Estado de los ESTADOS: Seguridad al garete

Febrero 01, 2013.- La gigantesca inseguridad pública que impera a lo largo y ancho del territorio nacional, junto con la adversa y gravísima situación en torno a las reiteradas y permanentes violaciones a los derechos humanos, es un complejo problema que preocupa no sólo en México, sino en los organismos internacionales, que no tienen claro cuál será la estrategia que aplicará el gobierno de Enrique Peña Nieto para corregir la enorme irresponsabilidad de que hizo gala la administración de Felipe Calderón. En el ámbito doméstico tampoco hay claridad sobre lo que se va a hacer, lo que debe cambiarse en las tácticas seguidas por el michoacano y que resultaron en un gran fracaso. Muy chica le queda a la dimensión de esta problemática el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, anunciado ayer por el nefasto alfil de la dirigente magisterial, Roberto Campa, el cual se aplicará en tan sólo 110 municipios del país, presuntamente los de mayor incidencia delictiva.

La dimensión del problema de inseguridad en México, la define con precisión el informe anual de la organización Human Rights Watch, quien destacó ayer en Washington que “ejecuciones, desapariciones y torturas forman parte del catálogo de las numerosas violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad mexicana, que en su mayoría han quedado impunes, lo que provocó que la violencia se exacerbara en diversas regiones de México”. En el territorio nacional, agrega, “aún persisten las amenazas y agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas”, sin que el gobierno tenga la capacidad para impedirlo, por lo que la impunidad aparece de nuevo.

José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, destacó el reto que enfrentará el nuevo gobierno para llevar justicia a las víctimas y sus familiares de la guerra contra el narcotráfico “con más de 60 mil muertos y miles de desaparecidos”. Vivanco reprobó el grado de irresponsabilidad de la gestión de Felipe Calderón,  que sostuvo la tesis de que las víctimas de esta lucha fueron delincuentes y narcotraficantes, lo que dejó prácticamente en estado de indefensión a víctimas inocentes. Para poder afirmar eso, explicó, se tenía que investigar y determinar responsabilidades y quienes son los responsables, lo que no se realizó en la anterior administración federal. Esa actitud colocó a las víctimas en “condiciones gravísimas” en materia de violaciones y abusos de derechos humanos, debido a que hasta el día de hoy no han contado con un recurso judicial efectivo para investigar los hechos.

El activista resaltó también un reporte interno del gobierno mexicano según el cual la cifra de desaparecidos en los pasados seis años en México alcanzó los 25 mil. “Si esa cifra se confirma, estamos hablando de una situación de gravedad absoluta”, dijo Vivanco. En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en México, HRW sostiene que el saldo dejado por la lucha contra el narcotráfico es lamentable a partir del número de víctimas como por los abusos a manos de las fuerzas de seguridad. Aseguró que “aún persisten las amenazas y agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas”, y el gobierno no ha les ha brindado protección y tampoco ha investigado los delitos de los cuales han sido víctimas, a pesar de que se han adoptado leyes pero sin que se implementen los protocolos correspondientes. Destaca que en el mes de abril, México sancionó una ley para crear un mecanismo de protección destinado a defensores de derechos humanos y periodistas, pero aún se están diseñando los protocolos para evaluar los riesgos y asignar protección.

HRW denuncia que en México la tortura “continúa siendo una práctica generalizada que se emplea para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas”. Explica que se aplica desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en este lapso a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos. Ilustra que “las tácticas más comunes incluyen golpizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte”. Y reprueba que “uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de confesiones obtenidas mediante torturas u otros malos tratos, a pesar de la que la Constitución prohíbe admitir este tipo de declaraciones”.

Otro factor es la impunidad militar.  HRW subraya que “una de las principales causas por las que se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia”. Esto se debe en gran medida a que los casos siguen siendo investigados por el sistema de justicia militar. Y fundamenta: la Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidos por soldados contra civiles entre enero de 2007 y abril de 2012 y durante este periodo los jueces militares condenaron solamente a 38 militares por violaciones de derechos humanos. Eso se debe a que en México se delegó “mayormente al Ejército la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, por lo que en el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos”.

Human Rights Watch sustenta sus aseveraciones con datos contundentes: entre enero de 2007 y mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió informes detallados sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares. Lo grave, destaca, es que casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente y “esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país”.  Explica que la mayoría de los abusos cometidos por militares continúan siendo juzgados en el fuero militar, que carece de independencia e imparcialidad, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en agosto de 2012 la inconstitucionalidad de la aplicación de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos.

El informe anual de HRW describe perfectamente la amplia dimensión de la tarea del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública, respeto a la ley, combate a la impunidad y  las acciones gubernamentales que se tienen que realizar para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Muy pero muy chica le queda a esa tarea un programa como el anunciado por Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, no obstante en que en este participen las secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía, Educación Pública, Salud, Desarrollo Social, del Trabajo y Desarrollo Agrario, que emprenderán “acciones concretas” para disminuir la delincuencia en el país, a partir de la primera quincena de febrero.

Campa informó que se trata de un “programa sin precedente” de prevención de la violencia, que contará con casi dos mil quinientos millones de esos, monto muy por debajo de los seis mil millones de pesos que se invirtió por ejemplo tan solo en el programa “Todos somos Juárez”, impulsado en la administración de Felipe Calderón para frenar la ola de violencia en esa ciudad fronteriza. El funcionario explicó que en las regiones más inseguras se llevarán acciones focalizadas como son la generación de empleos, promoción de actividades deportivas, recuperación de espacios públicos, combate a las adicciones, mientras que a nivel nacional se aplicarán programas para disminuir la violencia familiar, escolar, además de un programa para identificar de manera oportuna los problemas de aprendizaje y conducta de los niños. Agregó que en una segunda etapa, se prevé implementar medidas concretas para los centros penitenciarios y para reincorporar a la sociedad  a quienes purgaron una condena, con el fin de evitar la reincidencia.

El avance de la administración de Enrique Peña Nieto para afrontar lo que posiblemente es el principal reto de su administración –no las mentadas reformas estructurales- es imperceptible, además de que afronta obstáculos serios. Para empezar, el nuevo gobierno ya alista cambios a la Ley General de Víctimas, misma que vetó Felipe Calderón y que el nuevo gobierno decidió publicar. Mariana Benítez, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, anunció que ya se trabaja en una propuesta para ajustar dicha ley y dijo que “en breve” será enviada al Congreso.

En el foro “Derechos de las víctimas y la nueva Ley General de Víctimas”, organizado por el Senado, la funcionaria destacó que entre los cambios a la ley se contempla acotar el catálogo de delitos por los cuales el Estado está obligado a reparar el daño; establecer claramente en la redacción que en primer lugar, la víctima tratará de cobrar la indemnización con cargo al patrimonio del sentenciado, y una vez que pase eso, entonces, en forma subsidiaria, el Estado hará la compensación; y adelgazar la estructura del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Los senadores del PAN sostuvieron que esta ley “nunca debió publicarse porque tiene muchas deficiencias y carencias”. Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, informó que al año se denuncian en promedio 2 millones de delitos de todo tipo, y la reparación del delito en la citada ley asciende hasta un millón de pesos por cada caso, con lo que “plantean un problema financiero serio”. A su vez, José Roldán Xolpa, investigador del ITAM, explicó que si los servidores públicos hacen algo mal, es obligado pagar, pero aclaró que el pago de las indemnizaciones tendrá un costo para la sociedad, pues los recursos deberán salir del aumento de impuestos.

INCIATIVAS PREFERENTES

La sobreutilización del anuncio hecho por Enrique Peña Nieto relacionado con las iniciativas preferentes y su decisión de no utilizar esa figura para presionar al Congreso con límites de tiempo para las aprobaciones solicitadas, no hace sino redondear toda una estrategia en la que, para muchos resulta inexplicable, se privilegia la reforma energética por encima de la fiscal cuando, la segunda tiene un punto de sostén importantísimo en los presupuestos nacionales. Los que de esto saben señalan que no pueden abrirse las puertas a nuevas inversiones en ese y otros terrenos si antes no se cuenta con una legislación fiscal que ponga todo en orden o, ¿se trata de fabricar posteriormente un traje a la medida de los nuevos y petrolizados inversionistas?

Le han dado una y mil vueltas a las declaraciones sobre si se fijará un Impuesto al Valor Agregado a los alimentos y las medicinas. Unos dicen sí, otros no, la oposición presenta negativas momentáneas para, posteriormente, hablar de un “cuadro básico” exento, etcétera, pero no se mencionan otros impuestos que ya son una verdadera carga para los ciudadanos, para las empresas que no cuentan con los privilegios de la cercanía con el poder. La eliminación del IETU no ha vuelto a ser tocada y si en cambio ya se revela que posiblemente habrá otro incremento al ISR. Son cuotas del IMSS, del Infonavit,  el Impuesto Sobre Nóminas, el IETU, el IVA no solo en productos sino en todos los servicios y a cambio no se reciben sino fraudes y corruptelas.

Encerrados como se encuentran en un círculo vicioso no debe ser fácil encontrar la pieza por la cual empezar. Se discute la necesidad de llegar a una verdadera transparencia en el gasto gubernamental a fin de disminuir la crítica permanente de los ciudadanos sobre el destino de sus impuestos. Sin embargo, nada se dice de los fraudes que ya han sido cometidos y de los que la propia población puede dar cuenta con tan solo señalar las formas de vida que los funcionarios tenían antes de asumir el poder y la que ostentan en el presente. Apenas había transcurrido unos días de iniciado el actual gobierno federal cuando se advirtió que la reforma fiscal tendría que llegar acompañada de la exigencia de la transparencia en la utilización de recursos, sin embargo, ni lo uno ni lo otro aparece en un primer término sino: la reforma energética.

Sabido es que la economía nacional está petrolizada y cuando se hacen tratados comerciales como los confirmados por el Ejecutivo Federal en su última gira no se obtienen los mejores presagios de los analistas ya que advierten que la industria nacional no cuenta con productos ni capacidad suficiente para la exportación y si en cambio hemos ido perdiendo mucha producción propia lo que nos hizo importadores en potencia. Desde los alimentos, ropa, calzado, cosméticos, perfumería, etcétera, han ido pasando a manos de los importadores, distribuidores, comerciantes y por ende siguen perdiéndose día a día cientos, miles de empleos.

Ver la reforma energética como la forma ideal para recobrar la actividad económica es un gravísimo error. Puede ser una puerta para redondearla pero no para sustentarla con bases que sólo refieren la cantidad de millones de dólares que dicen se invertirían y la generación de unos miles de empleos. Se suponía que de entre los planes económicos del mexiquense figuraba la recuperación de la producción y del mercado interno como pivotes de una nueva economía, por lo que ahora el marcar solamente la premura para lograr la reforma energética hace ver que seguimos siendo incapaces de producir y administrar correctamente suministros y empresas y que sola la venta de los activos, de los patrimonios, salva al gobierno, de sacar adelante… su gasto corriente.

La referencia hecha por el titular de Energía en el sentido de que si no se lleva a cabo la reforma y se realizan inversiones importantes, en el 2018 se importará la totalidad de combustibles que se consumen en el país, debe tener un fuerte sustento que, por supuesto, no contempla que se construyan las refinerías que se necesitan, que se avance en la aportación directa del gobierno federal a través de los recursos que genera Petróleos Mexicanos con sus ventas de crudo. Lo sencillo, lo facilito está en el llenado de papelería para la importación y en el cambio en las legislaciones, porque además eso es lo que genera utilidades personales por la vía del coyotaje.

Muy sospechoso resulta pues que vaya primero la reforma energética y luego la fiscal. Más aún cuando no se tienen definiciones en casos de recaudación que proliferan permanentemente en todas las cadenas comerciales, cuando no se tienen ni registro ni contabilidades de los famosos “redondeos”, cuando se permite que se recaude dinero sin que se entregue ningún comprobante. Todo esto hace que las razones no sean pocas para que los ciudadanos se nieguen a pagar más impuestos, porque los grandes negocios que han venido haciendo los funcionarios públicos lo mismo contemplan los centavos que los millones de dólares en energía eléctrica o petróleo.

Habrá que estar más que pendientes del curso de estas reformas que no se enviaron como preferentes porque anticipan graves batallas, aunque lo más seguro es que al final se hable de los “grandes acuerdos” en los que los de los partidos de oposición muestren sus cartas aprobatorias y estrenen casas o vehículos.

LA BURRA NO ERA ARISCA

Y no se trata solo de marcar lo que sucede en el presente, los antecedentes del equipo que hoy pugna por las reformas nos dice mucho de las intenciones con las que habrá que tener mucho cuidado. Tres figurones aparecen en rubros de extrema importancia en el renglón económico. Está a la cabeza don Luis Videgaray, quien, como es sabido, manejó el dinero del gobierno del Estado de México durante todo el sexenio de Peña Nieto. Esa operación ha sido trasladada, simplemente, a nivel nacional. Lo mismo sucede en el caso de Gerardo Ruiz Esparza, ya que él se encargó de la asignación de obras y el encontrarse en Comunicaciones y Transportes no revela sino la prolongación del mismo cargo.

Como también es conocido, el señor Videgaray es alumno de los preferidos de don Pedro Aspe, el amo y señor de las renegociaciones de las deudas que tienen a Estados y Municipios literalmente ahorcados y quien resultará altamente beneficiado con el cierre de operaciones de Mexicana de Aviación ,ya que sus avioncitos salían del aeropuerto de Toluca en donde era, por supuesto, cliente de los distinguidos y respaldados por el gobierno estatal.

Don Gerardo Ruíz es sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid y nunca descuidó su relación con José Andrés de Oteyza, actualmente presidente de la empresa española OHL, a quien le han sido concesionadas las grandes obras del Estado de México y que tiene en su carpeta las proyectadas para este sexenio entre las que se incluye al tren transpeninsular, aunque también se habla de su insistencia en invertir en aeropuertos. OHL consiguió el circuito exterior mexiquense, el viaducto bicentenario, el “segundo piso” de 4 caminos a Cuautitlán, todos ellos de cuota, así como el aeropuerto internacional de Toluca.

Luis Enrique Miranda Nava es de los hombres más cercanos a Peña Nieto, ha manejado incluso sus finanzas personales y era el aval político de muchos de los movimientos del gabinete mexiquense. Ahora se encuentra como subsecretario de Gobierno al lado de Osorio Chong. Pertenece al grupo de los “golden boys” del gobierno de Arturo Montiel, del que se dijo que incluso fue prestanombres. Intentó ser alcalde de Toluca y perdió. Tampoco estuvo exento de ser nombrado en la investigación de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, señalándose que era enviado directo del propio Peña Nieto para darle el giro final a la indagatoria.

Así las cosas y con las reformas encima los antecedentes de los hombres que aprueban, pero también de los que van a ejecutar, adquieren dimensiones distintas en las que el conocimiento de los antecedentes nos puede llevar a no equivocarnos demasiado en las prevenciones del futuro.

DE LOS PASILLOS

Una explosión en el edificio B2 de la Torre de Petróleos Mexicanos en la colonia Verónica Anzures, en la capital de la República, dejó un saldo de al menos 14 muertos y por lo menos 80 personas heridas. La explosión se originó por un sobrecalientamiento de un aire acondicionado, entre las 15:30 y las 15:45 horas. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó la investigación de los hechos.

Vestidos de rojo y blanco, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acompañados de otras organizaciones sindicales marcharon por calles de la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Zócalo, en rechazo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no favoreció sus demandas, al rechazar que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en patrón sustituto del SME… Sobre la resolución de la SCJN, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reiteró que eso “ya no es un tema a discusión, es un tema a acatarse”. El funcionario dijo que el gobierno federal tiene una propuesta de indemnización “muy alta, superior a la que la ley hubiera determinado”.

Enrique Peña Nieto puso en marcha el Programa Nacional Forestal en el Parque Hidalgo de la Ciudad de México, en donde sostuvo que si se aprovechan racionalmente los bosques y selvas del país se podrá generar empleo y mejores ingresos para las familias que dependen de ellos… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.

QMX/la