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EU puede nombrar a cárteles como quiera, no invadirá soberanía: Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre de 2019.- Los gobiernos estatales tienen pendientes la justificación o devolución a la Federación de 46 mil 121 millones de pesos, mismo que representa 50 veces el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para este año.
En materia de combate a la impunidad se han impuesto dos mil 791 sanciones a servidores públicos entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 sanciones económicas resarcitorias por más de tres mil 596 millones de pesos, sin contar las que continúan en litigio.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseguró a los senadores integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana que con esto cada peso que se destina a la dependencia federal “no es de gasto sino de inversión”.
Al detallar el programa de auditorías en la nueva administración pública federal, la titular de la SFP abundó que en obra pública se tiene pendiente un monto de 17 mil 319 millones de pesos, más de 16 mil millones vinculados al Nuevo Aeropuerto que se construía en Texcoco.
En general con corte al mes de septiembre de este año, “estamos avanzando a marchas forzadas en la ejecución del programa anual, por ejemplo en auditorías a programas de desarrollo y operación regional que ha llegado a un 85 por ciento de avance y en el ámbito de la auditoría externa que ha llegado a cumplir casi su objetivo, 99 por ciento de avance”.
En más datos que han dado a conocer en su informe de la Función Pública, reiteró que se han castigado por negligencia administrativa, incumplimiento de declaración patrimonial, por violaciones a procedimientos de contrataciones y y por las responsabilidades que implican abuso de autoridad.
La Función Pública ha substanciado 121 procedimientos y 132 procedimientos de verificación patrimonial en nodo de la Secretaría, lo cual aseguró que implica un cumplimiento del programa de abatimiento del rezago del 90 por ciento.
Sin embargo, aclaró que estos datos no contemplan lo que se ha avanzado en los órganos internos de control, donde también se han asignado responsabilidades administrativas en cada una de las auditorías que se desarrollan.
En el caso de las contrataciones públicas, donde la Función Pública conserva intactas sus facultades de carácter normativo y fiscalizador, dijo que también se ha refrendado la cero tolerancia a la impunidad.