Falta investigación a nexos de candidatos con criminales: Insight Crime

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio de 2017.- Las elecciones del 4 de junio en México indican debilidad en investigación sobre nexos de candidatos con el crimen organizado, advirtió la fundación InSight Crime.

En un análisis sobre el reciente proceso electoral asegura que México ha demostrado una vez más que su sistema político es incapaz de dejar por fuera a candidatos con pasados cuestionables que puedan inhabilitarlos.

InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza para la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe: el crimen organizado.

De acuerdo a este Centro de Investigación del Crimen Organizado las elecciones no fueron las primeras en que candidatos con nexos preocupantes con la corrupción y organizaciones criminales tienen éxito político en México.

InSight Crime refiere que Rubén Moreira ganó la gobernación de Coahuila en 2011 pese a la evidencia contundente de que Humberto Moreira —su hermano, predecesor y principal patrocinador— había hecho tratos con el grupo criminal de los Zetas y permitido que los miembros de su gabinete malversaran decenas de millones de pesos de las arcas del estado.

Ejemplos como el anterior, apunta que alimentan una desconfianza generalizada en el sistema político en toda la población mexicana.

“Esto es evidente en las encuestas de opinión pública, según una encuesta reciente de la firma Buendía y Laredo, que mide la confianza pública en diferentes instituciones”, señala.

Dicha encuesta reveló que los partidos políticos quedaron en último lugar, cuando 84 por ciento de los encuestados manifestaron tener poca o ninguna confianza en ellos. Las tasas de abstencionismo electoral en México  —más del 50 por ciento en muchas elecciones— también reflejan la desconexión entre las necesidades de los votantes y lo que ofrecen los partidos políticos.

InSight Crime señala: “la falla está menos en los votantes que en la clase política, cuyos líderes se han mostrado incapaces de imponer una norma que impida la candidatura a altas dignidades a quienes hayan tenido asociaciones previas con escándalos de ese tipo. Este vacío en esencia permite cierto grado de asociación entre políticos y elementos criminales, lo que erosiona aún más la credibilidad del sistema político.”

Peor aún, añade que las falsas acusaciones de asociación criminal se han convertido en táctica estándar de las campañas políticas. “En las campañas de 2016, en Tamaulipas circularon fotografías adulteradas de un grupo armado que supuestamente operaba en nombre del candidato ganador a la gobernación Francisco García Cabeza de Vaca.”

Los originales eran fotografías de grupos de vigilantes de Michoacán con quienes no tenía relación, explica.

En la misma campaña, el eventual ganador de la campaña por la gobernación de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, fue acusado de nexos con el narcotráfico después de que se lo fotografiara al lado del líder de un grupo hotelero.

El estudio refiere que la misma persona había aparecido en fotografías al lado de una amplia gama de líderes mexicanos, entre ellos el presidente Peña Nieto, y nunca se verificaron las denuncias contra Joaquín por delitos relacionados a drogas.

Además, la frecuencia de las denuncias infundadas afecta la credibilidad de tales acusaciones, tanto fundadas como infundadas, y reduce la capacidad de diferenciar entre los políticos honestos y sus contrapartes corruptas, incluso para los ciudadanos bien informados.

Dicho de otro modo, la fundación dedicada al estudio del crimen organizado como la principal amenaza para la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe, indica que si todos los políticos son corruptos, entonces hay poco que inhabilite de manera excepcional a figuras evidentemente corruptas, como Humberto Moreira.

Para InSight Crime esta infortunada dinámica, que da pocas muestras de mejoría, deja el sistema político de México sin la autoridad moral necesaria para liderar la lucha contra el crimen organizado.

De igual manera conlleva a que la sociedad civil sospeche de los motivos de los funcionarios electos en todos los niveles, lo que por ende complica la cooperación, parte vital para el éxito de cualquier estrategia de seguridad pública.