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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre de 2016.- La senadora Iris Vianey Mendoza del GPPRD, a nombre propio y de varios legisladores de diversos grupos parlamentarios, así como de ONG´s; presentaron hace unos días, una Iniciativa compuesta de un amplio paquete que reforma 23 ordenamientos para generar la legislación que tutele integralmente los derechos de las víctimas en nuestro país.
De acuerdo con un comunicado, la primera y más importante Miscelánea en Materia de Derechos Humanos que se presenta en la historia del Congreso de la Unión; la iniciativa es autónoma a las que se están discutiendo en comisiones.
Ahora en el marco del segundo aniversario de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes Normalistas de Ayotzinapa; podemos exigir que esta iniciativa se tome con seriedad, independientemente a la reforma que se está dictaminando en comisiones del senado; estamos en tiempo de que se incluyan estos 23 ordenamientos que proponemos junto con algunos compañeros y con los integrantes de las Organizaciones que nos han acompañado en la elaboración de esta iniciativa.
Dentro de lo que se propone en esta iniciativa es, que Los Desaparecidos, no sean declarados así, sino que se cree la figura civil para reconocer la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición a través de la declaración especial de Ausencia, con el fin de ejercer los derechos patrimoniales y familiares de persona ausente y así salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
En esta miscelánea se propone proteger los derechos a la salud y a la seguridad social de quienes mueren o son reportados como personas desaparecidas; también se exige recuperar condiciones dignas de vida y puedan las y los hijos de las víctimas mantener su actividad escolar, o si son desplazados por la violencia en sus zonas de origen, puedan contar con programas de vivienda y tener acceso a oportunidades de desarrollo económico y social.
Se plantea ampliar con representantes de colectivos de víctimas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como lograr que el registro administrativo de detenciones sea un instrumento generado en tiempo real; se propone reformar Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con el objetivo de aliviar la carga crediticia que significa para los familiares la muerte dolosa o la privación ilegal de la libertad de la persona que titulaba un crédito.