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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de junio de 2025.- Desde el 2010, la Escuela Técnica Profesional en Podología (EMPT) fue reconocida como una de las más prestigiosas del país. Contaba con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), EMPT-1817-010-2010, instalaciones adecuadas, plataformas educativas en línea, y presencia en al menos 19 estados de la República.
A simple vista, todo parecía estar en regla. Boletas, credenciales, diplomas, cartas de pasante y una sólida plantilla docente convencieron a cientos de estudiantes de elegirla como la mejor opción para profesionalizarse en el área de la salud podológica.
Sin embargo, la confianza depositada en la institución comenzó a resquebrajarse tras el fallecimiento de su fundador, el podólogo José Guillermo de la Paz. Su muerte destapó una presunta lucha interna por el control administrativo y financiero de la escuela, lo que provocó una parálisis total en los trámites de titulación. Su hijo, Alejandro de la Paz, cedió el control a Jadille Elvira Estrada Yaver, quien se presentó ante los estudiantes como la nueva encargada del área de Control Escolar, según un comunicado emitido los alumnos afectados.
Desde entonces, los egresados que culminaron sus estudios entre 2019 y 2023 han enfrentado un auténtico viacrucis. A pesar de haber realizado prácticas profesionales, exámenes finales, tesinas y servicio social, no han logrado obtener sus títulos ni cédulas profesionales. Las respuestas por parte de las autoridades educativas han sido evasivas o directamente inexistentes.
La situación es aún más grave debido a las consecuencias legales y económicas que enfrentan los afectados. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han realizado inspecciones en consultorios y clínicas donde ejercen informalmente, y al no contar con documentos que los acrediten como profesionales, han sido multados, suspendidos o clausurados.
Además, la falta de titulación ha significado el cierre de puertas laborales en instituciones de salud pública, clínicas privadas y programas gubernamentales. “Nos están dejando fuera de los programas de salud impulsados por el gobierno federal, especialmente los nuevos planes anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum”, señalan los afectados.
“Nos están quitando la oportunidad de poder participar en los programas de salud que en últimas fechas ha fomentado el gobierno de la presidenta», manifestó Erika Valdez egresada de la institución.
“Estamos dispuestos a que nos evalúen o a realizar cualquier prueba ante alguna institución competente”, indicó Raúl Vicente Falcón, otro estudiante afectado.
«No somos responsables del desorden de las autoridades involucradas”, indicó Rosario Ruiz Flores.
En 2023, un grupo de 150 egresados inició una demanda colectiva representada por la abogada Alicia Álvarez Macías. Con el tiempo, y ante las múltiples complicaciones legales y económicas del proceso, algunos abandonaron el litigio. Ahora 105 estudiantes mantienen la lucha legal activa. Aunque han ganado 31 amparos, el Estado aún se niega a liberar los documentos profesionales, sin ofrecer justificación alguna.
El Gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, ha sido duramente criticado por su pasividad ante el caso.
Los estudiantes afectados no exigen privilegios ni compensaciones económicas. “Estamos dispuestos a ser evaluados, a realizar cualquier trámite adicional que sea necesario, pero no somos responsables del desorden administrativo que provocaron las autoridades educativas y escolares”, recalcan.