Estado está administrando caso Iguala: padres de los 43

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2018.- Al advertir que que el Gobierno federal está “administrando el caso Iguala” al no existir avances, nuevas detenciones ni persona alguna procesada por desaparición forzada, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos hace poco más de 41 meses, lamentaron haber ido hasta Bogotá sin que, señalan exista un compromiso por parte de las autoridades.

Durante la primera audiencia del segundo año de funcionamiento del Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, celebrada en Bogotá, Colombia, las y los comisionados exhortaron al Estado mexicano a que acepte el cronograma de diligencias y la declaratoria de intención de atención victimal presentada por la representación de las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos CentroProDH, al tiempo en que pidieron un minuto de silencio por Minerva Bello, quien falleció por un cáncer y sin conocer el paradero de su hijo Everardo, las familias alertaron sobre indicios que señalan que el Gobierno federal está buscando cerrar el caso por así convenir a sus intereses electorales.

Advirtieron que el Estado pretende que se suspenda la audiencia programada para mayo y señalaron que en la reunión de trabajo de la noche previa se negaron a tomar cualquier compromiso concreto, por lo cual es indispensable que siga la supervisión internacional.

Las y los comisionados recordaron que el objetivo de las medidas cautelares es dar con el paradero de los 43 estudiantes y asegurar verdad y justicia en el caso, por lo cual pidieron que se aclarase cuáles son los obstáculos que lo impiden a más de 3 años de emitido el acuerdo.

Aunque los representantes del Estado afirmaron en distintas ocasiones que hay avances en la investigación, que este año presentarán conclusiones y que tienen compromiso para resolver el caso, rechazaron las propuestas de las familias, que tienen el papel de coadyuvantes en el caso, alegando que éstas pretenden evadir controles legales y de seguridad y advirtiendo que la investigación se retrasaría.

Al respecto, los representantes de las familias demostraron que nunca han pedido nada fuera de la ley; señalaron que los incentivos para que personas detenidas puedan proporcionar información relevante se encuentran contemplados dentro del artículo 25 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y recordaron que las visitas a penales para entrevistar a probables responsables se han dado a lo largo de toda la investigación, por lo cual no se trata de una solicitud nueva ni se están pidiendo condiciones diferentes.

La representación legal de las familias advirtió que el Estado mexicano ha incumplido los compromisos adquiridos para la investigación en los plazos que él mismo se adscribió, entre ellos el esclarecimiento y fincamiento de responsabilidades a autoridades del estado de Guerrero, a elementos de la Policía Federal y de las policías locales de otros municipios. Señalaron su sorpresa porque Estado diga que la propuesta de cronograma podría retardar la resolución de temas tangenciales, cuando lleva 3 años 5 meses sin dar con el paradero de los jóvenes.

Además, aclararon a pregunta expresa de las y los comisionados a los representantes del Estado, durante el último año no ha habido nuevas detenciones ni obtención de información relevante derivada de ellos; tampoco se han fincado nuevas acusaciones desde diciembre de 2014 y tampoco hay una sola persona procesada por desaparición forzada.

Por su parte, el Gobierno de México reiteró su compromiso con la verdad y la justicia en el Caso Iguala.

A través de un comunicado, señaló que en la primera audiencia, relativa al seguimiento de las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, la representación del Gobierno reiteró frente a los familiares de las víctimas y sus representantes, su determinación de arribar a conclusiones en las investigaciones este mismo año, en el marco del deber de la presente administración de procurar la justicia, conocer la verdad, deslindar responsabilidades y dar las respuestas que legítimamente demandan las víctimas y la sociedad mexicana.

En ese marco, el Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República, compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado con las partes, y avances relevantes. Destacó que en las últimas semanas se ha allegado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante. Ello, no obstante, deberá ser corroborado, incluso en el marco del diálogo con los representantes de las víctimas.