Estado de los ESTADOS: Espectáculo tabasqueño

Junio 13, 2013.- Tras 30 horas de diligencias ante la Procuraduría General de la República (PGR), lo que se convirtió en un gran espectáculo mediático, el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, concluyó sus declaraciones en torno a las acusaciones por un quebranto de 2 mil 400 millones de pesos al erario de Tabasco, del cual se dijo inocente y, al no estar en calidad de detenido, quedó libre para irse a su casa. Policías federales ministeriales lo resguardarán hasta su traslado y presentación este viernes por la tarde con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco. Por su lado, el gobernador perredista Arturo Núñez sostiene que hay evidencias documentadas por instancias federales, estatales y privadas que sustentan que “si hay un quebranto brutal, criminal” en la entidad cometido en la administración pasada de Granier.

Fue la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, quien confirmó que pese a todo Andrés Granier “en este momento no está en calidad de detenido, estaba en calidad de presentado, y nos ha solicitado la vigilancia y el apoyo para garantizar su seguridad, y es en consecuencia de eso y a petición de la Procuraduría estatal, que nosotros daremos el resguardo debido del señor Granier, pero él no está detenido, él en este momento se podrá ir a su casa. Sin embargo, va a estar bajo supervisión y vigilancia de nuestros elementos, y vamos a trasladarlo al estado de Tabasco”.

La funcionaria aclaró que “no tenemos una autorización para arraigarlo” pero subrayó que “la investigación está abierta, tenemos programadas varias diligencias dentro de esta averiguación, si en algún momento consideramos requerir de nuevo al señor Granier  así lo haremos”. A diferencia de lo que sucede con cualquier otro hijo de vecino, al ex gobernador Andrés Granier se le han dado todas las facilidades para que se defienda de las imputaciones que le ha hecho el gobierno de Arturo Núñez, lo que ha sido aprovechado por los abogados del ex mandatario priísta, quienes difundieron las declaraciones del “químico” en el sentido de que las acusaciones en su contra tienen un corte político.

A partes fundamentales de dicha declaración se les ha dado un gran vuelo mediático, como la siguiente: “de manera inmediata a la asunción del poder por parte del gobernador en turno se ha desplegado una campaña de desprestigio, descalificación que ha tenido una buena divulgación en los medios de comunicación. A la par, se ha hecho un empleo de las instituciones y leyes penales con un ánimo persecutorio en mi perjuicio”.

Para el gobernador Arturo Núñez, los argumentos presentados por el ex mandatario priísta es “un acto desesperado porque no tiene con qué asirse”. El actual mandatario de la entidad sostiene que hay evidencias claras que demuestran el desfalco por parte de la administración de Andrés Granier. Durante una entrevista al final de una reunión con Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Núñez dijo que independientemente de que en Tabasco hay problemas de déficit fiscal y, en efecto, hubo duros quebrantos para atender las inundaciones en los años recientes, se trata de un caso de “problemas de latrocinio, robo descarado, y de saqueo abierto de recursos públicos”.

Núñez insistió en que se han documentado casos que sustentan el desfalco de mil 900 millones de pesos, más otros 500 millones que fueron a dar a una cuenta concentradora, por lo que se está hablando de 2 mil 400 millones de pesos, de hechos originados desde antes de 2012, es decir, una conducta reiterada y sistemática, continua, permanente. El gobernador tabasqueño destacó que el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal,  le ha entregado reportes del trabajo de contraloría aplicado en 2010, 2011 y de los resultados preliminares de 2012, que confirman parte de las irregularidades detectadas.

El gobernador Arturo Núñez, quien dio garantías plenas de seguridad al ex gobernador Andrés Granier y a los integrantes de su entonces equipo de trabajo para que se presenten a declarar a las instancias locales, dijo que esto no se trata de un asunto de partidos. “Es un asunto de honestidad o deshonestidad en el manejo de recursos públicos”, puntualizó.

Ahora que, de manera extraoficial quienes están empeñados en lograr que don Andrés salga bien librado de las acusaciones y hasta se dé el lujo de limpiar su nombre, hablan de la serie de conversaciones que ha tenido con el alto mando nacional, con los cercanos, con los que emiten opiniones que mayoritariamente no sólo son escuchadas sino cumplidas, en las que sitúan en la memoria, en el recuerdo, cantidades que fueron “aportadas” de manera obligada al tricolor y señalan que también hubo mucho dinero empleado sin frutos para que los priístas conservaran el poder estatal. Esta, dicen, es la carta debajo de la manga por la que sabemos que todo irá bien y a favor de Granier.

Son varios los argumentos que ha escuchado Arturo Núñez, provenientes de las reuniones sostenidas tanto con Miranda como con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en las que se exige que cada acusación contenga la comprobación correspondiente lo cual ha sido una garantía ofrecida por el tabasqueño quien además ha sido reiterativo en su objetivo, que no es otro que llevar a las arcas de la Entidad el dinero sustraído ya que desde su campaña fue muy claro al señalar que de ninguna manera se emprendería una cacería de brujas pero que serían debidamente auditados los recursos y se castigaría el mal uso de ellos.

Al escribir esta líneas se reportó que en un operativo que no fue detectado por los representantes de los medios de comunicación, agentes de la PGR condujeron a un sitio desconocido al ex gobernador de Tabasco, y de acuerdo con versiones que surgieron de la SEIDO, pudo haber sido llevado al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para luego ser trasladado a Villahermosa, Tabasco.

URGE ONU RESOLVER IMPUNIDAD

Christof Heyns, relator de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, visitó México del 22 de abril al 2 de mayo, a fin de preparar un informe que presentará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mediados de 2014, que en la práctica se convertirá en una evaluación del desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto en la lucha contra la impunidad y violaciones a las garantías individuales.

Todo parece indicar que este examen no será favorable para el mandatario priísta. Heyns ha adelantado que la impunidad es uno de los temas más urgentes de resolver en México; que la situación de violencia en el país es muy seria; y que el Estado no hace lo suficiente para  que los responsables rindan cuentas. En una entrevista para un diario capitalino, subraya que “el que tengamos unas 100 mil personas asesinadas, de las cuales entre 60 y 70 por ciento estuvieron involucradas en el tráfico de drogas, y el uno o 2 por ciento de los crímenes procesados, nos muestra que hay un enorme problema de rendición de cuentas”.

El también director del Instituto de Derecho Internacional y Comparado en África de la Universidad de Pretoria, manifestó preocupación por la tolerancia que priva ante las múltiples denuncias ligadas al despliegue militar. Destaca que “cuando son acusados, los militares suelen protegerse entre ellos y esa parece ser una de las grandes causas de los elevados niveles de impunidad”. Agregó que “los militares no deben de ser procesados en cortes castrenses si son acusados de violaciones contra civiles”. Dijo que además el país requiere una ley que regule el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policíacas.

El funcionario de la ONU reconoce que por el momento es difícil concluir si los patrones de violencia han cambiado o los asesinatos han disminuido ”pero aún cuando las tendencias llegaran a mostrarse a la baja, sigue siendo una preocupación los niveles tan elevados de impunidad”. Heyns denuncia que hay una gran disparidad entre el discurso político manejado por los funcionarios del gobierno de Peña Nieto, las iniciativas que se han adoptado y la implementación sobre el terreno, pues explica que “el Estado está lejos de cumplir en casa los tratados internacionales suscritos en el marco del respeto a las garantías individuales”.

El relator de la ONU sostiene que la gran prueba para este gobierno “será que todas estas iniciativas, protección de periodistas, mujeres, migrantes, defensores de los Derechos Humanos, se traduzcan en acciones concretas”. También recomendó mejorar la calidad de los servicios forenses y dotar al Ministerio Público de mayor autonomía. Además, dijo, México debe reforzar el control de armas y ratificar cuanto antes el Tratado sobre Comercio de Armas adoptado por la Asamblea de la ONU el pasado mes de abril.

NI PARA DONDE HACERSE

Mientras se continúen presentando reportes como el del relator de la ONU será muy difícil que el gobierno federal recobre la confianza que los ciudadanos han perdido relacionada con la impartición de justicia, más aún cuando se permiten, solapan y hasta se aplauden casos como el del ministros ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimental, relatados ayer en estas mismas líneas, que dejan al total descubierto la falta de moral que acompaña a funcionarios encumbrados y con un poder sin límite para decidir sobre vidas y haciendas.

Se tienen en Quintana Roo ejemplos muy claros de las pifias panistas. Como es sabido en Cancún dieron muerte a unas horas de que tomara posesión como jefe de la policía municipal al General Mauro Tello. En el lugar también murió un sobrino del entonces alcalde Gregorio Sánchez Martínez, parentesco que fue negado por el edil reiteradamente hasta que no tuvo otro remedio que confesar esa existencia. Fueron varios los detenidos y posteriormente ingresados a penales federales y fue dada a conocer su libertad posteriormente porque no lograron sostener los cargos en su contra. El último que permanecía recluido era “el vikingo”, Francisco Delgado Velasco quien en dos ocasiones anteriores tuvo bajo su responsabilidad  la vigilancia del lugar.

Hace unos días también se decretó su liberación y pese a que no solo en esas tierras sino a nivel nacional, dada la importancia de este lugar en materia turística, se aseguró que el Ejército mexicano emprendería investigaciones hasta presentar a los asesinos tanto materiales como intelectuales del mílite, resulta que no han emitido ni una sola opinión con respecto a ésta y a las liberaciones anteriores y mucho menos presentado resultados sobre indagatorias lo que lleva a preguntarse una y otra vez: ¿quién mato al General Tello?  

Ese tampoco es el único asunto pendiente, están los relacionados con los manejos de fondos públicos tanto federales como municipales del ex alcalde Sánchez Martínez y del origen de los recursos que utilizó cuando se encontraba en campaña para llegar a la alcaldía. Una y otra vez aprovecha los foros para hablar de su inocencia y al igual que hemos escuchado a mil sinvergüenzas expresar señala que se trata de venganzas políticas, de acciones de enemigos que no quieren verlo llegar a los “sitios en donde sirvo a mi pueblo”. Sobre esto el único que permanece en la cárcel es su tesorero Carlos Trigos Perdomo.

Nos han revelado que el trato con Trigos es guardar silencio si quiere abandonar la prisión en el menor tiempo. Ese acuerdo señala que la sentencia que se le dictaría sería mínima y parcial la devolución de bienes. Si habla, si denuncia a quien ahora se ha convertido inexplicable e inaceptablemente en candidato a diputado y se atreve a realizar otras revelaciones de cómplices tanto su futuro como el de su familia corre severos peligros. O sea, arreglos al mejor estilo de las mafias, lo cual es totalmente congruente con el comportamiento de estos personajes.

Obviamente que las canonjías para sobrevivir en prisión no se han hecho esperar dado que Trigos Perdomo ha cumplido con lo pactado. Sigue pendiente la deuda con Steve Santander por varias decenas de millones de pesos, asunto en el cual de nueva cuenta quien lucro hasta con la maquinaria para bachear, repite que ha ganado cada instancia y demostrado que la firma estampada en pagarés no es la suya. De nuevo parecen las mentiras al conocerse el expediente en el cual se puede leer todo lo contrario y más ya que incluye las declaraciones de quien fuera otro de sus hombres de confianza, negociador e incluso firmante directo de estos documentos en las que afirma y reconfirma que Gregorio Sánchez Martínez avaló, recibió y por ello firmó los documentos que se reclaman.

Hay una red que la federación tendió sobre este personaje que se asoció con aportaciones importantes con el grupo de “los chuchos” y no dudó en corromper a la dirigencia del Partido del Trabajo para buscar la protección del fuero estatal tanto para su persona como para la de su esposa, la cubana Niurka Sáliva. Ha resultado ofensivo para los ciudadanos escuchar a la señora Sánchez hablar sobre lo malo de la política mexicana y más aún conocer de sus andanzas durante el tiempo de huídas que tenían al ser acusada por tráfico de indocumentados. El comportamiento revelado nos habla de nuevo del actuar de los mafiosos, de los que huyen al extranjero, andan por diversos países y cargan el dinero en maletas.

En tanto estos personajes se mantengan no sólo libres sino que busquen y encuentren la forma de seguir delinquiendo con charola oficial o abusando del poder como son los casos de Góngora Pimental, de Gregorio Sánchez y de muchos otros más de los cuales seguramente a su memoria acuden un sin fin de nombres, no podemos esperar la existencia plena de la impartición de justicia. Menos aún si flagrantemente sujetos como el ex alcalde se dan el lujo de cometer violaciones constitucionales de manera pública, realizando actos de campaña en donde rezar y pedir a Dios revela su ignorancia o rebeldía para acatar al Estado laico. Y si el Ser Supremo les merece tan poco respeto nada bueno pueden esperar los ciudadanos. ¿O si?

Ahora que, su sucesor el también perredista Julián Ricalde, con todo y seguir ocupando la máxima silla municipal ya está recibiendo acusaciones serias y muy directas de la dirigencia estatal de su partido. Julio César Lara señala que la organización carece de fondos  porque Julián está comprometido a entregar al PRI el gobierno y lograr la desarticulación del partido así como su divisionismo. Se preguntan de dónde salieron los fondos para una revista que está diseñada para exaltar al munícipe y sus supuestas obras por ahora y de manera posterior para defenderlo de aquellos que encuentren desviaciones en su cuenta pública.

PACTAN INDAGAR IRREGULARIDADES

A menos de un mes de la elección en 14 entidades federativas y tras las acusaciones de las dirigencias del PRD y PAN contra 10 gobernadores priístas por desvío de recursos, de uso de programas, de proselitismo ilegal -mientras que el PRI hizo acusaciones contra los gobiernos de Baja California, Puebla y Sinaloa-, los integrantes de la Comisión Plural para la Preservación de las Condiciones del Pacto por México, integrada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los dirigentes de los partidos políticos, acordaron esta semana que sólo se atiendan aquellas denuncias “relevantes” y “documentadas”, a fin de darles seguimiento preciso y puntual a cada una de ellas, con el propósito de resolverlas a la mayor brevedad posible.

Los puntos acordados en dicha comisión y dados a conocer a través de un comunicado, son prácticamente los mismos a los que se comprometieron el pasado 7 de mayo, entre los que destaca cerrar temporalmente en los estados en donde habrá elecciones los movimientos de altas y bajas en diversos programas sociales operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En la reunión se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano para que sus colegios en los 14 estados atiendan solicitudes con “total imparcialidad e independencia”.

En esta reunión llevada a cabo el pasado miércoles, los líderes de los partidos de oposición acusaron al Gobierno federal de omisión y vociferaron en contra del presidente Enrique Peña Nieto, al finalizar ésta los dirigentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, exhibieron grandes sonrisas por los acuerdos alcanzados. Y tales expresiones no solo faciales sino sonoras, repicaron con toda la infamia que es posible exhibir ya que quienes encuentran en los recursos federales la forma de llevarse alimento a la boca por unos días ahora no tienen otra que esperar y mantenerse mendingando porque tampoco hay empleo en las zonas rurales como es inexistente en las urbanas.

El dinero de los programas sociales surge del pago de impuestos de todos los mexicanos, las aplicaciones que deben hacerse están respaldadas por el voto de quienes representan a la totalidad de los ciudadanos, de los diputados. Sin embargo, ese adendum firmado y los reclamos exhibidos nos revelan el grado de incumplimiento que existe y las violaciones a la Ley que se cometen siempre y cuando un grupito de “poderosos” determine que no es momento para aplicarlas a plenitud. Las prohibiciones tendrían que ir directas a los partidos políticos y las sanciones aplicadas cuando se presente la coacción al voto. Claro que eso será cuando exista la justicia, se ponga fin a los acuerdos mafiosos, se antepongan las leyes y realmente el beneficio y la tranquilidad ciudadana. Niños, enfermos, lisiados, hambrientos tendrán que esperar, es la decisión de los azules y los amarillos.

Y como una muestra más de la poca disposición que guardan los panistas y perredistas para el cumplimiento de la ley, lo que obviamente incluye lo electoral, está la conferencia de prensa que sostuviera ayer el líder blanquiazul Gustavo Madero en Quintana Roo, en la cual se hizo acompañar de la dirigencia perredista para mostrar públicamente y sin ningún rubor que pese a lo dictaminado por las autoridades locales en la materia su alianza persiste. Ya unos y otros han mostrado local y nacionalmente la forma, el estilo de gobernar y el mareo que les proporciona la obtención de un poder que debería utilizarse para servir y no para servirse.

DE LOS PASILLOS

Los grupos ligados al ex presidente Felipe Calderón y al dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, intensificaron la disputa por el control de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República y sus millonarios recursos. Por un lado, 22 senadores cercanos a Ernesto Cordero, que representan 60 por ciento de la bancada, presentaron una propuesta para modificar el Estatuto del grupo, encaminada a restringir al nuevo coordinador, Jorge Luis Preciado, tanto en el manejo de los 200 millones de pesos que tienen de presupuesto como en el reparto de comisiones y en las relaciones con otras fuerzas políticas. Por su parte, el senador Javier Corral acusó a Cordero de armar “golpes legislativos” y una “rebelión” contra la institucionalidad del PAN debido a que le quitaron la administración de los más de 200 millones de pesos que le otorgaba el Senado como coordinador parlamentario. Acusó que en la gestión de Cordero como legislador hubo “desvíos” hacia los allegados al ex presidente Felipe Calderón, por lo que solicitó a la dirigencia nacional del PAN realizar una auditoría a la administración de los recursos de la bancada blanquiazul en la Cámara alta durante la gestión del ex coordinador Ernesto Cordero.

La bancada del PRI impulsa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Jalisco que instruya a la Auditoría Superior de esa entidad efectuar una revisión integral de la administración del ex gobernador Emilio González Márquez. A los legisladores priístas les llama la atención, entre otros, el caso de la detención del ex director del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Rodolfo Ocampo Velázquez, debido al presunto delito de peculado por mil 200 millones de pesos. También las donaciones a la Iglesia católica con dinero público por 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires. Asimismo, los 30 millones de pesos para la Ruta del Peregrino y un millón de pesos para un templo en Yahualica, además de la aportación de 45 millones de pesos al Teletón durante 2007 y 2008, así como otras para una televisora nacional.

El ex líder nacional del PAN y actual dirigente de la organización civil “Volver a Empezar”, Manuel Espino, amplió su denuncia penal por enriquecimiento ilícito en contra del ex director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, quien posee cuentas bancarias en Estados Unidos y Yakarta, Indonesia, en las que tiene depósitos superiores a seis millones de dólares. Espino entregó copias certificadas de algunos estados de cuenta emitidos por las instituciones financieras denominadas Ameris Bank y Mandiri Bank, en las cuales destacan depósitos de un millón de dólares en dos meses consecutivos.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.

QMX/la