Escenario político/Daniel Adame Osorio

Las  características del régimen semipresidencial, descritos en cuatro puntos: 1) se elige al presidente mediante voto popular, 2) el presidente nombra un primer ministro que será el jefe de gobierno, 3) el primer ministro y el gabinete dependen de la asamblea, y 4) el presidente tiene poderes políticos significativos como disolver el parlamento. 

En una democracia presidencial, el presidente es el jefe de gobierno, mientras que en el semipresidencial la jefatura del Ejecutivo está dividida y formalmente el primer ministro es la cabeza del gobierno; el gobierno presidencial se elige por periodo fijo, mientras el semipresidencial depende de la confianza continua de la asamblea; en el presidencial, el presidente tiene la autoridad sobre el gabinete, mientras en el semipresidencial únicamente puede destituir a ministros del gabinete por medio de voto de censura, pues la mayoría parlamentaria es capaz de sostener al gabinete. 

De esa forma, la literatura precisa los límites a las observaciones realizadas sobre las comparaciones entre presidencialismo y parlamentarismo. Mismos límites que se irán desarrollando a lo largo de la evolución de los países que asumen una u otra forma de gobierno. Estamos de acuerdo sobre las ventajas que ofrece el régimen presidencial para mantener una democracia estable, sobre todo en nuestro contexto, México en términos generales, vive la consolidación de una seria de reformas político-electorales desde 2014 que tendrá como resultado la disputa por la titularidad del Ejecutivo que hoy es incierta, es decir, competitiva entre distintos partidos políticos.

Es verdad que históricamente el sistema parlamentario ha logrado generar democracias estables, destacando cuatro problemas que los regímenes presidenciales encierran, causantes de democracias inestables y poco consolidadas: el primer argumento versa sobre la disputa y competencia de legitimidad entre el presidente y la asamblea o congreso, pues, al elegirse ambos por voto popular, ambos pueden considerarse legítimos independientemente del otro. “No hay ningún principio democrático que pueda resolver las disputas entre el ejecutivo y la legislatura acerca del cuál de los dos representa realmente la voluntad del pueblo”, nos dice la literatura. El segundo problema es sobre el periodo fijo del mandato presidencial que, por su rigidez, inhibe la capacidad de desarrollar proyectos significativos por el tiempo escaso, así como depender del plazo establecido en la ley para remover al presidente que pierda legitimidad y apoyo, tanto en el congreso como la percepción de la sociedad. El tercer punto aduce que el presidencialismo tiene una lógica de ganador único que no es favorable para la estabilidad democrática, pues cuando se logra la victoria de la elección se asegura el mandato por el tiempo legislado, que en México es de seis años, lo cual conlleva a ignorar el proceso de construir coaliciones y apoyos de la oposición para fortalecer su plan de gobierno. El cuarto problema,  es que “el estilo presidencial de la política” es menos favorable para la democracia que el parlamentario, pues al presidente se le exige cumplir la doble función de ser jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez, lo cual abruma al titular del Ejecutivo y al mismo tiempo lo tienta a mantener una actitud intolerante hacia la oposición. 

La administración pública y su gestión en temas volcánicos como la reparación de la línea 12 del Metro, su desempeño personal sobre la administración capitalina, la reconstrucción de aliados en el gabinete encargado de la operación electoral y, los ajustes en su relación con el congreso, marcarán la segunda parte del sexenio del presidente de la República, quien busca rescatar su proceso de sucesión presidencial para conducirlo él mismo, según la retórica de un régimen hegemónico que no existe más y, en medio de actores sociales, civiles y políticos dispuestos a disputar la élite política en medio de un orden político con una sociedad libre, crítica y cada vez más informada. 

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