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@guerrerochipres
Toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género y voluntad de encontrar la verdad y hacer justicia, de lo contrario difícilmente se podrá erradicar la impunidad en los feminicidios.
Lamentablemente hay ejemplos de indagatorias mal enfocadas, por omisión o comisión, como es el reciente caso del feminicidio de Ariadna, que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, desestimó y catalogó como una muerte por broncoaspiración.
O el caso de Debanhi, una joven de 18 años quien en abril apareció muerta en una cisterna en Nuevo León, en el que realizaron tres necropsias con resultados diferentes, desde decir que su deceso fue por un golpe en la cabeza y ahogamiento — que descartaba el feminicidio y apuntaba a un accidente— hasta la asfixia por sofocación (estrangulamiento).
También está el de Yolanda, ocurrido en agosto en la misma entidad, donde las autoridades primero afirmaron que se trataba de un suicidio para después, tras una segunda autopsia, reclasificar el delito como feminicidio.
Historias que dan cuenta de cómo un informe realizado de forma incorrecta puede bloquear la posibilidad de castigo para los responsables.
El 25 de marzo de 2015 se realizó en México el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a un feminicidio. Fue la lucha incansable de los padres de Mariana Lima Buendía, y la instrucción de cumplir con el principio de exhaustividad, lo que permitió que se atrapara al asesino de esta mujer y en su sentencia quedara asentada la obligatoriedad de juzgar e investigar con perspectiva de género.
Visión que el gobierno de la Ciudad de México ha implementado y que, con apoyo de la tecnología a su alcance, ha llevado a casos como el de Lidia Gabriela, una joven que optó por saltar de un taxi en movimiento por temor a ser secuestrada y quien murió el pasado 1 de noviembre. El seguimiento con las cámaras del C5 permitió a la Policía asegurar el vehículo en el que viajaba la joven de 23 años.
El impulso de las capacidades de investigación, llevado a cabo por la Jefa de Gobierno de la capital nacional, Claudia Sheinbaum, también se reflejó en la investigación por la muerte de Ariadna, y en señalar al fiscal Carmona de encubrimiento.
Estos dos últimos casos son muestra de acciones contundentes que ayudaron a dar claridad y que, replicadas en este y otros delitos, pueden acortar la brecha entre impunidad y acceso a la justicia.
En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX promovemos la denuncia como una herramienta para erradicar conductas que reflejan una violencia estructural, y acompañamos a las víctimas con asesoría jurídica y psicológica, 24/7, gratis, a través de la Línea Mujer y Familia o el Chat de Confianza 55 5533 5533.
Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México