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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio de 2017.- Existe falta de transparencia en la decisión para dar de baja los créditos fiscales, toda vez que no existen los mecanismos que permitan verificar si las cancelaciones cumplen con las disposiciones legales y normativas que las justifiquen y mucho menos para corroborar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya agotado los recursos de que dispone para recuperarlos, así lo denunció la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Dolores Padierna Luna.
Durante la votación a favor del dictamen, con punto de acuerdo, que demanda un informe al SAT sobre los criterios con los cuales autorizó las cancelaciones fiscales a diversos contribuyentes, la senadora perredista recordó que, de acuerdo con un estudio de FUNDAR, a los 15 grandes contribuyentes que se les condonaron créditos fiscales el último año ya se le habían condonado créditos en años anteriores. Por ejemplo, en 2007 y en 2013, con lo que se dejaron de recaudar 46 mil millones de pesos. En este sentido, «la situación y manejo de los créditos fiscales es un tema que no ha sido suficientemente atendido y explicado por las autoridades fiscales», advirtió.
La senadora Padierna Luna refirió que, de acuerdo con datos del Sistema de Administración Tributaria, durante los primeros cuatro años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se dieron de alta 996 mil 456 millones de pesos de créditos fiscales y se dieron de baja un millón169 mil 554 pesos. Sólo el 12.6% de los créditos dados de baja fueron por cobranza y el 87.4% por otras causas, lo que se refiere principalmente a condonaciones.
En este sentido, recordó que en el Código Fiscal de la Federación, se establecen las causas por las cuales la autoridad fiscal puede cancelar créditos fiscales, aparte de su recuperación. Por ejemplo, incosteabilidad de cobro, insolvencia de los contribuyentes, contribuyentes no localizados, prescripción o por la no procedencia determinada por la autoridad judicial.
«La Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría de los créditos fiscales dados de baja en 2015, de la que concluyó que, en términos generales, el SAT cumplió con las disposiciones legales y normativas para dar de baja los créditos fiscales. Es importante señalar que la Auditoria llegó a esta conclusión a partir de la revisión de una muestra del 11% de los créditos dados de baja, por lo que esta conclusión no necesariamente es aplicable a la totalidad de los créditos cancelados» sentenció.
Padierna Luna insistió en la enorme concentración de los créditos fiscales. Tan sólo en 2016, por ejemplo, a sólo 15 personas morales se les canceló un monto superior a los 15 mil millones de pesos, lo cual quiere decir que 0.26% de los contribuyentes que recibieron un beneficio en este periodo acumularon el 31% del total de las cancelaciones.” Por lo que finalizó señalando que «la gran conclusión es que las decisiones para dar de baja los créditos o cancelarlos, no son transparentes, son muy discrecionales, ya que no existen mecanismos para verificar si las cancelaciones cumplen o no con las disposiciones de la ley».