FGJ pedirá prisión preventiva contra ebrio que arrolló a Gerardo Cardoso

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de octubre de 2020.- Luego de que una juez decidió dejar libre al imputado por el atropellamiento y muerte del joven Gerardo Cardoso el pasado 17 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció este domingo que es inaceptable su liberación, por lo que solicitará al Poder Judicial, se dicte prisión preventiva justificada.

Lo anterior, una vez que se acreditó, mediante certificado médico y dictámenes periciales, que el imputado de referencia, conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, además de que no acreditó un domicilio fijo y por ende, puede considerarse en riesgo de abstraerse de la acción de justicia. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que siempre estará con las víctimas, por lo que su titular, Ernestina Godoy Ramos, ordenó dar vista a la Unidad de Asuntos Internos de la FGJCDMX, a efecto de que revise minuciosamente la actuación ministerial y determine las responsabilidades legales que correspondan.

El motociclista Gerardo Cardoso de 25 años, fue embestido en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán. 

De igual manera, la fiscal general ordenó el cambio del agente judicializador de la carpeta de investigación iniciada el pasado 17 de octubre en la Coordinación Territorial Coyoacán 2, con la finalidad de que la investigación complementaria se desarrolle de manera transparente y en apego a la demanda de las víctimas indirectas. 

Asimismo, la FGJ se mantendrá en acompañamiento permanente con la familia de la víctima y su asesor jurídico, por lo que este lunes llevará a cabo una reunión en la que ofrecerá todo el apoyo jurídico que se requiera, en apego a su prioridad de atender a las víctimas con un enfoque diferencial y especializado. 

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.