Estado de los ESTADOS: Firman pacto de civilidad, ¿y…?

La firma del compromiso por la civilidad tuvo como “testigos de honor” a María Elena Morera de Causa Común; a Gerardo Gutiérrez Candiani, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); y a representantes de la Unión de Voceadores y el secretario general del sindicato de ASA, Fernando Perfecto. Los cuatro candidatos presidenciales al firmarlo, como lo señaló con precisión el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés,  se comprometieron a instar a sus correligionarios a que los comicios transcurran en un ambiente de “civilidad y tranquilidad”; expresaron su confianza en los representantes de casilla; se opusieron al uso de recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto; y rechazaron todo acto de violencia que inhiba la participación ciudadana en el proceso electoral… Y sin embargo…

Los electores en México siguen sin creer en la autonomía de los organismos electorales y en la imparcialidad del gobierno federal como consecuencia de la actuación de éstos durante los 90 días que duraron las campañas electorales. Elevan las cejas en señal de desconfianza cuando los funcionarios del calderonismo aseguran que garantizarán que la jornada electoral se lleve a cabo en condiciones de “seguridad, paz social y normalidad”, de conformidad con el convenio firmado entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación, en diciembre pasado. A José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no se le cree cuando dice que a pesar de que este año se espera una mayor cantidad de inconformidades, el organismo a su cargo está debidamente preparado para resolver cualquier conflicto, pues en esta ocasión serán tres y no dos los magistrados quienes se encarguen de calificar el proceso electoral.

¿Será porque durante el periodo de campaña electoral (del 30 de marzo al 25 de junio de 2012), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fapade) inició 555 averiguaciones previas en materia de delitos electorales y no ha pasado nada, a pesar de que el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fepade, institución responsable de la procuración de justicia penal electoral, incrementaron el despliegue de infraestructura y de personal en todo el territorio nacional, para estas elecciones concurrentes, federales y quince estatales? ¿Por qué no se cree a las autoridades electorales cuando dicen que las acciones llevadas a cabo por la Fepade garantizan una actuación pronta y expedita en materia de procuración de justicia penal electoral, bajo un esquema de coordinación y colaboración con el IFE?

Mucho tiene que ver el hecho de que se denuncian delitos electorales, presuntamente se investigan, pero no pasa nada. Un ejemplo destacable es el hecho de que el IFE detectó e investiga presuntamente 9 mil 924 tarjetas con un monto fondeado de 70 millones 815 mil 534 pesos pertenecientes a la cuenta que una persona moral de carácter mercantil contrató con Banca Monex. El PAN acusó al PRI de usar esta cuenta para pagar a sus “operadores electorales”, que presumiblemente “compran” votos para Enrique Peña Nieto. Los panistas sostienen que el dinero de esas cuentas proviene de aportaciones privadas al PRI, lo que constituye una violación a la ley. No obstante, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE determinó no congelar la cuenta, por lo que ésta sigue operando, porque, dijo, no existen elementos que comprueben que con este dinero se comprarían o compran votos. Lo único que se hizo fue que la Unidad de Fiscalización del IFE ordenó dar vista a la Fepade para que se investigue la posible comisión de un delito. Eso fue todo.

Las denuncias sobre los oscuros convenios con empresas televisivas y otras empresas dedicadas a la publicidad y propaganda, comprobados una y otra vez, y los cuantiosos recursos utilizados por candidatos presidenciales para sus traslados y logísticas, particularmente los operados por el candidato priísta, duermen el sueño de los justos y no preocupan mayormente a las autoridades electorales ocupadas únicamente en que  el mar de irregularidades antes, durante y después de los comicios del 1 de julio no despierte al México bronco, por lo que están concentradas en tratar de quitarle todos los argumentos posibles a Andrés Manuel López Obrador para que no tenga elementos visibles de inconformidad que deriven en acciones violentas o de resistencia civil en caso de que no gane la elección presidencial, a pesar de que presuma contar con la mayoría de votos.

Esas violaciones a las leyes electorales, comprobables, no preocupan los organismos electorales, a pesar de que descalifican la certeza e imparcialidad de los comicios. El propio consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, admite que “hoy, si una campaña de un diputado, senador o de un candidato presidencial rebasa el tope de campaña –como todo parece indicar ya lo hizo Enrique Peña Nieto- la sanción es para el partido político. Es una sanción económica, son multas. Pueden ser muy elevadas, pero no tiene consecuencias sobre el hecho de que si ese candidato ganó la elección, rinda protesta y ocupe la posición para la que fue postulado”, es decir, “haiga sido como haiga sido”. La pregunta entonces es: “¿en el fondo para que sirve una unidad de fiscalización en el IFE de los recursos de los partidos políticos, si se limita a imponer sanciones económicas a partidos políticos pero no afecta el resultado de la elección?

¿ELECCIÓN BLINDADA?

El IFE presume que la elección está blindada contra cualquier fraude; dice estar preparado hasta para “el peor escenario”, que según su presidente sería abrir y recontar las boletas de las más de 143 mil casillas que se instalarán en todo el país; las expresiones que sugieren que se preparan irregularidades durante el proceso comicial las califica de “un análisis muy superficial”; destaca que se tiene un padrón electoral muy actualizado, una adecuada capacitación electoral de los funcionarios de casilla, un apropiado material electoral; juntas distritales y consejos locales y distritales funcionando adecuadamente; un modelo de comunicación política cuestionable porque espotizó las campañas pero que operó; un millón de ciudadanos serán funcionarios electorales, 600 mil de ellos propietarios que estarán en casillas; dos millones de representantes de partidos políticos; un cómputo de la votación transparente, etcétera, etcétera, etcétera, y sin embargo, la desconfianza ciudadana persiste.

También para José Woldenberg, ex consejero electoral del IFE, “es imposible que exista un fraude electoral en las próximas elecciones”, pero admite que a lo largo del proceso electoral se han dado irregularices, como la coacción del voto, que deben ser subsanadas por los órganos electorales. Destaca que el problema mayor de la coacción de votos “es darnos cuenta de la profunda desigualdad y la precariedad en que se vive, al grado de que hay personas que para ellas pueda ser muy importante recibir una lámina para su techo o un kilo de arroz. Sin embargo, a pesar de la reforma electoral los ciudadanos siguen desencantados de los partidos políticos y aún persiste la percepción de un fraude electoral.

El arranque del “periodo de reflexión” con motivo de las elecciones del próximo 1 de julio, que obliga durante cuatro días a los partidos, ciudadanos, medios y gobierno a abstenerse de realizar actos de propaganda o proselitismo, fue alterado por la propia autoridad electoral que convocó a los candidatos presidenciales y a los partidos que los postulan a firmar el pacto de civilidad. El artículo 237.4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), establece que “el día de la jornada electoral y los tres días anteriores (28, 29 y 30 de junio) queda prohibida la celebración de reuniones o actos públicos de campaña”, así como su difusión por cualquier medio, incluyendo la radio y la televisión”.

Esta vigente también la prohibición en los medios de comunicación de “toda propaganda gubernamental para todos los poderes y entes públicos de cualquier nivel”. Cabe destacar que el único ámbito donde no existe regulación específica durante estos días es el de las redes sociales utilizadas sobre todo por el movimiento estudiantil “#YoSoy132” para exigir la democratización de los medios de comunicación. Los magistrados del TEPJF, Constancio Carrasco, Flavio Galván y Salvador Nava, admiten que el proselitismo en redes sociales durante el llamado periodo de reflexión o veda constituye una falta electoral de tipo administrativo que no puede ser sancionada puesto que el uso de Internet no está regulado. Por eso, “está en la consciencia de los ciudadanos” seguir la ley.

Por eso no extraña que conforme se acerca la elección presidencial se incremente el uso de cuentas falsas o paródicas en Internet y en las redes sociales para engañar a la ciudadanía, producto de estrategias de campañas de partidos y candidatos. Integrantes del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (Omcim), A. C., detectaron en la última semana de junio una intensa actividad de cuentas falsas registradas como @ife_mexico, @brozo_tv, @1ro_noticias y @milenio_noticia. Aunque es un hecho que las redes sociales no van a determinar la votación en urnas, existe el riesgo de que información falsa sea tomada como buena por los ciudadanos y por medios de comunicación que podrían retomarla.

Y como dejar de mencionar la actividad del movimiento “#YoSoy132” que organiza una marcha para este sábado que, dicen, para no violar la veda electoral, la realizarán en silencio y portando velas.  Daniel Ávila, integrante de la Comisión de Debates de ese movimiento estudiantil, asegura que no se van a corear ningún tipo de cosas anti Peña, ni por estilo. “Esta marcha es una marcha que está planteada a las 6 o 6 y media de la tarde para llegar en la noche al Zócalo totalmente en silencio con velas, es un acto como de denuncia, pero nada más, no tiene ningún tinte político porque sabemos que por la veda electoral no podemos hacer proselitismo político a favor ni en contra y tenemos que respetar la ley”.  El único objetivo de la marcha es exigir la transparencia en el proceso electoral, dijo el estudiante.

¿ELECCIONES EN PAZ?

El poco confiable y creíble tecnócrata que cobra en el despacho principal de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, asegura que la jornada del domingo próximo “no será una elección del miedo”. También presume que el calderonato tiene listo un operativo de reacción inmediata ante cualquier incidente del crimen organizado, que incluye el aumento de presencia militar y policíaca en el 8% de los municipios del país y plazas que han registrado alta violencia por el narcotráfico. Sin embargo, información entregada por integrantes del gabinete de seguridad nacional a legisladores federales advierten que la violencia del crimen organizado y la polarización política convierten algunas zonas de nueve estados del país en puntos vulnerables el próximo 1 de julio.

De acuerdo con las versiones de legisladores federales como los senadores Jorge Mendoza, Felipe González y Valentín Guzmán, así como los diputados federales Gustavo González y Rogelio Cerda, quienes participaron en una reunión con funcionarios de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública (SSP), Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), son los estados de Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, los que tienen varios puntos  de riesgo por la presencia de narcotraficantes, mientras que en entidades como Chiapas, Guerrero y Veracruz los focos rojos están encendidos por la polarización política que ha llevado a varios enfrentamientos.

Puntos vulnerables de la República existen en esas entidades por la ola de asesinatos, secuestros, levantones, el acoso a la población en general, a los promotores del voto y a los candidatos de todos los partidos, hechos de los cuales hemos dado cuenta puntual a través de estas líneas, así como la polarización política que ha llevado a varios enfrentamientos. Los legisladores federales cuentan con una relación precisa de las zonas y nombres de personas que durante estos tres meses de campaña fueron asesinados, secuestrados o levantados en esos estados, como Guerrero, Veracruz y Chiapas, principalmente. Hay dos mil 400 secciones electorales, de un total de 66 mil, que tienen “atención especial” por ser zonas con grados diversos de inseguridad.

En ese contexto, no hay que dejar de señalar que hace poco más de un mes fue asesinada una capacitadora electoral en Guerrero; que un militante panista en Chiapas fue asesinado presuntamente por el ex candidato del PRI a la alcaldía de Villaflores; que en esa misma entidad hombres armados atacaron a tiros el vehículo donde viajaba el candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza por el PVEM, Ludwing Constantino González, sin que se reportaran personas lesionadas; que desconocidos robaron apenas el pasado martes a un funcionario electoral mil 200 boletas del distrito XII de Veracruz; que a tres días de la jornada electoral, fue encontrada sin vida y con signos de tortura la alcaldesa de Tlacojalpan, Marisol Mora Cuevas, en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca; o que apenas este jueves se confirmó que el candidato del PRI a la presidencia municipal de Apaxtla, Guerrero, Marcelo Ávila Vázquez fue liberado por sus captores, a 48 horas de su secuestro.

DE LOS PASILLOS

Sólo en el plano económico hay tranquilidad. Independientemente de quien resulte ganador en las próximas elecciones, la consultora Standard & Poor´s anticipó un escenario de tranquilidad económica y financiera. Para Víctor Manuel Herrera, presidente de esa firma en México, el país ha demostrado que puede separar el manejo económico del político. También destaca que el factor principal de riesgo para la Nación proviene del exterior, de Europa, cuyos problemas ya están pegando a la economía mexicana. El ejecutivo considera que “independientemente del ruido político que pudiera haber por los comicios, los mercados y los mexicanos hemos podido separar el desempeño económico de la actividad política”  e incluso de llegar el partido de izquierda al poder no habría cambios dramáticos como en otros países.

En Acapulco, Guerrero, integrantes de organizaciones sociales marcharon este jueves para conmemorar y exigir justicia por el 17 aniversario de la matanza de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en donde 17 campesinos fueron asesinados y 23 más heridos por policías estatales… Autoridades policíacas de Jalisco reportaron tres personas asesinadas a balazos en los municipios de Puerto Vallarta y Chimaltitán…  Un policía que intentó frustrar un asalto a una camioneta repartidora de cigarros fue asesinado por los asaltantes cerca del cruce de calzada Ermita-Iztapalapa y Periférico Oriente… Un sujeto fue asesinado por dos sicarios que se trasladaban en una motocicleta en la zona oriente del municipio de Nezahualcóyotl… Un enfrentamiento en el paraje Zacamaxtle, perteneciente a la comunidad de Rancho Viejo, entre comuneros de esa población y de San Vicente Coatlán, en los limites de la Sierra Sur de Oaxaca, dejó como saldo seis decesos y ocho lesionados… Y la cuenta sigue…

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