Falla Gobierno federal en prevenir y castigar desapariciones: encuesta

PACHUCA, Hgo., 4 de septiembre de 2017.- El gobierno mexicano es ineficiente al momento de prevenir, erradicar, actuar y sancionar los casos de desapariciones forzadas que se han vivido en el país, manifestaron en su mayoría personas entrevistadas en la más reciente encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Bajo el nombre Desapariciones Forzadas, ciudadanos cuestionados sobre este ilícito manifestaron su desaprobación en los esfuerzos que hacen las autoridades federales en el combate de este delito, pues el 72 por ciento consideró que en el país no se están tomando las medidas suficientes para combatirlo.

En cuanto a la labor de sensibilizar a la seguridad pública en este tema, la opinión de los encuestados no es nada favorable, pues el 58 por ciento señaló que es de mala a muy mala.

Casi a la par, el 63 por ciento señala que no hay acciones para castigar a quienes cometieron y quienes ayudaron a realizar una desaparición forzada, mientras que el 57 por ciento reprochó que los protocolos de búsqueda en este tipo de situaciones es ineficiente.

En cuanto al señalar a qué actor tiene mayor responsabilidad en este delito, la mayoría destacó que tanto los traficantes de personas, narcotraficantes, delincuentes, autoridades gubernamentales, ejército, marina y policía tienen algo de responsabilidad.

Por último, en la pregunta de cuál es la posibilidad de que una persona desaparecida aparezca viva, el 37 por ciento expuso que es poca la expectativa mientras que el 33 por ciento manifestó que es nula.

ONU llama a garantizar justicia para víctimas y evitar impunidad

Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos instó a todos los Estados a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas, afirmando que no hay excusa válida para no adherirse a este instrumento.

Los expertos lamentaron que la desaparición forzada se siga practicando en todas las regiones y que incluso esté aumentando en muchos países.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de ese flagelo -que se celebra cada 30 de agosto-, los especialistas emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron como “inadmisible” que ese atropello continúe vigente.

“Todos los días recibimos nuevos casos de personas en todo el mundo que han sido sujetas a una desaparición forzada. Cuando esto sucede, la vida de familias enteras se rompe en pedazos, y la estructura de la sociedad se daña. Esto tiene que acabar, y con la ratificación de la Convención, los Estados pueden empezar el camino para alcanzar este objetivo”, enfatizaron.

Ese instrumento proporciona a los Estados la base para un marco legal sólido en las áreas de prevención, castigo, reparación y no repetición de las desapariciones forzadas, así como una herramienta para proteger a las personas desaparecidas y a sus familiares.

Los expertos aseveraron que la ratificación de la Convención acerca a los Estados a poner fin a tan terrible crimen, a garantizar justicia para las víctimas y a luchar contra la impunidad.

La Convención también establece las obligaciones de los Estados de retener a las personas privadas de libertad en lugares de detención oficiales, de revelar su paradero y de proporcionar con rapidez información precisa sobre la detención a sus familiares, sus representantes legales y otras personas con un interés legítimo.

Los expertos de la ONU también expresaron su preocupación por las intimidaciones, amenazas y represalias que reciben los activistas de derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas y llamaron a los gobiernos a permitirles desempeñar su labor.

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