Estado de los ESTADOS: Cóctel explosivo

Octubre 26, 2010.- Ya sin el menor rubor salen a vista de la opinión pública los asuntos o, mejor dicho, los “acuerdos de Estado”. Y en ellos queda muy clara la postura de la presión de distintos bandos. Los sindicatos exigen al PRI el cumplimiento de la palabra, para ello es que apoyaron a su candidato para que llegara a la Presidencia. En este tema el máximo líder cetemista fue muy claro “somos amigos del presidente, los trabajadores lo ayudamos a llegar”. O sea que nada que ver con la “autonomía sindical”, con la forma en la que se reeligen y menos aún con la fórmula para quedarse con el dinero de las cuotas. Por lo tanto y en virtud de la “cerrazón” de los senadores panistas que se aliaron con la izquierda, resulta que ya no es preferente la iniciativa de reforma a la Ley Laboral y, por lo tanto, a pesar de tanto discurso y enjundia tricolor, puede irse de nuevo a la congeladora.

Esa ha sido la conclusión de quien lidera la bancada de priístas en la Cámara de Diputados, de Manlio Fabio Beltrones, aunque por otro lado y para meter presión han “descubierto” una millonada que no tiene la debida comprobación en las cuentas de Felipe Calderón. En todo esto lo que menos importan son los ciudadanos o los trabajadores o toda la sociedad mexicana. Así que podrán transcurrir los días, y si las peticiones de los panistas no cambian de rumbo, el futuro de Calderón tampoco pueden garantizarlo ni cumplir lo acordado. En medio de todo esto resurgió la figura de Humberto Moreira como amenaza para el empresariado blanquiazul y los empresarios ligados al narco y a la corrupción que supieron ganarse sus aprecios.

Es de esta forma como se está formando un coctel muy explosivo en el que no falta la Suprema Corte de Justicia y los asuntos que, como el de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, siguen entre vaivenes legales. El ex gobernador de Coahuila amenazó con dar a conocer información que sorprenderá a muchos sobre las cuentas y los destinos de la deuda contraída en ese Estado durante su administración. Sus expresiones y el tono de la voz no tienen ningún parecido con los empleados en el pasado reciente, cuando su futuro político brillaba y estaba garantizado.

Sabido es que pese a todo continúa con el respaldo absoluto de Elba Esther Gordillo, incluso su hermano menor de nombre Carlos se encuentra dentro del nuevo “gabinete” de la chiapaneca y es de su círculo cercano. Moreira demanda justicia, dice que al igual que miles de mexicanos que han visto morir a sus familiares. Y, si este sujeto tiene esa petición, ¿cuál tendría que ser la nuestra ante tanta farsa surgida de todos los ámbitos de gobierno? Tema por tema, la situación es la siguiente:

A pesar del hipócrita discurso de los legisladores panistas esgrimido durante la discusión y aprobación de la reforma laboral y la Ley de Contabilidad Gubernamental, la corrupción, la opacidad y la falta de transparencia han caracterizado la gestión de Felipe Calderón. El ejercicio del poder para beneficio personal ha sido su divisa a lo largo de todo el sexenio, al igual que el de su antecesor, Vicente Fox, y el manejo “por debajo del agua” de 387 mil millones de pesos, concentrados en diversos fideicomisos, son tan sólo un ejemplo de ello. No les ha importado dejar en el camino, o en la calle, a miles de trabajadores, con decretos, decisiones y acciones de gobierno que sólo beneficiaron a su círculo cercano, que ejerce una funesta y reprobable actividad de coyotaje. La extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido de los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, que pese a todo han resistido el embate oficial desde Los Pinos, es un caso más que ilustrativo del abusivo ejercicio del poder de la agonizante administración federal.

Ahora, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán la oportunidad una vez más de exhibir de qué lado de la población están y a dónde se ubican sus propios intereses particulares. Ya en múltiples ocasiones dieron fe de que sus decisiones se inclinan a proteger los intereses de los gobernadores en turno y de sus patrocinadores. En el caso de los trabajadores electricistas, tendrán  que volver a definir hasta donde llega la justicia en México o cuáles son realmente las limitantes, fijadas por los poderes fácticos, del máximo tribunal del país. El caso es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le solicitó a los togados de la SCJN que se hagan cargo del amparo que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y en el cual se reconocen las relaciones laborales de esos trabajadores, su derecho a tener patrón sustituto –que debe ser la Comisión Federal de Electricidad-  y en el que se establece que no existió causa para terminar su relación laboral.

Dicho tribunal acordó remitir el expediente a la SCJN luego de que el Servicio de Administración Tributaria y Enajenación de Bienes (SAE) de la gestión calderonista, liquidador de Luz y Fuerza del Centro, impugnó la sentencia, emitida el 13 de septiembre del año en curso. Fue Humberto Cavazos Chema, representante legal del SAE, quien interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1337/2010, que promovieron los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, que dirige Martín Esparza, a fin de invalidar la terminación de las relaciones laborales y demandar que la Comisión Federal de Electricidad asumiera su responsabilidad como patrón sustituto de los trabajadores electricistas.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito amparó a los electricistas y resolvió que la “Junta responsable, indebidamente, consideró procedente aprobar la terminación de las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, por existir supuestamente una causa de fuerza mayor o caso fortuito, sin advertir que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro se sostuvo con la incosteabilidad financiera, además de que no advirtió que al utilizar la CFE los bienes de la extinguida, resultó beneficiaria y por ende patrón sustituto”. Con base en los términos de dicha sentencia, la Comisión Federal de Electricidad tiene que recontratar a los 16 mil 599 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro no liquidados, tal y como demanda el Sindicato Mexicano de Electricistas. Además, los empleados que durante los casi tres años de litigio llegaron a su periodo de jubilación, tendrán que ser pensionados y recibir también los salarios devengados durante ese periodo.

Así, los añejos togados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán otra vez la oportunidad de demostrar que son un verdadero pilar del Poder Judicial de la Federación, que realmente imparte justicia, o de ratificar que son sólo integrantes de una “Tremenda Corte” que sólo responde a los intereses de los mandatarios en turno.

 

OPACIDAD CONTRA TRANSPARENCIA

En la Cámara de Diputados, los legisladores del PAN argumentaron que la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental es un factor importante para la democracia, antes de que se aprobara en lo general y en lo particular, con 447 votos a favor y uno en contra –del petista Ricardo Monreal-, la Ley de Contabilidad Gubernamental, que favorece la transparencia y busca atacar la discrecionalidad de los gobernantes. Esta legislación incluye sanciones administrativas y penales de dos a siete años de prisión, así como multas de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente, a quien cauce daño a la hacienda pública o el patrimonio del ente público respectivo. La minuta correspondiente fue turnada al Senado para que sean revisadas las modificaciones hechas por los diputados en el dictamen y definan si las aceptan o no.

En contraste, en la Cámara alta, los legisladores del PRI acusaron a Felipe Calderón de mantener en la opacidad el manejo de más de 367 mil millones de pesos, concentrados en diversos fideicomisos, a pesar de que la ley vigente en la materia obliga a la transparencia y rendición de cuentas de ese dinero público. Los priístas argumentan que “de esos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos, 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos y 12 mil 70 millones 400 mil pesos a los actos jurídicos análogos”.

El gobierno federal controla directamente el 97 por ciento de esos recursos, ya que la participación de los gobiernos estatales se limitó a esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector privado se beneficio con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos. El 85 por ciento del total de esos recursos públicos se concentran en los denominados actos jurídicos sin estructura.

Los senadores priístas sostienen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende evadir su responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización de recursos públicos, al intentar poner como marco de protección disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con una interpretación indebida de éstas.

Por lo que toca a la minuta de la reforma laboral que regresó el Senado de la República a la Cámara de Diputados, ésta perdió su calidad de “iniciativa preferente”. Por tal razón, será turnada a la Comisión de Trabajo para su estudio y dictamen y allí estará “el tiempo que sea necesario para sacar una muy buena ley”, advirtió Manlio Fabio Beltrones coordinador de los diputados priístas.

El sonorense destacó que Enrique Peña Nieto contará con una legislación del Trabajo moderna, con democracia y estabilidad laborales. Los priístas, insistió, tienen el compromiso de darle a México una reforma laboral que salvaguarde los derechos de los trabajadores y de la estabilidad laboral.

Las declaraciones de Beltrones no cayeron nada bien en la bancada panista. Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, dijo que el PRI para la reforma laboral porque rechaza la modificación de los senadores para democratizar a los sindicatos, y exigió que la Comisión del Trabajo se reúna lo antes posible para aprobarla.

 

PANISTAS SIN EXPERIENCIA Y CON COLA

Son trece legisladores de Acción Nacional que presidirán comisiones en la Cámara de Diputados. Algunos cuentan con antecedentes y experiencia en las materias que habrán de abordar en este importante trabajo legislativo; otros tienen antecedentes oscuros que vale la pena repasar. Legisladores del PAN presidirán  las comisiones de Hacienda, Seguridad Pública, Asuntos Indígenas, Turismo, Economía, Transportes, Cultura, Fortalecimiento al Federalismo, Salud, Cambio Climático, Desarrollo Rural, Juventud y Prácticas Parlamentarias y Régimen y Reglamentos:

En la Comisión de Desarrollo Rural quedó el ingeniero veracruzano Víctor Serralde Martínez, quien ha trabajado como operador de los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedesol), entre los que se encuentra “Pisos Firmes”, “Oportunidades” y “Hábitat”, en la zona de la Sierra Zongólica, una de las más pobres del país. De hecho a este cuestionado legislador se le conoce como “el zar de los pisos firmes” y su fortuna económica es muy cuestionada en la región de donde es representante en el distrito 13 con cabecera en Huatusco. Es también muy cuestionado su pasado y sus opositores ponen en duda su verdadera identidad, pues sostienen que cambio de nombre, aunque no lo hayan probado. Serralde fue también responsable de manejar los recursos financieros de la campaña de Miguel Ángel Yunes Linares en el distrito de Córdoba.

Guillermo Anaya estará a cargo de la Comisión de Seguridad Pública. Este abogado y maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana de la Laguna ha sido diputado local y federal,  presidente municipal de Torreón, Coahuila, y Senador de la República. Fue candidato a gobernador en el pasado proceso y perdió ante Rubén Moreira. En 2007, Anaya fue acusado por el entonces gobernador Humberto Moreira de tener vínculos con el narcotráfico y se le ligó con uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo. El semanario proceso publicó una información en la que se aseguraba que existía un lazo familiar entre él y Sergio Villarreal, alias “El Grande”, quien fue arrestado por la PGR. Adolfo Villarreal Barragán, hermano de ese jefe narco, estuvo casado con Elsa Anaya LLamas, hermana de Guillermo Anaya. El narcotraficante estuvo en el bautizo de la hija del legislador en 2006, evento al que asistió el entonces presidente electo, Felipe Calderón, quien fue padrino de la menor.

A cargo de la Comisión de Economía quedó el contador público egresado del ITESM Mario Sánchez Ruiz,  quien se ha dedicado fundamentalmente a la actividad empresarial en el terreno de la construcción y gasolinero. Fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), a cuyos intereses responde. Sánchez Ruiz fue coordinador de las redes empresariales en la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota.

Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, a cargo de la Comisión de Turismo, es un protegido de Rodolfo Elizondo de cuya mano llegó hasta el Senado de la República.  Fue diputado federal y candidato a Presidente Municipal de Victoria de Durango, cargo que perdió. También fue delegado del IMSS en Durango. Fue coordinador de agenda y eventos presidenciales en el mandato de Vicente Fox. Este licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana no sabe nada de Turismo.

La Comisión de Salud quedó a cargo de Isaías Cortés Berumen, un ingeniero industrial egresado de la Universidad de Guadalajara y maestro en Administración con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Su perfil profesional y académico no tienen relación con la comisión que habrá de presidir. Como diputado local, fue señalado por ser el más faltista en el periodo 2010-2011. En 16 meses y 69 sesiones, sólo utilizó la tribuna durante 2 minutos con 40 segundos.

Ramón Antonio Zampayo Ortiz es el presidente de la Comisión de Cambio Climático. Es un contador público tamaulipeco, con maestría en Derecho Constitucional, ligado a la iniciativa privada: fue consejero de Canacintra, presidente del Centro Empresarial de Matamoros y dirigente del PAN en Tamaulipas. Fue presidente municipal de Matamoros y diputado local. Su perfil profesional no tiene nada que ver con sus nuevas responsabilidades.

El guanajuatense Juan Carlos Muñoz estará a cargo de la Comisión de Transportes. Fungió como presidente de la Fideicomiso Expo Bicentenario Guanajuato y presidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), cargo al que fue electo para el periodo 2012-2013. Responde fundamentalmente a intereses empresariales.

La Comisión de Hacienda será presidida por Isabel Trejo Reyes, quien es un contador público y auditor egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con estudios en las universidades de Guanajuato y Tamaulipas. Fue diputado local y federal en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y presidió la Comisión de Hacienda del Senado de la República en la legislatura pasada. Es propietario del equipo de segunda división de futbol Águilas reales de Zacatecas.

La Comisión de Asuntos Indígenas será presidida por la oaxaqueña zapoteca Eufrosina Cruz, originaria de Santa María Quiegolani, cuya presidencia municipal ganó en 2007 pero su triunfo fue anulado porque las leyes tradicionales estipulaban que las mujeres no podían ser electas al cargo. Es contadora pública  y fue diputada local y presidenta del Congreso de Oaxaca, convirtiéndose en la primera mujer indígena en presidirlo.

En la Comisión de Cultura fue designada presidenta Margarita Saldaña Hernández, quien llegó a la Cámara baja por la vía plurinominal. Es licenciada en Escultura por la Escuela Nacional de Artes Pláticas La Esmeralda, aunque se ha dedicado más a la actividad política que a la actividad cultural de la que ha estado desligada. Fue diputada federal en la LIX Legislatura, diputada local y delegada de Azcapotzalco.

La Comisión de Fortalecimiento al Federalismo quedó a cargo de Arturo Salinas Garza, quien también llegó por la vía plurinominal. Es un  abogado regiomontano egresado del ITESM y maestro por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue diputado local y delegado federal de la Secretaría de Economía. Es hijo de Arturo Salinas Salinas quien fue magistrado y presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

José Luis Oliveros Usabiaga, alias “Chelis”, estará a cargo de la Comisión de Juventud. Es un abogado guanajuatense egresado de la Universidad Latina de México y su carrera política ha estado relacionada con el trabajo con los jóvenes al interior del PAN. Su experiencia en la administración pública es mínima pues sólo ha sido director jurídico y delegado federal del Registro Agrario Nacional.

En la Comisión de Prácticas Parlamentarias quedó Marcos Aguilar Vega. Es abogado y maestro en Derecho Constitucional; fue diputado local y magistrado del Tribunal de Responsabilidades Administrativas de Querétaro; también se desempeñó como secretario de la Contraloría y secretario ejecutivo de la Comisión de Transparencia de Querétaro.

DE LOS PASILLOS

Durante una entrevista para el periódico “Vanguardia” de Coahuila, el ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, exigió investigar empresarios que han hecho fortuna a costa de negocios con el crimen organizado, a quienes señaló de ser corresponsables de la muerte de su hijo, José Eduardo, y de miles de mexicanos ejecutados a lo largo de este sexenio. El ex gobernador coahuilense exigió una cacería contra los “narcoempresarios” de la zona carbonífera de esa entidad, quienes, dijo, “se la dan de santones aquí en el pueblo, en el estado… se codean con la sociedad, se han hecho millonarios a partir de su trato con los narcotraficantes. A ésos quiero ver en prisión”, subrayó.

Al igual que los miles de padres de familia que se han enlutado con esta guerra contra el crimen organizado, Moreira exigió justicia y advirtió que “la cacería” no termina con la detención de los homicidas de José Eduardo. Demandó atacar a aquellos que por hacer una fortuna financiando al crimen organizado lo dotaron de dinero para comprar armas y vehículos, sobornar a autoridades, para reclutar sicarios y pagar con eso la muerte de miles de personas. Humberto Moreira les mandó un mensaje: “cerdos, pónganse a temblar…”. El político coahuilense también informó que de manera oficial le fue comunicado que el asesinato de su hijo José Eduardo fue producto de una venganza de “Los Zetas”, luego de que la policía estatal abatió al sobrino del “Z-40”.

Parte de guerra: la procuradora general de la República, Marisela Morales, sigue con sus purgas internas: efectivos de esa dependencia realizaron diligencias ministeriales relacionadas con la investigación de actos de corrupción de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), dependiente de la PGR, en las bases de Cuernavaca, Guadalajara y el Distrito Federal, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fueron desplegados 230 ministerios públicos, peritos y elementos de la Policía ministerial… En distintos puntos del municipio de Ecatepec, Estado de México, fueron localizados los cadáveres de siete personas, seis hombres y una mujer. Los cuerpos estaban totalmente desnudos, atados de pies y manos y con un tiro en la cabeza…En la jardinera de la Unidad Habitacional La Colmena, en Iztapalapa, D. F., fue ejecutado un hombre de 32 años con varios disparos en el cráneo… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.

QMX/la