Exhorta Pool a emitir alerta migratoria por Borge

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre de 2016.- En conferencia de prensa, la legisladora perredista Ivanova Pool Pech, enunció cada irregularidad y malos manejos del ex gobernador Roberto Borge Angulo, que en su momento dieron a conocer periodistas y funcionarios.

Dijo que cuando Borge llegó al gobierno de Quintana Roo, recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos, la cual elevó 123 por ciento, al entregarla en 22 mil 442 millones de pesos. Recordó que el pasado 29 de septiembre, la legislatura local dio a conocer que Roberto Borge hacía gastos millonarios en trasporte aéreo particular, por medio de VIP SAESA, al rentar tres aeronaves para su administración con un monto superior a los 48 millones 581 mil dólares.

“A través de una investigación hecha por Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se documentaron casos que prueban cómo Borge despojó terrenos y hoteles en Tulum, embargó condominios en Cancún y se apoderó de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos”, comentó.

Ivanova Pool también informó que la Fiscalía General de Quintana Roo, con base en la denuncia FGE/QR/SOL/09/3943/2016, presentada por el gobernador Carlos Joaquín Coldwell, inició la semana pasada el trámite de notificación al Sistema de Administración Tributaria y a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), para investigar a la compañía Barcos Caribe, señalada como una de las firmas creadas por Borge a través de prestanombres, donde figuran como socios César Celso Hermosillo Melgarejo y Franco González Padrón, padre de Juan Carlos González Hernández, ex secretario de Turismo del ex gobernador de Quintana Roo.

Además, añadió que el pasado 8 de octubre del presente año, en un encuentro con delegaciones de maestros en la entidad, le informaron del posible desvío de 600 millones de pesos de Borge Angulo contra del magisterio, así como de otros 200 millones de pesos, con los que se afectó a servidores públicos, debido a que no les fueron cubiertas sus quincenas y prestaciones.

Recientemente, la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, señaló como responsables de la venta irregular de terrenos del estado de Quintana Roo a la entonces directora general del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, y al propio Borge, con precios de venta muy por debajo del valor real, casi de uno por ciento.

Las ventas, en muchos casos, se realizaron a gente cercana, familiares y amigos de Roberto Borge, y tratándose de aproximadamente a 9 mil 500 hectáreas, equivalente a más de seis veces la zona hotelera de Cancún.

Ante estos hechos, la legisladora perredista explicó que presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que se dé cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción y, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración, emita desde este momento la alerta migratoria para evitar que evada la justicia Roberto Borge Angulo, así como los ex funcionarios de primer nivel que junto con él, están involucrados en las investigaciones para deslindar responsabilidades de orden penal por el desvío de recursos públicos.

También exhortó a la Auditoría Superior de la Federación, para que se auditen las cuentas públicas correspondientes a la gestión del gobierno de Quintana Roo, 2011-2016, con el objeto de que se compruebe en su totalidad, el uso adecuado de recursos públicos, así como los gastos realizados por el exgobernador y los servidores públicos de primer nivel que formaban parte de su administración, a fin de contar con la información que se pueda ejercer la acción legal correspondiente.

“El gobierno federal tiene la obligación de coadyuvar en la instrumentación de mecanismos y recursos jurídicos armónicos, en materia de transparencia y rendición de cuentas. Los quintanarroenses tienen derecho a saber dónde quedaron los recursos públicos destinados”, concluyó.