ESTADO CAPITAL: “Levantón”

Sin haber concluido las investigaciones por el “levantón” de 12 jóvenes de Tepito en el  Heaven Bar de la Zona Rosa, y los cuatro muertos en el Gimnasio Body Extreme en la colonia Morelos, el Gobierno del Distrito Federal a cargo de Miguel Ángel Mancera enfrenta una nueva crisis de gobernabilidad en la capital del país.

A penas el lunes pasado, en el marco de la conmemoración histórica de la marcha estudiantil del 10 de junio de 1971, mejor conocida como el “Halconazo”, las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno pusieron en jaque nuevamente al incipiente gobierno mancerista debido a la detención arbitraria de 22 personas, por causar desmanes y daños a la vía pública en el Distrito Federal.

De acuerdo a la denuncia presentada por los familiares de los detenidos, así como por los abogados de la Liga 1 de Diciembre, de los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), del Comité Cerezo México, del Movimiento #YoSoy132, y demás organizaciones sociales se acusó al GDF de violentar las garantías individuales de los jóvenes encarcelados el pasado 10 de junio del 2013.

Sin embargo, queda claro que es la falta de una adecuada operación de inteligencia política lo que pone en riesgo la defensa de los derechos humanos en la capital del país, así como de las garantías individuales de quienes vivimos en el Distrito Federal.

Pero hagamos un breve análisis de lo que ha sido la protesta social en la ciudad de México. El Distrito Federal es la capital del país y asiento de los Poderes de la Unión. No sólo en el Distrito Federal se manifiestan organizaciones sociales con diversa problemática que deben resolver las autoridades de la ciudad de México, sino desemboca también la protesta social por las distintas demandas en el país que al no ser resueltas en sus comunidades y Estados arremeten y desembocan en la ciudad de México.

De ahí que desde décadas atrás el Distrito Federal es el centro de atención ante la llegada de maestros, campesinos, obreros, indígenas y cientos de ciudadanos que arriban al Estado Capital a demandar respuesta a sus quejas y peticiones.

Desde hace 16 años que gobierna la Izquierda en la ciudad de México, antes como fuerza de oposición, y ahora como Gobierno, el sol azteca siempre se han jactado de promover la defensa de los derechos humanos y de pronunciarse por la libertad de manifestación y tránsito, sin embargo estos principios parecieran haberse modificado desde que llegó Cuauhtémoc Cárdenas a gobernar el Distrito Federal en 1997.

El diálogo y negociación política que presidió en su administración y que le siguió con Andrés Manuel López Obrador, es totalmente distinta a la practicada por el ex mandatario capitalino Marcelo Ebrard y ahora su sucesor el ex procurador local, Miguel Ángel Mancera, donde no hay cabida para la protesta social, el derecho a la manifestación y el libre tránsito, o al menos existe una contradicción y una forma de hacer justicia distinta.

Y para muestra basta sólo un botón.

Después de los destrozos y detenciones arbitrarias del 1DMX, el propio Gobierno capitalino pidió al PRD con mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), reformar el artículo 362 del Código Penal local para reducir las penas por el delito de “ataque a la paz pública”, el cual pasó de 5 a 30 años de cárcel a de 2 a siete años de prisión, razón por la cual los jóvenes del Movimiento #YoSoy132 salieron libres en diciembre pasado.

Asimismo, el pasado 25 de marzo del año en curso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal salió publicado el acuerdo 16/2013 de la SSP-DF, que se denomina: “Protocolo de Actuación Policial para el Control de las Multitudes”, por medio del cual se pretende el restablecimiento del orden público bajo la premisa de la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, las detenciones cometidas ahora contra 22 personas parecieran tener una aplicación de la ley distinta, porque los jóvenes detenidos parecieran no ser a fin al PRD sino un grupo de provocadores.

A seis meses de distancia, con un Código Penal a modo, y un protocolo para atender la protesta social por parte de la SSP capitalina, sólo le queda al joven mandatario poner a trabajar a su inteligencia política, o a lo que queda de ella, la cual existe en estructura pero que dejó de operar desde la salida de AMLO y se convirtió en una simple área de monitoreo de la Secretaría de Gobierno y que responde al mando de la SSP-DF.

El secreto de AMLO fue simple, diálogo previo con los manifestantes, negociación política con los sectores sociales, la atención del ciudadano, un gobierno de puertas abiertas y no como ocurre ahora  “represión, contención y garrote en mano”.

El tabasqueño puso el ejemplo a la mismísima Secretaría de Gobernación, y logró dar un escape a la gran presión social por el mal gobierno panista de Vicente Fox, y desactivo la inconformidad que le llegaba a la capital del país y con la cual se pretendía desestabilizar a su gobierno.

Al tiempo veremos quién pagará el costo de la criminalización de la protesta social, los secretarios de Seguridad Pública o de Gobierno locales, o el mismo jefe de Gobierno del Distrito Federal, por no saber atender la demanda social en las calles de la ciudad de México.

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QMX/ma