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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto de 2024.- En seguimiento al intento para detener el pasado 14 de agosto, al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en la colonia Roma, el encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, aseguró que su par de dicha entidad no está dentro del programa de colaboración entre fiscalías.
A través de un mensaje la noche de este lunes, Lara López aseguró que la diligencia ocurrida en contra del exmandatario “era totalmente ilegal”, por lo que este martes presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes resulten responsables, luego de una notificación que impediría a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua tener facultades para detener en la capital del país.
«Hemos sido notificados por la Fiscalía General de la República, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no forma parte del convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012.
El documento recibido por esta Fiscalía General de Justicia, también refiere que a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca, convenidos por las instituciones que lo celebraron».
Todo lo anterior, indicó Ulises Lara, con fundamento en lo que los artículos 121 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los artículos 1, 4 y 9 de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, en vigor desde el 27 de diciembre de 2020, los cuales establecen que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es un órgano constitucional autónomo especializado.
Asimismo, de conformidad con los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no forma parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
“De dichos fundamentos jurídicos, jurídicos y no políticos, se desprende entonces que la ejecución de dicha diligencia de cumplimiento de orden de aprehensión era totalmente ilegal”.
El encargado de Despacho de la Fiscalía, sostuvo en su mensaje que la Fiscalía General de Justicia inició una investigación en la que participan la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y he determinado dar vista a la Fiscalía General de la República para lo que conforme a derecho proceda.
“En este sentido, el día de mañana, por conducto del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, presentaremos una denuncia ante la FGR en contra de quien o quienes resulten responsables, de esta violación flagrante a la Ley.
Es fundamental señalar que esta Fiscalía General de Justicia, por conducto de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, solicitó a la Fiscalía General de la República, la información referida para conocer de manera formal si la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua contaba con facultades para solicitar la colaboración.
En este mismo tenor, también menciono a ustedes otros datos que resultan de alta relevancia para el conocimiento de la opinión pública”, señaló.
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Pese a que la solicitud de colaboración fue presentada por personal de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua la noche del pasado 14 de agosto, derivado de las investigaciones que ha realizado la FGJCDMX, se tuvo conocimiento que agentes de esa institución ya realizaban, de manera irregular, labores de inteligencia e investigación en territorio de la Ciudad de México desde el lunes 12 de agosto, es decir, dos días antes de que fueran ingresadas formalmente sus solicitudes.
Mencionó que la propia solicitud requiere que se autorice el ingreso de personal estatal en el período de siete días hábiles a partir de la presentación de la colaboración, es decir, a partir del día 14 de agosto, para practicar diligencias de investigación tendientes a la localización de la persona requerida para ejecutar la orden de aprehensión.
“Sin embargo, lo anterior se traduce en que, a todas luces, las diligencias practicadas por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua se realizaron al margen de la Ley, es decir, de manera irregular y violentando el debido proceso.
No sólo se pretendió ejecutar un mandamiento judicial sin tener autorización ni jurisdicción, sino que se le dio seguimiento a la persona requerida sin contar con una autorización oficial para hacerlo. Prueba de ello es que ya se le tenía localizada a la persona, desde antes de que fuera presentada la solicitud de colaboración.
Acusó la posibilidad de que todos los actos de investigación practicados por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua fueron orquestados y planeados dolosamente con fines políticos y no jurídicos.
“Llama poderosamente la atención que dichos actos de investigación, hayan sido difundidos extrañamente un día antes de la entrega de la constancia de la Presidenta Electa, lo que incide de una manera clara la intención de generar inestabilidad política.
Tan es así, que los videos grabados en el lugar de los hechos fueron filtrados específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias, junto con el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia con el que se intentó engañar a la opinión pública, haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba la diligencia”, sostuvo.