Escenario político/Daniel Adame Osorio

Las democracias representativas, son las formas de gobierno predominantes hoy día. En ellas, las decisiones son tomadas por representantes que deciden lo que los ciudadanos deben hacer como lo que no pueden hacer y los coaccionan para que acaten esas decisiones.

El significado que se da a la representación es el actuar con el mejor interés del público. En el reto de garantizar que los gobiernos funcionen precisamente con base en los intereses de la sociedad y no los propios o de sólo cierto grupo de interés, es que se realizan constantes reformas al Estado.
Así, el problema se vuelve más fácil de dilucidar si en el diseño institucional definimos qué instituciones precisamente permiten al gobierno gobernar y cuáles consiguen que la sociedad controle esos gobiernos.

Y en el largo recorrido por lograr este objetivo, el de la construcción de normas que garanticen la verdadera representatividad, hemos transitado lo mismo por el despotismo, monarquía e incluso democracia, hasta arribar al gobierno representativo.

La estructura de este tipo de gobiernos está caracterizada por los mandatarios, los que gobiernan, que son designados a través de elecciones; ciudadanos libres para discutir, criticar y demandar en cualquier circunstancia, pero que no están capacitados para ordenar qué hacer al gobierno; a su vez, el gobierno se encuentra dividido en órganos separados que pueden controlarse recíprocamente, y está limitado en cuanto a lo que puede hacer por una Constitución, al tiempo que los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas.

Se optó por esta forma de gobierno preponderantemente porque al menos teóricamente es la que mejor garantiza que los representantes estén en condiciones de gobernar y los ciudadanos en la de vigilar que lo hicieran bien y pusieran a salvo los intereses de la sociedad.

Mediante la evolución política en las formas de gobierno y de democracia llegamos a los gobiernos aristocráticos y oligárquicos, en los que los pocos gobiernan sobre la mayoría, pero la sociedad tiene a su favor aparentemente que sus representantes y gobernantes son electos por ellos en forma periódica, lo que es distintivo de toda democracia.

Efectivamente, la democracia es representativa porque los gobernantes son electos. Pero incluso para que esto sea así, se requieren condiciones básicas: si las elecciones son libres y disputadas, diríamos hoy, competitivas; que la participación sea ilimitada, que los ciudadanos cuenten con libertades políticas. Teóricamente, esto garantizaría que los representantes y gobernantes actuaran anteponiendo el interés del pueblo.

Bajo esta perspectiva, tanto los partidos como los candidatos elaboran propuestas, proyectos de gobierno y explican a la sociedad en las campañas la forma como positivamente impactarían en el bienestar de la sociedad. Esto impone a los vencedores de toda elección el imperativo de la responsabilidad, es decir, la selección de los mejores proyectos para que sean evaluados positivamente por los electores, porque han de continuar su carrera política y con base en el resultado de su gestión tendrían o no el respaldo nuevamente de los votantes.

La preocupante realidad actual demuestra que las elecciones de ningún modo obligan a los representantes y/o gobernantes a un buen desempeño, tampoco uno apegado a la voluntad popular; y es claro que la sociedad carece de los informes y elementos indispensables para hacer una evaluación gubernamental, y que, en el último de los casos, a los representantes poco importa la posibilidad e incluso amenaza de no volver a votar por ellos, mediante reelección o nuevo cargo público.

Entre los fenómenos analizados por Adam Przeworski es el “mandato-representación”, lo cual muy rara vez se cumple, toda vez que el nivel de las campañas electorales es muy bajo, carece de un carácter informativo en torno a los proyectos a emprender y su vinculación directa con los beneficios que teóricamente recibirá la sociedad.

En el supuesto de mejores niveles de campaña y de calidad de los candidatos, éstos informarían a la sociedad qué políticas van a aplicar, las razones que las convierten en la mejor opción y los beneficios que reportarían, pero nuevamente, nada garantiza que el plan anunciado en campaña sea el mismo que se aplica ya en el poder.
Otro de los problemas del mandato-representación estriba en el hecho de que los políticos con frecuencia encuentran más incentivos en el no cumplimiento de los intereses de la mayoría, por los beneficios tanto personales o de grupo.

Ahora bien: ¿puede trabajarse en el diseño de instituciones y leyes que garanticen que los candidatos, lo mismo un gobierno que un parlamento, se mantengan firmes y fieles en torno al compromiso contraído por el electorado?

La respuesta es que eso difícilmente ocurrirá, en primer término, en el caso de los gobernantes, porque llegan al poder enfrentando la realidad nacional que deja su antecesor, y porque el carácter parlamentario, en el segundo caso, es de suyo deliberativo con fuerzas políticas e ideológicas distintas y lo que se impone es la negociación.

En torno a la concepción de gobiernos responsables, su concreción es igualmente difícil, de nueva cuenta porque los incentivos –e incluso los objetivos personales tanto del gobernante como del parlamentario- pesarían más que los de la sociedad, y están dispuestos a pagar el costo político que supondría no seguir los compromisos contraídos con la sociedad ni el cumplimiento de su programa de gobierno expresado en campaña.

Y es que, aunque efectivamente el ciudadano usa el voto para castigar al gobernante apartado de los compromisos contraídos, se encuentra con dos dificultades: la ausencia de información para evaluar, y que el voto se hace en retrospectiva, no pensando en el futuro a construir.

Otras dificultades tienen que ver con la ausencia de mecanismos más claros para medir el desempeño de los gobiernos de coalición, o el hecho de que un gobernante no tenga el control de su Congreso y que éste se halle en manos de la oposición.

Por tanto, las elecciones no son el único medio para evaluar a los representantes, a los gobiernos, sobre todo si la sociedad echa mano de la evaluación del desempeño de instituciones democráticas que tienen su propio peso específico, cuya misión es alcanzar el equilibrio y la revisión mutua del desempeño. Esto aplica en los cargos y poderes sujetos a elección, pero no en el Judicial.

La crisis de representación y la de las democracias mismas, que arrastramos ya durante décadas, sigue siendo vista con pesimismo, particularmente porque las élites gobernantes determinan tanto el andamiaje institucional como el legal, siempre partiendo de su propio beneficio.

Seguimos enfrentados con la necesidad de conocer lo que hace el gobierno –la transparencia- y seguimos enfrentando el muro del oscurantismo de los que nuestros supuestos representantes –tanto en el gobierno como en los congresos- dicen hacer en nuestro beneficio.

Uno de los más terribles males a los que nos enfrentamos, tanto en el caso de la representación como en el de la democracia, es la imposibilidad de evitar que las élites políticas induzcan tanto el resultado de las elecciones como de las políticas de gobierno, tomando decisiones de grupo bajo la argumentación de que ese es el beneficio de las mayorías.

Ese determinismo político ha sido trasladado incluso al terreno de lo electoral: de las elecciones competitivas y diferenciadas en la oferta tanto legislativa como de gobierno, pasamos a la misma agenda –con sus matices- de los distintos partidos políticos, como de sus candidatos. Bajo este esquema, la sociedad carece de opciones para elegir una verdadera representación y los mecanismos, leyes e instituciones que garanticen que se vive en una democracia.

En este contexto, sociedades enteras enfrentarían élites políticas que se turnan la representación y el poder a partir de su alianza para colapsar toda oferta diferente ante el electorado. Y más aún: derivan también en convertirse en socios de los beneficios que otorga legislar y gobernar de espaldas a la sociedad, porque el costo político a pagar es mínimo: acaso perder el poder, pero para que gobierne el socio, al cual le unen la corrupción y la impunidad. Un ejemplo claro de ello:

En el caso México, el retraso en la efectividad del sistema anticorrupción es responsabilidad de todos los partidos y actores políticos, porque de fondo a ninguno conviene. Y para hacer frente a ese compromiso contraído con la sociedad, a fin de vender la idea de que se está cumpliendo, se aprueban legislaciones descafeinadas y se nombran funcionarios proclives al régimen y la élite del poder.

Del Tintero.
No es, por tanto, nada sencillo llegar a la verdadera representación y mucho menos hacer realidad la democracia, lo mismo en países en transición política, que en aquellos que aparentemente tienen mayor experiencia en esta práctica.

Acaso la democracia participativa podría arrojar algunos visos de solución, pero tampoco es cierto del todo. El caso de Reino Unido es muy ilustrativo: se pregunta a la sociedad si desea abandonar la Eurozona, y contra todos los pronósticos y la lógica de relaciones comerciales, así como las posiciones en el ajedrez de la geopolítica, decide abandonarlo, yendo en su contra, acaso por la falta de información suficiente, tal vez por un nacionalismo mal enfocado en la interdependencia de las economías y los intercambios comerciales.

No hay muchas salidas en puerta. Lo que sí queda claro es que, si este es el camino que vamos a continuar –el de las democracias representativas- tendremos que construir mejores candados, instituciones y leyes que nos permitan el cumplimiento de los compromisos contraídos por los partidos y candidatos.

Lamentablemente, todo cambio legal e institucional está en manos de los dueños de la representación política y de las formas de democracia.

Acaso ahí está parte del origen de todos nuestros males que debemos enfrentar y gestionar con las elecciones presidenciales de 2024.

Facebook/LinkedIn: Daniel Adame Osorio.

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