Escenario político/Daniel Adame Osorio

Existe en el fondo un problema grave: son los legisladores, emanados y pertenecientes a los partidos, en sus congresos o parlamentos, los que tienen a su cargo generar la legislación que sirve como marco para regular tanto a los órganos electorales como los comicios y, eventualmente establecen condiciones favorables para la fuerza política a la que representan, lo cual debe ser atemperado.

De lo contrario se corre el riesgo de que la autoridad electoral, por sus integrantes y sus marcadas tendencias ideológicas, rompan la obligada imparcialidad y autonomía indispensables en su proceder y en sus decisiones, perdiéndose la confianza tanto de los competidores en la contienda electoral como en la sociedad en torno a la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano electoral.

La coyuntura crítica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene relación es verdad con el cambio en su correlación de fuerzas y, especialmente por la omisión del senado para designar los dos magistrados electorales faltantes de la sala superior desde octubre 31 del año en curso.

La solicitud de tres magistrados que exigen la renuncia del presidente del TEPJF no tiene fundamento jurídico, a dos años de concluir su gestión. Desde ahora la política y sus tiempos tienen su radar colocado en 2024.

No es menor la coyuntura del Tribunal Electoral, dado que se trata del árbitro en útima instancia del proceso electoral para resolverlo de manera definitiva e inatacable (artículo 99 constitucional).

Hoy, la carga de trabajo para los cinco magistrados electorales en funciones, hace retrasar los temas de sus ponencias y, al mismo tiempo, la pugna interna de sus miembros hace posponer las sesiones de la sala superior. Es deseable que los propios magistrados electorales resuelvan sus diferencias sin injerencia de actor alguno.

Al final, el TEPJF debe prevalecer y, debe parecer y ser una sólida institución de la democracia constitucional mexicana.

Es verdad que los ataques presidenciales a los órganos autónomos constitucionales han sido la constante del sexenio lopezobradorista y han dificultado la gestión interna de cada institución a través de la denostación pública, la asfixia presupuestaria y, la táctica coordinada con el partido dominante y aliados, para no designar a los sustitutos al fin del período de cada miembro de los órganos autónomos.

Son más de 100 nombramientos que el senado no ha realizado aún. Recordamos el caso del INAI que se judicializó para lograr algunos nombramientos, la controversia constitucional y, la decisión del pleno de la SCJN que avaló su funcionamiento  temporalmente con cuatro comisionados a la espera que el senado designe a los faltantes.

De ese modo ha escalado el conflicto entre las ramas del poder público. Los nombramientos del senado exigen el voto de dos terceras partes de sus miembros (mayoría calificada) lo que exhibe a los legisladores por su desinterés para negociar y lograr acuerdos parlamentarios.

Del Tintero

De concretarse la ruptura de Movimiento Ciudadano con las oposiciones, el partido dominante y MC podrían lograr la mayoría pretendida en la cámara de senadores. Hoy, la SCJN y el senado hacen su juego para administrar el tiempo en una temporada en que todas las decisiones del poder público tienen como estrategia principal para cada actor, cuidar sus  movimientos en el entorno de la política y sus tiempos de cara a las elecciones de 2024.

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