Extorsión provoca pérdidas por mil 104 mdp; diputados analizan penas

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de diciembre de 2017.-  La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, analiza una  iniciativa que reforma los artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar de cinco a ocho años de prisión, así como de 300 a 500 días de multa a quienes cometan el delito de extorsión.

De acuerdo a la iniciativa, se establece que este delito se comete lo comete quien mediante amenazas de causar un daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma de extorsión, “obligue a otro a dar alguna cantidad de dinero para evitar un perjuicio, con que se coacciona un provecho indebido para sí o para otra persona”.

Al respecto, el diputado del PRI, Ricardo Taja sostuvo que este delito ocupa el segundo lugar entre los primeros 10 con mayor incidencia, pues tan sólo en el 2016  se cometieron 31.1 millones de estas acciones, que generaron una pérdida económica estimada en mil 104 millones de pesos.

Asimismo indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ilícito tiene una ocurrencia de ocho mil 945 casos por cada 100 mil habitantes.

La ENVIPE también refiere que el 95.6 por ciento de las extorsiones se realizó por vía telefónica, lo que vincula, dijo, a la delincuencia organizada en muchos de los casos a los centros penitenciarios.

“Los datos consignados por el propio Inegi señalan que el 4.4 por ciento de estas extorsiones fueron pagadas; por ello, no deja de ser una forma bastante redituable de obtener recursos económicos de manera ilegal”, aseveró.

Ante el incremento en dicha conducta delictiva, Taja Ramírez, consideró necesario reformar los ordenamientos que se encargan de tipificar el ilícito, adecuándolo a las actuales circunstancias.

El legislador refirió que de ser aprobada su propuesta, se logrará inhibir la extorsión en cualquiera de sus modalidades, pues se impulsa que la autoridad judicial cuente con mayores elementos de juicio al momento de establecer la sanción.