Escucha Senado voces para reformar Alerta de violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2020.- Para hacerla un mecanismo realmente eficaz, organizaciones de la sociedad civil y expertas de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres hicieron observaciones a la minuta en la materia aprobada por la Cámara de Diputados.

En el proceso de dictaminación, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, escuchó diversas voces de especialistas agilizar el mecanismo, así como aspectos de presupuesto, plazos y definiciones.

La doctora Teresa del Carmen Incháustegui Romero conminó a agregar en el documento el término “niñas” para incluir y visibilizar a este sector vulnerable, así como la práctica de la violencia institucional. 

Agregó que la Alerta de Género no debiera ser solamente reducida a la violencia feminicida, también los delitos sexuales que son objeto de preocupación en los lugares donde los índices están por encima del promedio nacional.

“El Senado de la República está obligado a dar las herramientas necesarias para que la Alerta de violencia de género cumpla con los propósitos para los cuales los creamos en el año 2006”, refirió la senadora de Morena. 

En mesa de trabajo de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados y en la cual participaron varias organizaciones  especialistas en la materia que este día se dieron cita en el Senado, este martes se analizó puntos fundamentales como: 

La redefinición en el artículo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, la conformación de un comité para atentar la solicitud de la alerta, la elaboración de indicadores de impacto y resultados, la adición de un artículo 23 quáter que incluye la participación activa de los organismos y organizaciones solicitantes de todo el proceso del mecanismo, y lo relativo en la relación del daño y lo conducente a los tratados internaciones respecto los derechos humanos.

Las expertas en la materia coincidieron que se debe de incluir un plan de acciones inmediatas en materia de atención, prevención, seguridad, acceso a justicia y un programa para erradicar las fuentes de violencia que se han detectado.