Corte, para devolver los 15 mil millones de pesos que en fideicomisos tiene la rama judicial. En todo caso, hasta hoy sólo se trata de una declaración en medios y, por tanto forma parte de un relato.

El problema es más complejo para el poder judicial de la Federación por el acoso cotidiano que en su contra encabeza el presidente de la República.

Del Tintero. Peor aún: no hemos visto  todas las consecuencias de debilitar desde Palacio Nacional a la rama judicial en nuestro país.

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