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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre de 2018.- El Pleno del Senado de la República aprobó un exhorto al Ejecutivo Federal y a la Procuraduría General de la República (PGR) a cumplir de manera inmediata con la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, que ordenó reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora extraordinaria.
En sesión ordinaria de este martes, a propuesta de Blanca Estela Piña Gudiño, de Morena, la Cámara de Senadores se pronunció a favor de continuar con las investigaciones hasta dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
A través de un punto de acuerdo promovido por la legisladora por el estado de Michoacán, se pronunció por la identificación y castigo de los autores intelectuales y materiales, y de los servidores públicos que por acción u omisión permitieron el asesinato de civiles y la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Dicha comisión investigadora extraordinaria estaría conformada por los familiares de los normalistas, así como de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio público.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito resolvió en mayo del año en curso los amparos 203/2017 al 206/2017, en cuya sentencia se ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa, derivado de la gravedad de las irregularidades detectadas, además de resolver las alegaciones de tortura de las personas imputadas.
Este Tribunal también mandató la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) con controles externos, a saber, la representación de las familias y la CNDH, con la asistencia de organismos internacionales.
Diversas instancias federales interpusieron recursos en contra de la creación de la comisión investigadora. Sin embargo, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia, consideró fundado un incidente de imposibilidad jurídica promovido por la PGR.