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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio (Quadratín México).- Luego del escándalo que se presentó con el banco HSBC, diputados del PRI urgieron al Senado de la República para que avale la Ley contra el Lavado de Dinero aprobada por la cámara de Diputados el pasado 30 de abril, por lo que demandaron la realización de un período extraordinario.
El presidente de la Comisión de Justicia, Víctor Humberto, consideró que la aprobación de esta ley deberá ser prioridad para la LXII Legislatura, dados los acontecimientos recientes de operaciones con transacciones de procedencia turbia y el aumento de las utilidades de la delincuencia organizada, cuyo monto supera al de cualquier otro tipo de ilícitos en el país.
“Solamente por robo de identidad, en el último año, se defraudaron 9 mil millones de dólares, y en robo de identidad tenemos bandas de delincuencia organizada, lo que deriva en lavado de dinero”, afirmó.
El diputado explicó que fue necesario hacer modificaciones al dictamen, dadas las peticiones hechas por productores, comerciantes, notarios y corredores públicos, quienes se verían perjudicados por las restricciones en el manejo de dinero en efectivo y transferencia de propiedades.
“Las reservas eran necesarias, porque, si no, no hubiéramos llegado a un consenso. El resultado será una ley necesaria, mejorada en sus términos en el Senado de la República”, concluyó.
Por su parte, el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, se pronunció por la realización de un periodo extraordinario para que el Senado de la República apruebe el dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Es urgente tener esa herramienta jurídica y que el Senado ratifique las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, con lo que se podrán dar mejores resultados en la investigación de lavado de dinero en el banco HSBC.
“Tenemos la acusación contra el banco HSBC e incluso la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que existen más casos actualmente en investigación. Informes de especialistas son alarmantes al revelar que sólo se castiga el 25 por ciento de los casos, porque se trata de un problema de marco jurídico”, agregó.
Norberto Sánchez aseveró que el combate a la delincuencia organizada requiere del nuevo marco jurídico que se especifica en la ley contra el lavado de dinero, en la cual se podrá apoyar el próximo gobierno.
“Con este ordenamiento jurídico, el reto del nuevo gobierno será corregir el rumbo y privilegiar la investigación sobre la reacción en la forma en que se atacan a las peligrosas bandas de delincuentes”, manifestó.
Recordó, asimismo, que la ley fortalecerá la estrategia anticrimen mediante la creación de una Unidad Especializada en Análisis Financiero, oficina adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).
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