Libros de ayer y hoy
Este evento ha servido para destapar la venda de los ojos y darnos cuenta del peligro real en el que se encuentra el país con relación a las actividades y penetración de la delincuencia organizada, vista ésta no sólo en lo que se refiere a las mafias de narcos y secuestradores, sino la instalada dentro del propio gobierno federal ya sea a través de funcionarios o de policías de distinto grado sin por ello dejar atrás a los mílites. Y, de nuevo y como en muchos sucesos ocurridos con anteriores administraciones, las hipótesis y las interrogantes crecen segundo a segundo si se trata de ser responsable porque de otra manera basta con las reproducciones oficiales y la creencia de que dicen la verdad y no hay nada detrás, lo cual es prácticamente imposible después de tener ejemplos al por mayor del grado de invención y producción televisiva en la que han caído.
Y es en ese bajo mundillo en el que se hacen todas las referencias sobre este tipo de enfrentamientos en donde se advierte que lo que en realidad sucedió en la zona de Tres Marías, rumbo a Cuernavaca en el Estado de Morelos, es el resultado de la pugna entre dos bandas y una de ellas bien puede ser la oficial, la que se encuentra en contra o de los datos que llevarían a la captura de otro de los Beltrán Leyva –habrá que recordar que la de otro de ellos se llevó a cabo también en la ciudad de la eterna primavera y que fueron también los marinos los que participaron en esa emboscada una vez que tuvieron la información que les proporcionó la DEA- o de que pudieran generarse acuerdos en los cuales los dejen fuera de la jugada y los gringos que, al revelarse que han dado todos los datos para distintas capturas, dejar ver claramente su inclinación por proteger a quien ha resultado el ganador del sexenio: Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Pero independientemente de lo policíaco está lo político y aquí sí lo diplomático y el papelón en el que quedan las autoridades que representan a México. Felipe Calderón, como no lo ha hecho en otros sucesos sangrientos que han enlutado a decenas de familias mexicanas, se mostró dócil, apenado, avergonzado, triste y “lamentó profundamente” que se diera esta agresión en contra de los agentes de la embajada norteamericana comprometiéndose a realizar una investigación con todo rigor y severidad. Seguramente que con todo el personal norteamericano que ya está interviniendo para descubrir de donde vino el “pitazo” por las acciones que pretendían ejercer, seguirán una ruta en la que, si tienen a esos agentes que dicen que estaban de civil y que luego aparecieron uniformados y prácticamente la detención fue “in fraganti”, no habría que darle tantas vueltas.
Esta lamentación la hizo el michoacano al inaugurar el foro nacional “Sumemos causas, ciudadanos más policías” a la que, obviamente, asistió Anthony Wayne, y para enviarle a todos los mexicanos un gran mensaje de tranquilidad que nos lleve a recuperar la seguridad y el sueño, dijo que no pueden permitirse estos hechos provocados ya sea por “negligencia, por falta de capacitación, por falta de confianza o por complicidad”. O sea que tenemos uniformados que adolecen de todo lo referido a los cuales además se les autorizan multimillonarios presupuestos y los mantenemos con el prurito de que están para salvaguardar el patrimonio y la integridad de los mexicanos. No hay pues mayor falsedad. Pero y por si fuera poco, Calderón le agradeció al embajador hasta con pronunciada reverencia el apoyo que EU ha brindado a México a través de la “Iniciativa Mérida”, que afirma también es para combatir al narcotráfico.
Por su parte, el embajador Wayne se limitó a señalar que la investigación sigue su curso y que ambos gobiernos se encuentran en plena colaboración para esclarecer los hechos en los que resultaron heridos dos de sus funcionarios y un capitán de la Secretaría de Marina, que presuntamente no era el conductor del vehículo baleado. Aseguró que se verán los resultados de tales indagatorias. Es aquí en donde surgen más y más interrogantes ya que es probable que los policías federales detenidos tengan información de sobra que les permita obtener su libertad o que tengan que revelar órdenes enviadas por altos jerarcas no sólo dentro de la policía sino en la política. Para los familiares que ya se han manifestado en contra de la detención y del arraigo a los elementos privados de su libertad, los quieren usar para quedar bien con Estados Unidos, con el gobierno. De una forma o de otra y como han girado las cosas en torno a Genaro García Luna, se verá caer a algunos incluso hasta a la fosa.
Y es que dentro de los más grandes absurdos están las propias declaraciones de las autoridades. No hay forma de detener la exigencia para que aclaren si, finalmente, fueron esos 12 detenidos que dicen son policías los que dispararon contra la camioneta o se trata de otra de las grandes farsas y hasta donde están las acciones no de colaboración sino de complicidad entre el Ejército y la SSP. También, sin duda alguna, debe quedar claro el papel que los presuntos agentes de la CIA o de la DEA, que no son diplomáticos propiamente dichos, desempeñaban en territorio nacional y la naturaleza de su función, particularmente en ese momento en el Estado de Morelos. En este sentido, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pidió a la administración calderonista que esclarezca al 100 por ciento lo que ocurrió en el caso del ataque de los federales a la camioneta diplomática. Destacó que hay que aclarar si hay algún tipo de convenio entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos que permita que las agencias de inteligencia del país vecino realicen operaciones en México, pues “eso es muy delicado”, dijo.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Marina, Chess Honns Garner y Stan Dove Boss –quien sabe si realmente sean estos sus nombres-, heridos el viernes pasado en el ataque de policías federales en Morelos, son agentes de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y habrían acudido como visitantes a los cursos del centro de adiestramiento conocido como El Capulín. A través de un comunicado, la Armada de México también desmintió que un capitán de esta institución les sirviera de chofer a los agentes estadounidenses el día de la agresión y precisaron que en realidad el marino era en realidad un traductor.
Este asunto es de extrema gravedad considerando que no es por los heridos sino por lo que ya se está dejando ver claramente en torno al control de EU sobre las mafias del narco y sobre la siembra, fabricación, distribución, venta y depósito del dinero en sus bancos y el daño que la protección que les brindan a los cárteles puede causar al desarrollo de un país haciendo que estos grupos fomenten altos grados de corrupción y se incrusten en el gobierno a todos los niveles. Por eso no extraña el señalamiento del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en torno a los niveles de penetración del crimen organizado en las corporaciones policíacas cuando conmina a redoblar el paso para certificar más rápidamente a los policías y definir mecanismo de depuración de sus cuerpos”. Este funcionario también lamentó que el crimen organizado haya podido crecer a costa de instituciones “débiles” lo que, destacó, ponía en riesgo la responsabilidad del Estado en funciones de seguridad. Lo que por supuesto no dijo es que fue precisamente la administración federal a la que representa la que permitió lo que ahora está acusando.
A lo anterior habrá que unir el secuestro de la directora de la cárcel zacatecana; el grave estado de salud en el que se encuentra la directora de seguridad de Ciudad Juárez y su escolta; los enfrentamientos entre delincuentes y militares que arrojó como saldo otros seis muertos en Tamaulipas; el blindaje que se ordenó a la zona sur del Estado de México; y obviamente el parte de guerra del día que sigue aumentando la cifra no sólo de muertos sino de familias destruidas, de huérfanos y presentando una alerta roja que nada tienen que ver con manifestaciones ni disturbios causados por ciudadanos inconformes, ni siquiera con lo que se registra en Nueva Jerusalén, otra cortina de humo para que las televisoras desvíen la atención de lo que es ya un asunto relevante de seguridad nacional. En eso de distraer, hasta los huevos le han entrado ¿o no?
OTRA DE BANDAS
Ahora que, si de bandas hablamos, todo apunta a que será el ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, quien habrá de imponerle a Enrique Peña Nieto la banda presidencial ya que sacaron por acuerdo la propuesta de que sea él quien asuma la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del próximo sábado. Como todo este tipo de movimientos va recargado con una buena dosis de pronósticos, resulta que tal posición la ocuparía hasta el 1 de diciembre y dicen que después solicitaría la licencia de rigor para integrarse al gabinete al tiempo que los priístas designarían a otro tricolor para el mismo desempeño durante el periodo que les corresponde. En ese futurismo está la Secretaría de Gobernación sobre la mesa.
Por cierto se verá el grado de acuerdos que se han dado en las reuniones entre Felipe Calderón y el mexiquense mismas que ya permiten que la casona de Los Pinos empiece su sexenal remodelación. Y es que si no hay quien dentro de la fracción priísta que lance alguna crítica al michoacano durante la fiesta de su último informe, y tal se lleva a cabo de manera tersa, tanto en la entrega del documento como en la presentación y mensaje posterior, es porque la impunidad está totalmente garantizada, porque no habrá sino abierta protección y será una que se extienda, incluso, a cortes y juzgados internacionales. Este será un primer paso que llevará al michoacano a la certeza de que podrá vivir en territorio mexicano y hasta poner su “negocito” como anunció.
Y como pagar es corresponder, igual escenario podría vivirse cuando le impongan la banda presidencial a Peña Nieto. La barrera protectora incluirá, por supuesto, a los panistas que con ello hablarán del gran nivel que ha alcanzado la política en nuestro país y de los avances democráticos conseguidos durante la última década. ¿Habrá quien se los crea?
DE LOS PASILLOS
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que integran la Comisión Calificadora de la elección presidencial, Constancio Carrasco, Flavio Galván y Salvador Nava, concluyeron el proyecto de sentencia del denominado “juicio madre”, con base en el cual la coalición Movimiento Progresista pide la invalidez de los comicios del primero de julio. El documento ya fue distribuido a los siete magistrados que integran el tribunal, con lo que inició la etapa de “consideraciones jurídicas”. Cabe destacar que el artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que los juicios de inconformidad relativas a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos deberán quedar resueltos “a más tardar el 31 de agosto” del año de la elección. Por su lado, Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF advirtió que la calificación de la elección presidencial se realizará dentro de la fecha límite que marca la ley, es decir, el 6 de septiembre, con lo que en los hechos se desecha la petición de la coalición Movimiento Progresista de que se alargue el tiempo de análisis de las pruebas.
Priístas y panistas se unieron contra Marcelo Ebrard: la fracción parlamentaria del blanquiazul en la Cámara de Diputados exigió que se investigue a fondo el financiamiento a “Honestidad Valiente” por empresas que recibieron contratos del Gobierno del Distrito Federal. Luis Alberto Villarreal, coordinador de los panistas en la Cámara baja, destacó que en este caso queda la sospecha y suspicacia, de sí los donantes lo hicieron en forma legítima o para responder a un beneficio. También en el Senado de la República, el coordinador panista, Ernesto Cordero, consideró “gravísimo que se utilicen recursos públicos a través de triangulaciones financieras para apoyar campañas de forma paralela a como plantea la ley electoral, y exigió al jefe de gobierno capitalino dar la cara.
Por su parte, la dirigencia nacional del PRI demandó a la Procuraduría General de la República, al Instituto Federal Electoral (IFE) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una investigación a fondo sobre la relación entre empresas beneficiadas por el Gobierno del Distrito Federal y Andrés Manuel López Obrador. El vocero priísta, Eduardo Sánchez, advirtió que “se debe llamar a cuentas” al ex candidato presidencial del Movimiento Progresista, así como a funcionarios de la administración de Marcelo Ebrard y, en su momento, “proceder con todo el peso de la ley”. Asimismo, el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, anunció que su partido presentará una ampliación de la queja electoral en contra del tabasqueño por presunto financiamiento irregular de campaña a través de las asociaciones civiles “Honestidad Valiente” y “Austeridad Republicana”.
Silvano aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de diputados para la 62 legislatura, dio a conocer que dirigentes del PAN les plantearon que Felipe Calderón acuda el próximo sábado a San Lázaro a presentar su sexto y último informe de gobierno. El perredista les contestó que no hay fundamento legal para ese acto… La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 20 años y multó con más de 180 millones de pesos a cuatro servidores públicos y suspendió a otros cuatro, todos adscritos a pronósticos para la asistencia pública, por defraudar a la institución con un sorteo de melate. Dudamos mucho que se cumplan esas sanciones… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected].
QMex/la