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CIUDAD DE MÉXICO, 3 de enero 2018.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que derivado del trabajo realizado por los fiscales del Ministerio Público de esa institución, en las primeras horas de este miércoles se obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Paula «N» por el delito de peculado.
Paula González Cetina, fue directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo durante la gestión de Roberto Borge, fue vinculada a proceso por el delito de peculado, ante el presunto desvío de mil 56 millones de pesos en su administración.
A través de un comunicado, la FGE detalló que después de un debate entre los fiscales y los abogados defensores de la imputada, en una audiencia que inició a las 12:00 horas del 2 de enero y concluyó a la 01:30 de este miércoles, el Juez de Control vinculó a proceso a Paula «N», ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por el delito de peculado.
El fiscal del Ministerio Público solicitó al Juez que presidió la audiencia imponer la medida de prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada por lo que fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso) dónde permanecerá el tiempo que dure su proceso.
Por otra parte, este martes había informado que derivado de tres procedimientos penales del fuero común, integrados al expediente, el ex gobernador Roberto Borge recluido en Panamá, será procesado y enjuiciado por delitos cometidos en agravio de la administración pública de la entidad.
Puntualizó que la integración de los tres procedimientos del orden penal en contra de Roberto Borge, se tiene contabilizado un quebranto patrimonial en contra de Quintana Roo equivalente a 3 mil millones 104 mil pesos.
La portavoz de la cancillería de Panamá, Mónica de León, informó antes de finalizar el año 2017, que este 4 de enero llegarán autoridades judiciales en un avión para llevarse a Borge, con lo cual se completará el proceso de extradición.
“El ex mandatario estatal Roberto N será procesado y enjuiciado por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública del estado de Quintana Roo. Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de esta representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al ex funcionario estatal, esto, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004”, refiere el comunicado.
De acuerdo a los antecedentes, el pasado 4 de junio del 2017, el imputado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá, cuando pretendía viajar a Europa, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del orden federal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, que tanto la Cancillería mexicana como la PRG enviaran mediante el procedimiento de extradición.
“Derivado del delito del fuero federal, el ex funcionario estatal tiene vigente la suspensión del mandamiento judicial. Cabe destacar, que esta FGE mediante los recursos legales que establece la Ley de Amparo, logró que se fijara la cantidad de 85 millones de pesos para garantizar los efectos de la suspensión en el juicio de amparo que interpuso la defensa. No obstante se interpuso un nuevo recurso, con la finalidad de incrementar la garantía en relación al daño causado a la administración Pública Estatal, recurso que actualmente se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Cabe resaltar que la garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra hasta el día de hoy (miércoles 3 de enero de 2018) no ha sido cubierta, por lo cual puede ser puesto a disposición de los Jueces del Estado, una vez que sea trasladado a México”, detalla el escrito..
“Mediante la correcta integración de los tres procedimientos del orden penal en contra del ex servidor público en mención, se contabilizó un quebranto patrimonial hacia el Estado de tres mil millones ciento cuatro mil ochocientos veintitrés doscientos setenta y nueve pesos en moneda nacional”, precisa el boletín emitido por Comunicación Social de la FGE.
#Chetumal FGE obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva justificada por peculado. pic.twitter.com/f3t6lWuSXd
— Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) January 3, 2018