Examinan trato y condiciones en Centros Federales de Readaptación Social

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de diciembre de 2016.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), durante septiembre y octubre de 2016, efectuó visitas a los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Se añadió en un comunicado que las vistas fueron para examinar el trato y las condiciones de detención, desde el ingreso y durante el tiempo que permanecen las personas privadas de la libertad, dando como resultado de estas acciones, la emisión del informe 9/2016 del MNPT, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracciones VIII y XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y 61 de su Reglamento Interno, así como 19 y 20 del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El Mecanismo Nacional visitó los ocho Ceferesos varoniles; el Complejo Penitenciario Islas Marías; y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en donde se verificó el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad relacionados con el trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal, así como de quienes presentan discapacidad física o psicosocial, o algún tipo de adicción.

Así, se utilizaron las Guías de Supervisión a Lugares de Detención e Internamiento diseñadas por el MNPT, las cuales se conforman por un conjunto de procedimientos estructurados para evaluar las condiciones de reclusión que imperan en esos lugares, incluyendo entrevistas con los servidores públicos que se encontraban a cargo al momento de las visitas, personal médico, jurídico y de seguridad. Asimismo, se aplicaron cuestionarios y entrevistas anónimas a las personas privadas de su libertad al momento de las visitas.

Además, como parte de la supervisión, se llevó a cabo la revisión de expedientes y formatos de registro, así como recorridos generales por las instalaciones con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones en que se encontraban.

Se detectaron diversas situaciones de riesgo como las relativas al derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurídica; a la protección de la salud; y a la integridad personal, entre otros.

Al respecto, se corroboró que existen deficientes condiciones de las instalaciones y de alimentación; escasas actividades para alcanzar la reinserción social; inconveniente comunicación con personas del exterior; incorrecta imposición de sanciones disciplinarias a los internos; e inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad.

Además de escaso personal médico, prestación del servicio, equipo y abasto de medicamentos; práctica de exámenes médicos a los detenidos sin condiciones de privacidad; insuficiente personal de seguridad y custodia, así como falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; inexistentes accesos para personas con discapacidad física; y falta de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención y contra las adicciones.

Destacó que las observaciones desarrolladas para cada una de las situaciones detectadas durante las visitas y señaladas en el Informe, fueron sustentadas en la normatividad nacional, así como en los instrumentos internacionales de carácter vinculatorio y declarativo que les son aplicables.