Estados mejor evaluados son gobernador por el PAN, destaca senadora

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo de 2022.- En el marco de la Presentación del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, de la Organización World Justice Project (WJP) ante el Senado de la República, la senadora Kenia López Rabadán destacó que las entidades federativas mejor evaluadas son gobernadas por el PAN.

“Tal es el caso de Querétaro, Yucatán, Guanajuato y Aguascalientes, que son las entidades consideradas como las mejores para vivir”, resaltó la legisladora.  

En contraparte, las más desafortunadas en materia de Estado de Derecho para vivir son Guerrero, Morelos, Quintana Roo y la Ciudad de México. 

En dichos estados, según el estudio, se detectó que no hay límites al poder gubernamental, hay más corrupción, no hay gobiernos abiertos, no se respetan los derechos humanos, hay más inseguridad y hay altos índices de impunidad, subrayó la legisladora panista.

Ante ello, la Vicecoordinadora del PAN aseveró que “es alarmante que la CDMX sea el lugar 31 de 32 en cumplimiento a la ley; el 30 en corrupción y el 29 en justicia penal”.

Por otra parte, la senadora indicó que es lamentable lo que se muestra en el Índice del Estado de Derecho en México, ya que señala que en nuestro país se han tenido más retrocesos que avances y existe un debilitamiento de los contrapesos institucionales.

“Ante la ausencia de control estatal, ha sido la sociedad civil y la prensa quienes han realizado funciones de auditoría ciudadana al poder. Por eso celebro la existencia del World Justice Proyect”, sostuvo López Rabadán, durante la presentación organizada por el senador Emilio Álvarez Icaza.

En su intervención, la legisladora comentó que “no puede haber Estado de Derecho si no hay elecciones libres y auténticas, sin embargo, en algunas entidades federativas hay coacción y compra del voto, uso de recursos públicos y de procedencia ilícita, violencia política, uso de programas sociales con fines electorales, entre otros, esto debe corregirse”.

En ese sentido, consideró que es necesario que se fortalezca la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de los mexicanos.