Extorsión, delito que desangra en silencio y que Estado promete enfrentar

Con una reforma constitucional y una estrategia nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pone sobre la mesa el único delito de alto impacto que sigue creciendo. Pero sin justicia efectiva, la medida corre el riesgo de quedarse en promesa

Alberto Carbot

Por primera vez en lo que va del nuevo sexenio, el Gobierno federal se decide a mirar de frente uno de los delitos más extendidos, invisibles y crueles de México: la extorsión. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de reforma constitucional para crear la Ley General contra la Extorsión.

El objetivo es ambicioso: dotar al Estado mexicano de una legislación homogénea que permita perseguir el delito de oficio, sin depender de la denuncia individual, y romper con el mosaico desigual y a menudo ineficaz de códigos penales estatales.

Se trata de una reforma de fondo: modifica el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución, que faculta al Congreso a legislar sobre delitos federales. Así como ya se ha legislado sobre trata, secuestro o desaparición forzada, ahora se busca que la extorsión tenga un marco nacional único.

La dimensión política de la medida es clara: se reconoce, desde el poder central, que este delito no sólo no ha disminuido, sino que ha crecido sostenidamente. Según cifras oficiales, la extorsión aumentó 27,7 por ciento en registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En contraste con delitos de alto impacto como el homicidio doloso o el secuestro —que muestran tendencias marginales a la baja—, la extorsión se ha convertido en un flagelo transversal. Afecta por igual a comerciantes, transportistas, profesionistas, burócratas, que a familias comunes.

Pero más allá de las cifras, hay una urgencia moral. La extorsión no es una molestia menor ni una variante del delito patrimonial: es una amenaza directa contra la vida, la seguridad mental y la integridad de millones de personas.

No hay mexicano que no conozca a alguien que haya sido extorsionado. Las llamadas con amenazas, los cobros de piso, los mensajes intimidantes, las hojas impresas dejadas bajo la puerta o las exigencias de cuotas en efectivo son parte de la vida diaria en miles de barrios y colonias.

En muchos casos, las víctimas son personas mayores, atrapadas por el miedo. Reciben una llamada que les advierte que su hijo tuvo un accidente o que su nieto está secuestrado. Presas del pánico, corren a transferir sus ahorros. No verifican. No denuncian. Sólo sufren en silencio.

Otros optan por ignorar la amenaza, romper la carta, bloquear el número. Pero no todos tienen esa posibilidad. En distintas regiones del país, los criminales cumplen sus amenazas: incendian locales, vandalizan comercios o incluso asesinan a quienes se resisten.

La extorsión ha dejado de ser sólo una actividad de los grandes cárteles. Ahora es también el negocio de células vecinales, bandas locales y redes que operan desde penales. El crimen organizado se ha descentralizado, y con ello, la extorsión se ha vuelto más difícil de rastrear.

Ocho entidades concentran el 66 por ciento de las denuncias: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Pero el subregistro es brutal. Por cada caso denunciado, hay cientos que nunca llegan al Ministerio Público.

De hecho, el Inegi ha documentado que menos del 0,2 por ciento de las víctimas presenta una denuncia formal. La razón es simple: miedo, desconfianza institucional y la certeza de que hacerlo no servirá de nada, o incluso puede empeorar la situación.

En respuesta, el gobierno federal presentó una Estrategia Nacional contra la Extorsión articulada en seis ejes: línea de denuncia anónima, persecución de oficio, intervención de unidades especializadas, cancelación inmediata de líneas telefónicas, apoyo integral a víctimas y la propia reforma constitucional.

Denunciar sin temor a represalias

La nueva línea 089 —ya en operación—, permite denunciar de forma anónima. Se espera que eso incentive a las víctimas a hablar sin temor a represalias, aunque aún falta que los operadores de justicia estén capacitados para actuar con rapidez y proteger identidades.

Uno de los pilares centrales es que el Estado asuma la investigación de oficio, sin necesidad de que la víctima ratifique o acuda a declarar. Esto permitiría romper el ciclo de intimidación que muchas veces paraliza a quien sufre la extorsión.

La presidenta Sheinbaum instruyó que las unidades antisecuestro estatales asuman de inmediato los casos de extorsión, con el respaldo de la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia.

En el ámbito penitenciario, se ejecutarán operativos sorpresa en penales federales y estatales. Aún hoy, muchos reclusos extorsionan con teléfonos celulares desde la celda, amparados por redes de corrupción que les permiten acceso a tecnología, contactos y protección.

El plan contempla además la cancelación inmediata de líneas telefónicas ligadas a la extorsión, ya sea por llamadas o envío de mensajes. Las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a cooperar, mediante orden judicial.

También se impulsará una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para detectar patrones delictivos y establecer alertas tempranas. El gobierno asegura que se respetarán los derechos constitucionales, aunque algunas organizaciones han expresado preocupación por el posible uso discrecional de datos.

Sin embargo, como ocurre con tantas reformas en México, el éxito no estará en la letra de la ley, sino en su ejecución. Porque sin policías capacitados, sin jueces comprometidos, sin fiscales independientes, todo podría quedar en el discurso.

El desafío es enorme, ya que se tiene que reconstruir la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia que durante años ha sido negligente, inoperante o cómplice. No se puede pedir a la víctima que denuncie si el sistema no le garantiza protección.

En este contexto, resulta vital que el gobierno no se limite a operar en los márgenes del delito. La extorsión tiene redes económicas, financieras, logísticas y sociales. Perseguir a quien hace la llamada es sólo una parte: hay que desmontar las estructuras que la sostienen.

También será necesario proteger a los sectores más vulnerables: adultos mayores, mujeres solas, comerciantes informales, transportistas, migrantes. Muchos de ellos ni siquiera entienden que han sido extorsionados hasta que ya es demasiado tarde.

Se requieren campañas de prevención, materiales accesibles, atención psicológica y jurídica gratuita, y una red real de apoyo institucional. No basta con tener una línea 089. Hace falta un sistema que acompañe desde el primer momento hasta la sentencia.

La impunidad en este delito es escandalosa. Si no hay detenciones, procesos penales sólidos y sentencias firmes, cualquier estrategia será vista como un acto de propaganda. La ciudadanía no necesita promesas, necesita resultados.

La presidenta ha dado un paso político audaz. Reconocer que la extorsión es un cáncer que atraviesa al país es ya un cambio de tono frente al negacionismo de otras épocas. Pero el siguiente paso será demostrar que el Estado puede ganarle esta batalla al miedo.

Porque si se quiere atraer inversión, garantizar gobernabilidad y recuperar la paz pública, hay que empezar por proteger a quienes viven del trabajo honesto. Taxistas, tianguistas, locatarios, mecánicos, estilistas y pequeños comerciantes no pueden seguir pagando para sobrevivir.

México no puede seguir aceptando como “normal” que extorsionar sea una industria. El control del miedo ha reemplazado en muchas zonas al control del Estado. Es hora de revertir esa ecuación.

Ya no basta con colgar el teléfono, ni con cambiar de número, ni con mirar hacia otro lado o recurrir a la política del avestruz. La extorsión no es un delito menor ni una broma pesada: es una forma brutal de violencia cotidiana.

La ley está en camino. Ahora toca al Estado, a Claudia Sheinbaum y a su gabinete de seguridad demostrar que puede proteger, castigar y reconstruir la confianza. Porque la justicia no debe comenzar con una llamada, sino con respuestas contundentes, como las que a pesar de los escollos internos y externos está dando Omar García Harfuch.