Estado de los ESTADOS: Decepción

Enero 25, 2013.­- Satisfacción y alegría en Francia; frustración y decepción en México. Ese es el resultado del cumplimiento del pacto entre Enrique Peña Nieto y el presidente francés Francois Hollande, asumido el pasado mes de octubre por el entonces presidente electo de México en el Palacio del Elíseo, en donde se comprometió a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) azteca “desempantanara” la relación bilateral entre México y Francia que había provocado el caso de Florence Cassez, juzgada y sentenciada en México a 60 años de prisión por participar y pertenecer a una banda de secuestradores, denominada “Los Zodiacos”. El caso sirvió también en nuestro país para establecer una cortina de humo para que no se conocieran los detalles del caso Monex y el rebase de gastos en los topes de campaña del PRI y de su candidato, Enrique Peña Nieto, en la pasada elección, que empañan totalmente el presunto triunfo del mexiquense y le restan legitimidad a su mandato.

Los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación demostraron una vez más su subordinación a los intereses del Poder Ejecutivo, con un fallo que otorgó la libertad a la ciudadana francesa Florence Cassez, al revisar únicamente el proceso al que fue sometida en la detención registrada en 2005, pero que nunca abordó su presunta inocencia o culpabilidad, por lo que la justicia como tal quedó totalmente relegada al discurso, al no escucharse las voces de las víctimas que la identifican como culpable. Además, queda como asignatura pendiente para la justicia mexicana la investigación y sanción a las autoridades mexicanas involucradas en el “montaje” de la captura de Cassez, es decir, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), encabezada por Genaro García Luna, el secretario de Estado consentido y protegido del ex presidente Felipe Calderón.

Tanto el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, como legisladores del PRD en la Cámara de Diputados, exigieron que se investigue y se sancione a los funcionarios que incurrieron en las irregularidades en la captura de Cassez y que al final de cuentas permitieron a los togados otorgarle la libertad, a pesar de su culpabilidad determinada por jueces de diferentes instancias del Poder Judicial. Plascencia subrayó que “los servidores públicos involucrados deben ser investigados y por supuesto sancionados. Deben tomarse medidas para evitar este tipo de procederes o será un cuento de nunca acabar”. Plascencia consideró que la resolución de la SCJN “es un fallo que sin duda tiene un gran impacto en materia de justicia particularmente porque ahora observamos como en este tema las víctimas que sufren las consecuencias de delincuentes pues ahora también tienen que enfrentar las consecuencias de una justicia que no logra debidamente acreditar las responsabilidades de quienes cometen un delito y que por faltas de procedimentales propicia la libertad de los delincuentes, situación, sin duda, lamentable”.

También el diputado perredista Luis Espinoza Cházaro sostuvo que la fracción parlamentaria de su partido en la Cámara baja promoverá una demanda de juicio político y una denuncia penal contra el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y otros ex funcionarios federales, por su responsabilidad en las irregularidades del proceso contra Florence Cassez. El legislador puntualizó que “estamos valorando un juicio político contra Genaro García Luna por las actuaciones que él mismo reconoció en un montaje mediático que fue parte de las violaciones que dan pie al amparo liso y llano para Cassez”.

Espinoza Cházaro llamó a los otros grupos parlamentario a respaldar los recursos legales contra García Luna, sin consideraciones de carácter partidista. Advirtió que “el PRD no va a dejar pasar esta situación tan vergonzosa; es increíble que por la actuación de algunos funcionarios, por protagonismos, por montajes mediáticos, se hayan violado derechos que, de haber sido procesados correctamente, de haber tenido el cauce legal indicado, hoy estaríamos ante otra situación”. También el priista Manuel Añorve, vicecoordinador de los diputados del PRI, se manifestó por sancionar a los responsables de las violaciones al debido proceso.

A través de un comunicado, el panismo destacó que “los derechos de las víctimas en México han quedado vulnerados” y acusó que los ministros “minimizaron los testimonios de las víctimas que han sido contundentes: todos identifican a Florence como integrante de la banda de secuestradores Los Zodiacos, acusada por lo menos de10 plagios y la muerte de una persona”. Acción Nacional considera que el mensaje que envía la Corte alerta “retrocesos en la justicia mexicana, y sienta un peligroso precedente de impunidad a favor de criminales y secuestradores”. El PAN hizo un llamado a los ministros de la Corte y al gobierno federal “para que se haga efectiva la división de poderes, la protección de los derechos humanos se cumpla en los términos que fue promulgada la reforma constitucional en el pasado sexenio, y la aplicación de penas privativas de la libertad se juzguen cuando se cometan delitos que dañen  los derechos de los mexicanos”.

Hasta Enrique Peña Nieto lamentó que errores hayan impedido determinar la culpabilidad o inocencia de Florence Cassez. El titular del Ejecutivo Federal giró instrucciones a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que tanto las acciones que tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como del Ministerio federal, se lleven a cabo con estricto apego a derecho con el propósito de garantizar el debido proceso y evitar que faltas en él repitan casos como el de la francesa Florence Cassez.

En tanto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvo que el caso de la francesa Florence Cassez está cerrado, pero advirtió que puede derivar en una investigación. El abogado de la Nación destacó que él no sabe si Cassez es culpable o no del delito de secuestro, pero el proceso que se llevo a cabo y concluyó con su liberación, si lastima porque no se llega a una verdad legal sobre inocencia o culpabilidad, producto del mal manejo de una parte de la investigación.

OCULTARON CASO MONEX

Fue el propio dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, quien observó que el caso de Florence Cassez logró distraer la atención para que no se conocieran  detalles del caso Monex y el presunto rebase de gastos en los topes de campaña del PRI en la pasada elección presidencial. Indicó a través de su cuenta de Twiter, @GustavoMadero: “el caso Cassez logra 2 cosas: 1: liberar a una mujer q sus víctimas identificaron como culpable y 2: distraer sobre MONEX y el rebase del PRI”. La dirigencia panista se manifestó en contra de la liberación de la francesa Florence Cassez y acusó a los ministros de la SCJN de no escuchar las voces de las víctimas por lo que se le concedió el amparo “liso y llano”. Madero advirtió que su partido impugnará la decisión del IFE en el caso Monex.

A su vez, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, durante una gira por el estado de Chiapas, lamentó la decisión de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) de exonerar al PRI por el caso Monex. El tabasqueño dijo que el resolutivo del IFE es una prueba de que en México no existe la justicia e impera la corrupción y la impunidad.  Subrayó que es muy grave que no exista justicia en nuestro país, “que las instituciones estén al servicio de la mafia del poder, que no se castiga a quienes tienen las agarraderas o medios para comprar la justicia”. Declaró que “es lamentable que se actúe de esa manera, es una burla, se demuestra que Peña Nieto lavó dinero de procedencia ilícita y al final se le exonera al PRI, y no sólo eso, se le otorga el cargo de Presidente de la República”. López Obrador también señaló que “es mucha casualidad” que se hayan tratado al mismo tiempo los casos Cassez y Monex.

El hecho es que mientras se analizaba y se fallaba en la SCJN sobre el caso de la francesa Florence Cassez, el Consejo General del IFE resolvía las quejas presentadas por panistas y perredistas por presunta recepción ilegal de recursos en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, a través de un proyecto elaborado por la Unidad de Fiscalización del propio instituto electoral que proponía declarar infundada la queja bajo los argumentos de que esos 66 millones 326 mil 300 pesos habrían servido para pagar –a través de monederos electrónicos de la institución financiera Monex- estructura territorial, y de que la empresa importadora y Comercializadora Efra y Grupo Comercial Inzzio no habían aportado recursos a la campaña del ahora presidente de la República.

En la discusión, los consejeros Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Lorenzo Córdova y María Marván plantearon sancionar al PRI con 75 millones de pesos por financiar los monederos con un préstamo de más de 66 millones de pesos que le otorgó la empresa Atama y no haber acreditado el destino dado a esos recursos, ambas cosas prohibidas por la ley. En tanto, Marcos Baños, Francisco Guerrero y Leonardo Valdés, presidente del IFE, se pronunciaron por no sancionar al PRI. Macarita Elizondo se puso de lado, en la votación, de quienes pedían absolver al PRI y empató la votación, cuatro a cuatro. Fue el voto del ex secretario general del CEN del PRI, Sergio García Ramírez, el que salvo a los priístas de ser multados.

No obstante que meses atrás García Ramírez había anunciado que se excusaría de intervenir en el tema por tener amistad con la familia Fraga, investigada en el caso Monex, al empatarse las posiciones, el consejero regresó al pleno y votó a favor del proyecto de la Unidad de Fiscalización que le permitió al PRI salir absuelto. Los representantes del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, denunciaron que la propia Unidad de Fiscalización no había logrado identificar el destino de los recursos, acción que por ley deben acreditar los partidos. Criticaron que el PRI recibiera un préstamo indirecto por parte de una institución que legalmente no está acreditada para ello.

Aunque el caso aún puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),  todo mundo sabe que los magistrados de dicho tribunal sirven para lo mismo que los consejeros del IFE, para lo que se le unta al queso: para nada. No obstante, queda claro que el PRI y Enrique Peña Nieto ganaron de forma incorrecta la Presidencia de la República, lo que resta legitimidad al mandato del mexiquense.

En el Congreso, la oposición lamentó el fallo del IFE en el caso de las tarjetas Monex, y demandaron que en el marco del Pacto por México se firme un compromiso para evitar irregularidades en el manejo de los recursos en los comicios de este año. Para la diputada perredista y “pura de izquierda”, Amalia García, es “inaceptable” el fallo del IFE.

Legisladores como el petista Rafael Huerta Ladrón de Guevara advirtieron que analizarán la posibilidad de emprender un juicio político en contra de los consejeros electorales del IFE. El legislador expuso que los consejeros tienen conocimiento de que pueden caer en responsabilidad por encubrimiento, por lo cual les pueden fincar responsabilidades e inclusive llegar a un juicio político por no haber contemplado la equidad y legalidad del artículo 41 de la Ley Electoral.

Para los panistas Javier Corral y Roberto Gil, el IFE está obligado a esclarecer las irregularidades en el rebase del gasto de campaña y “limpiar” así la elección del 2012. Coincidieron que su decisión atenta contra su propia credibilidad como autoridad.

Roberto Gil adelantó que una de las prioridades legislativas del PAN en el Senado es establecer, a través de una reforma., que el rebase de gastos de campaña sea una causal de nulidad. En tanto, consideró que el PRI debe ser sancionado económicamente conforme a la ley.

También el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que los consejeros electorales no estuvieron a la altura de sus responsabilidades y advirtió que pueden ser incluso sujetos de señalamientos. El dirigente de oposición subrayó que “vamos a seguir insistiendo en que tengamos reformas importantes que eviten que se evada la ley, que se burle la ley y que se llegue a como dé lugar a la Presidencia de la República”.La dirigencia nacional del Sol Azteca anunció que buscará que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eché abajo la resolución del IFE sobre el caso Monex.

A su vez, el dirigente nacional de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), Martí Batres,  consideró que la exoneración al PRI y a Enrique Peña Nieto es una carta abierta al tricolor para que continúe utilizando recursos ilícitos en campañas electorales. Batres advirtió que agotarán todas las instancias nacionales e internacionales sobre este asunto y no descartó que el IFE pretenda triturar las boletas electorales, como ya definió hacer con las de 2006.

VA PRI POR IP EN PEMEX

A la decepcionante actuación del PRI en su regreso al poder federal, se va a sumar la intentona de la actual dirigencia nacional de ese partido, que encabeza César Camacho, quien confirmó ya la total subordinación de este instituto político a los proyectos y compromisos de Enrique Peña Nieto, a fin de abrir a la iniciativa privada trasnacional a Petróleos Mexicanos y aprobar en el Congreso gravar medicinas y alimentos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que prohíbe los documentos básicos del Revolucionario Institucional.

En Bahía de Banderas, Nayarit, donde se lleva a cabo la reunión plenaria de los senadores del PRI y PVEM, Camacho Quiroz reveló que para tal efecto llevarán a cabo modificaciones a los documentos básicos del PRI para poder aceptar mayor inversión privada en Pemex y poder gravar con el IVA a los alimentos y medicinas, lo que representará un duro golpe para la ya golpeada clase trabajadora del país. De llevarse a cabo dichas acciones, tal y como lo anunció el ex gobernador mexiquense, se estaría dando una muy mala señal a muchos de los priístas y simpatizantes que votaron por Enrique Peña Nieto y que se opusieron a dichas intenciones manifestadas ya por la administración de Felipe Calderón.

Así, otra decepción por parte de los priístas, aguarda a la vuelta de la esquina a sus militantes y simpatizantes. La mano que mece la cuna en estas cuestiones está pelona y orejona.

DE LOS PASILLOS

A pesar de que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas anunció que la presencia del Ejército se ampliaba a diversas regiones de la entidad, ante el incremento de la violencia en ésta, durante la madrugada de este jueves fueron localizadas 15 bolsas de plástico en cuyo interior se encontraron los cuerpos desmembrados de seis hombres, en las inmediaciones de Santa María Totoltepec, del municipio de Toluca. Las bolsas fueron halladas en una camioneta Voyager, con placas del Estado de México, que fue localizada en el fraccionamiento El Olimpo.

Ese hallazgo se suma al del miércoles pasado, cuando se encontraron los restos de otras seis personas empaquetas en 10 bolsas de plástico en la colonia Del Parque, en Toluca, Estado de México, con lo que suman 12 personas desmembradas en dos días. En el exterior del vehículo ubicado en Totoltepec yacía colgada una manta con un mensaje de la agrupación criminal La Familia Michoacana presuntamente dirigido al gobernador Eruviel Ávila , donde se acusa a mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de brindar apoyo al grupo denominado Los Guerreros Unidos.

También en el municipio de Nezahualcóyotl, un hombre fue ejecutado de varios disparos en la colonia Benito Juárez. Junto al cadáver, los sicarios dejaron un mensaje intimidatorio. Y en el municipio de Tlanepantla, en la colonia Tequesquináhuac Parte Alta,  las autoridades encontraron el cadáver de otro hombre que presentaba diversas heridas de bala en el cuerpo.

La estrategia implementada desde la administración de Felipe Calderón contra las organizaciones criminales que se disputan rutas y mercados en el país sigue aplicándose sin cambios, por lo que se obtienen los mismos resultados: nada. El alcalde de Naucalpan, David Sánchez, dio a conocer que a partir de este viernes, el Ejército ampliará sus patrullajes a los municipios de Tlanepantla, Huixquilucan y Naucalpan. Hasta ahora los patrullajes se realizaban sólo en Ecatepec y Zinacantepec, donde se registró la ola de ejecuciones en las últimas semanas.

En lugar de realizarse labores de investigación e inteligencia, la administración de Eruviel Ávila hace una apuesta fallida en los retenes, lo cuales se instalaron en las carreteras Toluca-Atlacomulco, Toluca-Temascaltepec, Toluca-Naucalpan y Toluca-Zitácuaro, así como en la vías Alfredo del Mazo, José López Portillo, Calzada del Pacífico, Adolfo López Mateos y Las Torres.

En cambio, en el estado de Guerrero, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Gómez Ortega, llegó a la conclusión de que es necesario cambiar la política de la Operación  Guerrero Seguro (OGS) en cuanto a la estrategia de seguridad y no descartó que la autodefensa instrumentada en comunidades guerrerenses pudiera extenderse a otras ciudades o municipios de la entidad.

Ante senadores del PRI y PVEM, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció la posibilidad de renunciar por única ocasión, a la presentación de dos reformas preferentes a fin de que sea el Pacto por México el que defina las iniciativas prioritarias que serán abordadas por el Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones…. Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.

QMX/la