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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de agosto (Quadratín México).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la posibilidad de reconocer como víctimas de derechos humanos a los familiares de personas que han perdido la vida no sólo a manos de soldados, sino también en otros delitos.
Una mayoría de ministros se pronunció por reconocer la legitimidad jurídica de los familiares en estos casos, para que puedan promover recursos legales en procesos, pues consideraron que a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como derivado de las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano está obligado a ampliar la protección garantista.
Esta discusión derivó del asesinato del indígena guerrerense Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar, en junio de 2009, donde su padre y hermano promovieron un amparo para que se les reconozca su legitimidad jurídica en el caso y para que éste no quede en manos de la justicia militar.
La ministra Olga Sánchez Cordero dijo que la reformas constitucionales en 2008 y 2011, plantean la posibilidad de dar reconocimiento a las víctimas de delito y que se les reconozca como titulares de derechos específicos, lo que también les permite impugnar y demandar la reparación del daño.
Cabe mencionar que tradicionalmente, los familiares de las víctimas sólo podían ser coadyuvantes del Ministerio Público, pero de acuerdo a las interpretaciones de los ministros, a los parientes se les puede reconocer como víctimas de hechos colaterales.
A pesar de coincidir en esta posición, otros ministros como Luis María Aguilar Morales, se pronunciaron por que solo en este caso se reconozca la legitimación jurídica a la familia de Bonfilio Rubio, y que después se analice a fondo el planteamiento de la mayoría.
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