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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2016.- La diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), propuso modificar la Ley General de Educación para establecer la obligatoriedad de realizar un examen psicológico a maestros, directivos y al personal administrativo, tanto de escuelas públicas como privadas, a fin de conocer si son aptos para tener interlocución con los menores.
La propuesta de la legisladora también pretende generar la certeza de que dichas personas son idóneas y tienen el perfil adecuado para estar con los alumnos, y así procurar que los casos de abuso físico y sexual no tengan cabida en las aulas de nuestro país, salvaguardando en todo momento los derechos de las niñas y niños.
Al presentar su iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora de Guerrero sostuvo que la reforma tiene por objetivo garantizar el bienestar de la infancia de México, tema que debe ser visto como una prioridad, por lo que no deberían de existir excesos al tomar las previsiones necesarias para que los menores de edad siempre se encuentren en un ambiente en el que estén protegidos.
“Los menores pasan gran parte de su infancia en las aulas y por ello no basta que se tenga una educación de calidad, sino que además de lo anterior –que sin duda es un punto medular en la enseñanza– también necesitan que las personas con las que convivan sean gente de calidad y psicológicamente analizadas, tanto directivos como maestros, inclusive el personal administrativo”, detalló la legisladora.
Flores Sonduk recordó que lamentablemente ha habido casos de abuso sexual infantil en instalaciones de educación, circunstancia que vulnera los derechos más elementales de los infantes y los marca emocionalmente por el resto de sus vidas.
En mayo pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) –mediante declaraciones de algunas autoridades– señaló que no se cuenta con protocolos adecuados para actuar en caso de que se presente acoso sexual en las escuelas; sin embargo, dijo que se establecería una línea telefónica y un buzón escolar para las escuelas de la Ciudad de México y para las de las entidades federativas, y que además se establecería diálogo con las autoridades educativas locales a fin de instruir algún mecanismo para evitar el acoso sexual. Hasta la fecha, no ha habido avances sustanciales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2000 y 2013 recibió mil 997 quejas relacionadas con violencia sexual dentro de las escuelas; es decir, 153 quejas, en promedio, por año.
“Lamentablemente, el interés de las autoridades en tomar decisiones sobre este asunto se deriva del acontecimiento en uno de los kínderes en donde se abusó sexualmente de menores de edad, lo que muestra –sin duda alguna– la debilidad del sistema educativo, pues no se están tomando las previsiones necesarias para que estos actos atroces no sucedan. Debemos prevenirlos, no lamentarlos”, subrayó la legisladora del sol azteca.