Especialista llama a fortalecer, no debilitar, el sistema electoral

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero de 2026.- En medio del debate sobre una posible reforma electoral, la especialista del Tec de Monterrey Xóchitl Pimienta considera que, si bien el sistema electoral es perfectible, no requiere cambios rupturistas ni concentradores de poder, sino ajustes que lo fortalezcan.

En entrevista con Quadratín, la académica añadió que siempre existe margen para actualizar el marco normativo, especialmente en temas de transparencia, rendición de cuentas y representación ciudadana.

A su juicio, una reforma deseable sería aquella que permita a la ciudadanía conocer con claridad cuánto y en qué gastan los partidos políticos, además de fomentar mecanismos que incentiven una mayor participación social.

Plurinominales

Uno de los puntos más controvertidos de la posible reforma es el tema de los legisladores plurinominales y la directora regional del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, subrayó que estos surgieron para garantizar la representación de fuerzas políticas minoritarias, por lo que eliminarlos sería un error.

Suprimirlos distorsionaría la representación democrática, generaría mayorías artificiales y reduciría el pluralismo legislativo”, advirtió, al tiempo que reconoció que sí pueden reformarse para mejorar su funcionamiento.

Respecto al financiamiento de los partidos, Pimienta Franco consideró necesario revisar las prerrogativas actuales y diversificar las fuentes de ingreso, sin depender exclusivamente del presupuesto público.

Propuso que los partidos fortalezcan su vínculo con simpatizantes y demuestren cómo contribuyen al desarrollo ciudadano más allá de los procesos electorales, siempre bajo esquemas estrictos de control y fiscalización.

Reforma impuesta

Alertó sobre los riesgos de impulsar una reforma electoral en el contexto político actual, marcado por la polarización y la falta de consensos.

Y una reforma impuesta, agregó, podría debilitar la legitimidad institucional, aumentar la desconfianza, generar mayor judicialización de las elecciones y provocar conflictos postelectorales, afectando al árbitro electoral y a la democracia misma.