CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero de 2019.- Expertos, investigadores y académicos coincidieron en cuestionar la viabilidad y efectividad de una Guardia Nacional para combatir la inseguridad que vive México y cuestionaron su origen militar que pondría en riesgo el respeto de los Derechos Humanos, así como la institucionalidad civil y democrática del país, por lo que demandaron que, de crearse, tenga un mando civil.

Durante el tercer día de trabajos en el marco de las Audiencias Públicas para analizar el tema de la Guardia Nacional que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, los invitados expresaron su total desacuerdo ante la creación de esta figura de seguridad, señalando que existen graves fallas en el contenido del dictamen.

Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la propuesta para crear una Guardia Nacional implica la constitucionalización de la militarización del país, y que está plasmado en lo que sería un nuevo párrafo del artículo 21 de la Constitución, el cual dice:

“La Guardia Nacional forma parte de la Administración Pública Federal a través de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional en lo que respecta a la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación”.

Reclamó que, lo que se intentó con la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional, ahora se pretende imponer con una reforma a la Norma Suprema; por lo que hizo un llamado a la congruencia de los hoy legisladores, que en su momento, recordó, se opusieron a la aprobación de aquella legislación.

“La intervención de las fuerzas militares, como se ha dicho, en tareas de seguridad en los estados constitucionales, debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, y fiscalizada por órganos también de naturaleza civil; eso es lo que dice la teoría constitucional moderna.

“Hoy, la apuesta debe ser por el fortalecimiento de las policías civiles, por la utilización de la Constitución vigente, por ejemplo, de su artículo 29 y usar a los cuerpos castrenses cuando sea inevitable y, al mismo tiempo, por el paulatino regreso de nuestras fuerzas armadas a las funciones constitucionales que les corresponden”, sostuvo.

María Elena Morena presidenta de la organización civil, Causa en Común, consideró que la propuesta de militarizar la seguridad pública tiene repercusiones en el sistema político, por lo que es necesario, dijo, que se promueva la prevalencia del poder civil sobre el militar.

“Me parece grave que en lugar de aceptar que se está militarizando, se nos quiera engañar que significa exactamente lo contrario; es ofensivo que esta militarización legal, presupuestal y operativa, ahora se venda como un proyecto de desmilitarización”, aseveró.

El coordinador del Programa de Política de Drogas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, fue enérgico y duro crítico de la figura de Guardia Nacional, pues manifestó que el dictamen por el que se crea ésta, socava el régimen constitucional y el federalismo.

Reiteró enérgicamente que la Guardia no funcionará para traer seguridad, pues la evidencia es que la militarización exacerba la violencia, “está visto que ante mayores delitos, más se justifica la reducción de los derechos humanos, y los datos indican que la tasa de homicidios se disparó, luego de la llamada guerra contra el narco”, apuntó.

Indicó que en el contenido del dictamen debe quedar claro que la Guardia será civil, así como el régimen transitorio para la utilización del Ejército y su retiro de las calles; asimismo, robustecer las facultades de fiscalización y solicitud de información a la Guardia por parte del Senado, pues aseguró que cómo está ahora, es solo una simulación.

Julio Ríos, investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, refirió que si se va a recurrir a las fuerzas armadas para desempeñar tareas de seguridad pública, debe cumplir con firmes requisitos como: que sea estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles; acotada temporal y materialmente; tener un plan de salida explícito y detallado que incluya la vuelta a la normalidad democrática, es decir, el control de la seguridad pública por parte de policías y no de fuerzas castrenses.

Alejandro Hope, consultor y especialista en temas de seguridad nacional, propuso a los legisladores votar en contra de este dictamen, derrotar el proyecto y regresar a la mesa de diseño, pues,, dijo, éste se aleja de los modelos que invocan como inspiración y exige procesos administrativos sumamente complejos.

Y Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, comentó que aprobar la Guardia Nacional sin una ponderación de riesgos en el uso de la fuerza a partir de la evidencia disponible, implicaría una terrible irresponsabilidad.

“El presidente de la República, de manera muy afortunada, habla de construir un servicio policial que en efecto proteja a la gente pero, de manera muy desafortunada, opta por la vía que no sirve para eso, la militar. El dictamen a discusión no debe ser aprobado”, puntualizó.