Consolida Quadratín presencia en 19 estados durante Cumbre en Acapulco
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de septiembre de 2024.- A menos de 25 días de terminar su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) como el único caso de corrupción en su gobierno.
Al rendir un informe sobre el estado actual del fraude millonario detectado desde 2020 por cerca de 9 mil 500 millones de pesos, el gobierno federal redujo la cifra del probable desvió a 2 mil 700 millones de pesos, que no fueron aclarados.
En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, informó que desde que se detectó el desfalco y daño al erario se trabajó con la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General de la República «para dar inicio a carpetas penales correspondientes» para que no hubiera impunidad.
Respecto a las cifras, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, explicó que, después de las auditorías, el probable daño patrimonial del caso de Segalmex, que se estimaba en 9 mil 500 mdp, se determinó que solo 2 mil 700 mdp es el monto que no fue aclarado y se ha procedido contra funcionarios públicos involucrados.
El funcionario señaló que de esa cifra de 9 mil 500 mdp, 4 mil 700 mdp, cerca del 50 por ciento del total, ya fueron aclarados con las evidencias correspondientes y se tienen 2 mil 100 mdp están en análisis en las instancias fiscalizadoras.
En su intervención, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, detalló que por el caso Segalmex, se registraron 47 personas con orden de aprehensión, 26 personas que ya están vinculadas a proceso y una más que está en Argentina y se trabaja para su extradición a México.
La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, precisó que las principales personas exservidoras públicas responsables de los hechos se encuentran en prisión. Se trata de René N, extitular de Administración y Finanzas de Segalmex; Manuel N, extitular de la Dirección Comercial de Segalmex y José N, titular del Área de Operaciones de Diconsa
Se les acusa de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos.
Por los 2 mil 700 millones de pesos comprobados como daño patrimonial, hay 156 denuncias presentadas ante la FGR, de las cuales, 47 personas fueron investigadas y por cada una de ellas se obtuvo una orden de aprehensión; 26 están vinculadas a proceso penal, destacando que nueve personas son exservidores públicos y 17 particulares. Un sujeto está detenido en Argentina, lo que deriva en un proceso de extradición a México.