FGJ tiene pruebas para imputar por colapso de L12 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre de 2021.- La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, informó que con base en el dictamen pericial, el Ministerio Público realizó un análisis técnico-jurídico detallado para identificar quienes son las personas imputables por las causas del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro y por consecuencia, imputables por los homicidios, lesiones y daños que provocaron con sus acciones u omisiones.

“Esta Fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso, no se presentaran; así, la Fiscalía solicitará, en unas horas, audiencias ante el Poder Judicial, para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas.

“A partir de ello, el juez notificará y citará a los probables responsables, personas físicas y morales, para dar inicio a su proceso penal”, explicó la fiscal, en mensaje a medios y al presentar el Informe de Resultados sobre la Investigación del Colapso en la Línea 12 del Metro.

Añadió que está Fiscalía ha impulsado que el caso penal en contra de personas morales sea canalizado por la vía de un acuerdo reparatorio, bajo la premisa de que la Justicia Alternativa puede ofrecer mejores opciones para acelerar la reparación integral de las víctimas.

Subrayó que los acuerdos reparatorios, establecidos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, son un mecanismo incorporado a nuestro sistema de justicia que busca privilegiar los intereses de las víctimas en el proceso y encontrar soluciones que impliquen la reparación eficaz y oportuna de los daños causados sin necesidad de desahogar un largo proceso judicial.

“Estos acuerdos se celebran entre víctimas e imputados con aprobación del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial y del Juez de Control en la investigación complementaria, y sólo si sus términos se cumplen a cabalidad, tienen como efecto la extinción de la acción penal.

“Es un mecanismo que favorece que las víctimas directas e indirectas sean reconocidas, que se reparen las afectaciones sufridas y que se les brinde apoyo y servicios diversos para recuperar su proyecto de vida”, detalló.