Estado de los ESTADOS: Tremenda Corte

Noviembre 2, 2012.- Veintinueve días y contando para que termine la pesadilla. No obstante, hasta el último minuto, la agonizante administración de Felipe Calderón insisten en mantener la fallida estrategia contra el crimen y la impunidad. Para reforzarlo, el INEGI difunde que el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) en el país durante octubre pasado aumentó 7.6 por ciento; para desmentirlo están el hallazgo de los 31 cuerpos enterrados de manera clandestina en una fosa en Acapulco, Guerrero; la ejecución del secretario del ayuntamiento de Zumpango, el panista Gustavo Adolfo Mondragón Alonso; el asesinato del  ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Raúl Antonio Rodríguez Barrera, quien fue acribillado por desconocidos en su residencia en la colonia Villa del Mar, en ese municipio; el ataque de un comando armado al presidente municipal de Luvianos, José Benítez Benítez también en el Estado de México, en donde fueron capturados 20 agentes de Chalco y Valle de Chalco por presuntamente estar involucrados con la delincuencia organizada… Y la cuenta sigue trágicamente…

La administración y procuración de justicia en el país ha sido uno de los talones de Aquiles de la gestión del todavía inquilino de Los Pinos, problema que se fue agudizando conforme pasaban los meses y años de su inútil y sangrienta guerra contra los cárteles del narcotráfico, o contra algunas de esas organizaciones criminales. El aparato burocrático federal encargado precisamente de la materia, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), poco o nada hizo para resolver el extraordinario problema que representa el imperio de la impunidad y el uso de las instituciones judiciales con fines políticos y utilizados contra adversarios ideológicos. Al final de este largo y sinuoso camino se dan dos relevos en la SCJN, los de los ministros Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz. El Senado de la República evalúa a 6 aspirantes para sustituirlos, que destacan más por sus polémicas y cuestionadas sentencias que por su eficiencia al impartir justicia. Será hasta después del puente de Día de Muertos cuando se elabore el dictamen con los nombres propuestos por la Comisión de Justicia de la Cámara alta. El plazo vence el 10 de noviembre.

Pablo Monroy, Gelacio Pérez Dayan y Andrea Zambrano fueron propuestos por el titular del Ejecutivo al Senado para suceder a Salvador Aguirre; y Manuel Baráibar, Emma Meza y Rosa María Temblador, para sustituir a Guillermo Ortiz, quienes en la semana que concluye fueron cuestionados por miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara alta para conocer sus propuestas y posturas, pero también para exhibir sus debilidades y las causas por las que no deben de formar parte del pleno del  máximo órgano de administración y procuración de justiciad el país, por las redes de complicidades que han formado con grupos políticos importantes, con las jerarquías de los partidos políticos, con la cúpula de la Iglesia católica del país, y en general con los poderes fácticos, relaciones que si bien les podría facilitar el camino hacia la SCJN, deberían de convertirse en un freno para que ello no suceda.

En este orden de ideas, debo mencionar en primer lugar a Manuel Baráibar Constantino, quien fue parte del Tribunal Colegiado que absolvió a Raúl Salinas de Gortari por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu; también formó parte de la comisión investigadora de la Corte sobre los disturbios de 2006 en Oaxaca; y por si lo anterior fuera poco,  fue quien exoneró del delito de fraude procesal por 130 millones de pesos al obispo Onésimo Cepeda. Las actuaciones de este aspirante son contundentes para que no llegue a formar parte del pleno de la SCJN, toda vez que pusieron en entredicho una y otra vez a la justicia mexicana y la exhibieron al poder judicial como un  estructura burocrática al servicio del poder en turno. Ante los senadores, Baráibar Contastino rechazó ser un “juez de consigna” y  advirtió que de ser necesario volvería a exonerar a Raúl Salinas de Gortari acusado también de enriquecimiento ilícito, insiste que no existieron pruebas suficientes para condenarlo, porque la investigación que realizó el Ministerio Público fue deficiente. Don Manuel se defendió de los cuestionamientos de los legisladores y se mantuvo en su posición de que sus decisiones hayan sido influenciadas por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Otra actuación que dejo una gran mancha sobre su expediente, fue su fallo en 2011 a favor del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, a quien exoneró de fraude procesal y cuyos detalles sobre el atraco a la señora Olga Azcárraga publicamos en este mismo espacio ampliamente y con toda oportunidad. No obstante todo lo anterior, Don Manuel sostiene que tiene la conciencia “limpia”.

El magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez es un veterano del poder judicial que cobró fama por ser quien sentenció a 12 años de prisión al narcotraficante más poderoso de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero únicamente por los delitos de cohecho y falsificación, pero no por delitos contra la salud, sin tomar en consideración su larga carrera criminal que lo ha llevado a convertirse en uno de los hombres más acaudalados del país. Cabe destacar que a “El Chapo” lo detuvieron de manera fortuita, en un accidente de tránsito donde se identificó con licencia falsa y luego intentó cohechar a los patrulleros. Monroy actualmente es magistrado de un tribunal unitario en Mérida, Yucatán. Durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a condenar nuevamente a el famoso capo sinaloense, y no sólo sostuvo que tendría la firmeza de volver a sentenciarlo sino que llamó a los jueces a que renuncien antes de permitir que el temor a represalias los obligue a emitir sentencias que no estén apegadas a la ley.

El magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayan es el favorito de la cúpula panista. Es postulado por segunda ocasión para formar parte de la SCJN. Coordina a los magistrados del Primer Circuito, el más importante del país. En el año 2002 fue el único disidente en el Tribunal Colegiado que señaló a Andrés Manuel López Obrador, principal líder opositor a la Presidencia de la República, por el caso de El Encino. Es esa su carta de presentación. Por su filiación a la ideología del PAN fue cuestionado por los senadores en torno al tema del aborto y sostuvo que éste debe ser el último reducto al que recurra la mujer en México. Subrayó que es un defensor de la vida y se manifestó a favor de la prevención. También se pronunció por mantener el fuero militar, pero con carácter restrictivo.

Dos de las tres aspirantes a magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhibieron al menos mejores propósitos en la materia que habrían de impartir en caso de ser seleccionadas para mejorar precisamente la justicia en el país. Andrea Zambrano Castañeda, quien fue secretaria de estudio y cuenta de Salvador Aguirre en la Corte, saltó directamente al cargo de magistrada sin pasar por el de juez. En su comparecencia, destacó la necesidad de revisar y perfeccionar las figuras legales de arraigo, testigo protegido y extinción de dominio, a las que no obstante consideró como novedosas para un sistema judicial como el mexicano. Subrayó que el arraigo está considerado en varios tratados internacionales como violatorio de los derechos humanos, aunque señaló que las condiciones actuales del país, hacen muy complicado investigar, procesar e incluso condenar a un sospechoso. Sobre las figuras legales de testigo protegido y extinción de dominio señaló que son un ejercicio para emparejar las leyes anglosajonas al marco jurídico de México, cuyos resultados tardarán al menos una década para ser visibles. También se pronunció por la autonomía del Ministerio Público para lograr mayor profesionalización.

Emma Meza Fonseca llegó a ser juez en 1991 y magistrada en 1996. En su trabajo destaca haber sido integrante de la comisión investigadora designada por la Corte para el caso de Lydia Cacho y Mario Marín. Durante su comparecencia ante los legisladores destacó la reforma que permitió que exista una fiscalía, dentro de la Procuraduría General de la República, para atender casos de periodistas violentados, avance plasmado en el Artículo 73 que, dice, impacta en el tema de la libertad de expresión. Esta magistrada considera contraproducente la exposición mediática de presuntos delincuentes, acción que se realizó una y otra vez durante la gestión de Felipe Calderón, toda vez que propician que la sociedad haga juicios mediáticos antes de que se analicen los casos en los juzgados o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Meza también se manifestó a favor de la restricción del fuero militar, y que los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgados por juzgados civiles cuando incurran en violaciones a leyes civiles.

Inexplicable es la postulación de Rosa María Temblador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta para ella misma. Es magistrada de un tribunal colegiado civil en Puebla. Ante los legisladores sugirió que las ternas para acceder a la SCJN se habían acordado entre titulares del Poder Ejecutivo. Informó que de su postulación se enteró por la prensa y destacó que no tiene nexos con los partidos políticos.  Consideró que “los amparos que puedan presentar personas que trabajan bajo el régimen de outsourcing, en caso de aprobarse la reforma laboral, sin duda procederían y se les daría entrada en la Suprema Corte”. En su comparecencia resaltó también que es inviable que se interpongan recursos de amparo contra reformas a la Constitución.

MONUMENTO A LA BARBARIE

Al igual que la “Estela de Luz”-monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana- se convirtió en un enorme altar a la gran corrupción que caracterizó a la administración de Felipe Calderón, el llamado “Memorial a las víctimas de la violencia”, que constará de 15 muros de acero con una laguna en medio, según el proyecto ganador de un concurso convocado por el Colegio de Arquitectos, construido junto al campo militar “Marte”, el dios de la guerra, se transformará en un negativo símbolo de la matanza provocada por la estúpida e inútil guerra de Felipe Calderón contra algunos cárteles de la droga.

Sin duda que no será un espacio de reflexión sobre la violencia para las miles de personas que la han resentido a lo largo de estos seis años. No simbolizará una catarsis contra el dolor, sino que se constituirá como una reafirmación de los factores del origen de esta gran tragedia nacional. Será un monumento a la violencia y a la estupidez de Felipe Calderón, debajo de la cual sólo queda una fosa común en la que han sido depositados los restos de más de 90 mil mexicanos, sin siquiera contar con un registro de los mismos.

Será un gran monumento a la impunidad de las policías federales, estatales, municipales y de las fuerzas armadas ante los múltiples abusos cometidos a lo largo de este sexenio. Será la última puñalada a las organizaciones civiles con las que el michoacano se comprometió a promover un proceso social que llevara a “rescatar el nombre de los muertos”. Será la última traición de un titular del Ejecutivo que no logró alcanzar la legitimidad requerida para ejercer la función de Presidente de la República. De ahí el respaldo a la propuesta del senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, para que se suspenda la construcción de dicho monumento; para que se replantee el proyecto; para que se considere la opinión de las organizaciones sociales y familiares de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado.

De ahí el apoyo para que no se inaugure con premura ese monumento para sólo cerrar un sexenio cuyo característica fundamental fue la muerte, la muerte de decenas de miles de mexicanos, cuyo censo no existe por lo que será imposible que sus nombres sean honrados en ese memorial. De ahí el respaldo para que los recursos destinados a su construcción sean depositados en un fideicomiso para que sea usado hasta que se construya con el consenso de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas.

INVESTIGACION PENDIENTE

La administración federal saliente pretende apagar el escándalo generado a raíz del asesinato del hijo de Humberto Moreira, ex gobernador y ex dirigente nacional del PRI. La tarde del jueves, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que elementos del Ejército detuvieron en Monclova, Coahuila, a Carlos Arnulfo Flores Flores, alias “El Flaco” o “El Fantasma”, quien presuntamente asesinó a José Eduardo Moreira Rodríguez. La captura del presunto líder de “Los Zetas” en Ciudad Acuña, se realizó luego de un enfrentamiento a balazos con Flores y otros tres de sus cómplices. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad sostuvo que son sólo tres las empresas que le suministran carbón mineral para abastecer carboeléctricas en Coahuila, y negó tener algún contrato comercial o contractual con algún otro proveedor.

La participación del crimen organizado en la explotación de minas en Coahuila y otras regiones del país debe ser investigada a fondo y no quedar sólo en una espectáculo mediático de la confrontación de Humberto Moreira con Felipe Calderón Hinojosa. Debe también impulsarse un amplio diagnóstico de la situación general de la minería en México y a partir de ahí realizar propuestas concretas de perfeccionamiento a la legislación minera que redunden en beneficio de las condiciones laborales de los trabajadores mineros.

Los siniestros con consecuencias fatales en donde han fallecido un gran número de mineros en los últimos años son atribuibles a la falta de condiciones de seguridad e higiene, que han ido en aumento en las administraciones federales panistas, ocupadas en proteger los intereses de compañías ligadas a su proyecto ideológico. Tan solo en Coahuila en los últimos cinco años se han registrado 124 muertes vinculadas a la extracción de carbón, de las cuales 80 han ocurrido en los llamados pocitos, por la negligencia de las empresas, como Industrial Minera México (IMMMSA) de Grupo México, y la complicidad de dirigentes sindicales y funcionarios estatales y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

DE LOS PASILLOS

En Puebla se inauguró la 28 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en donde el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sostuvo tercamente que la estrategia contra el crimen no debe frenarse y se deben aportar más recursos para disminuir los índices delincuenciales. Ni por equivocación mencionó la necesidad de revisar la estrategia seguida en los últimos seis años para evitar las terribles consecuencias que trajo para el país este ineficiente y sangriento intento de Felipe Calderón para alcanzar una legitimidad que le fue negada en las urnas.

Parte de guerra: autoridades federales confirmaron el hallazgo de  al menos 31 cuerpos enterrados de manera clandestina en una fosa en Acapulco, Guerrero, ubicada en el lugar conocido como “Piedra del Chivo”, en la parte alta del fraccionamiento Costa Azul e Icacos… Gustavo Adolfo Mondragón Alonso, secretario del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México, fue ejecutado con una puñalada al corazón, la noche del miércoles, en el exterior de una clínica de su propiedad en esa jurisdicción… Un comando armado atacó y dejo gravemente lesionado al presidente municipal electo de Luvianos, Estado de México, el perredista José Benítez Benítez. Los hechos ocurrieron en un tramo carretero de Luvianos-San Juan Acatitlán… Un total de 20 policías y cinco funcionarios de los municipios de Chalco y Valle de Chalco, Estado de México, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, como parte de una depuración en las corporaciones policíacas… Aldo Ramos de la Cruz, alias “El Mortal”, fue arrestado por policías federales quienes los identifican como encargado de la plaza de Acapulco, Guerrero, para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva… El ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Raúl Antonio Rodríguez Barrera, fue acribillado por desconocidos en su residencia en la colonia Villa del Mar, en ese municipio… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.

QMX/la