Escenario político/Daniel Adame Osorio

El significado que da la literatura a la representación es actuar a favor del interés público. En el reto de garantizar que los gobiernos funcionen precisamente con base en los intereses de la sociedad y no los propios o de sólo cierto grupo de interés, es que se realizan constantes reformas al Estado.

Así, el problema se vuelve más fácil de dilucidar si en el diseño institucional definimos qué instituciones precisamente permiten al gobierno gobernar y cuáles consiguen que la sociedad controle esos gobiernos.

Y en el largo recorrido por lograr este objetivo, el de la construcción de normas que garanticen la verdadera representatividad, hemos transitado lo mismo por el despotismo, monarquía e incluso la democracia, hasta arribar al gobierno representativo. 

La estructura de este tipo de gobiernos está caracterizada por los mandatarios, los que gobiernan, que son designados a través de elecciones; ciudadanos libres para discutir, criticar y demandar en cualquier circunstancia, pero que no están capacitados para ordenar qué hacer al gobierno; a su vez, el gobierno se encuentra dividido en órganos separados que pueden controlarse recíprocamente, y está limitado en cuanto a lo que puede hacer por una Constitución, al tiempo que los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas y auténticas. 

Se optó por esta forma de gobierno preponderantemente porque al menos teóricamente es la que mejor garantiza que los representantes estén en condiciones de gobernar y los ciudadanos en la de vigilar que lo hicieran bien y pusieran a salvo los intereses de la sociedad.

Mediante la evolución política en las formas de gobierno y de democracia llegamos a los gobiernos aristocráticos y oligárquicos, en los que los pocos gobiernan sobre la mayoría, pero la sociedad tiene a su favor aparentemente que sus representantes y gobernantes son electos por ellos en forma periódica, lo que es distintivo de toda democracia.

Efectivamente, nos dice la literatura que, la democracia es representativa porque los gobernantes son electos. Pero incluso para que esto sea así, se requieren condiciones básicas: si las elecciones son libres y disputadas, diríamos hoy, competitivas; que la participación sea ilimitada, que los ciudadanos cuenten con libertades políticas. Teóricamente, esto garantizaría que los representantes y gobernantes actuaran anteponiendo el interés del pueblo.

Bajo esta perspectiva, tanto los partidos como los candidatos elaboran propuestas, proyectos de gobierno y explican a la sociedad en las campañas la forma como positivamente impactarían en el bienestar de la sociedad. Esto impone a los vencedores de toda elección el imperativo de la responsabilidad, es decir, la selección de los mejores proyectos para que sean evaluados positivamente por los electores, porque han de continuar su carrera política y con base en el resultado de su gestión tendrían o no el respaldo nuevamente de los votantes.

Así, la elección de junio próximo tiene por los menos dos objetivos: 

a) Que el presidente asuma el rol que obtuvo en 2018 y, deje atrás las presiones sobre la rama judicial y sus actores no sólo por lo que toca a su proyecto eléctrico, sino a toda su política gubernamental y, b) Con todas sus insuficiencias, el presidencialismo y su contrapeso en el congreso y en las entidades federativas, deben ser valores efectivos con el propósito de garantizar una democracia auténtica, con una práctica efectiva de la competencia política, dado que México debe trascender el autoritarismo de sus actores y centrarse en vivir un gobierno representativo a favor de los ciudadanos y no viceversa.

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